El gobierno socialista español aprobó ayer un decreto para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo donde reposa, una decisión que suscita una fuerte crispación política en una España que no acaba de resolver su trabajo de memoria histórica.
Para llevar a cabo la medida, a la que se opone con firmeza la familia del dictador, el gobierno de Pedro Sánchez optó por un decreto ley.
El decreto deberá ser aprobado más adelante por la cámara baja del Parlamento, donde los socialistas, claramente minoritarios, esperan alcanzar la mayoría con el apoyo de Podemos (izquierda) y los nacionalistas vascos y catalanes.
El objetivo es poner fin a “una anomalía democrática”, es decir, a “un mausoleo de culto a un dictador”, como afirmó ayer el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil.
El socialismo español se apoya en una proposición aprobada en el Parlamento en mayo de 2017, cuando gobernaba el conservador Partido Popular, y que instaba a llevar a cabo la exhumación.
Mausoleo imponente
Desde el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte, el general Franco, quien se impuso en la Guerra Civil española (1936- 1939), reposa en el Valle de los Caídos.
Se trata de un impresionante complejo a unos 50 kilómetros de Madrid, consistente en una basílica enclavada en una montaña y rematada con una pesada cruz de 150 metros de altura.
El militar gallego, que dirigió de facto el país entre 1939 y 1975, está enterrado en el altar de la basílica bajo una losa cubierta siempre de flores frescas, al igual que el fundador del partido fascista Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Junto a ellos yacen allí los restos de unos 27.000 combatientes franquistas y de unos 10.000 opositores republicanos, motivo por el cual el dictador presentó el Valle como un lugar de “reconciliación”.
Sin embargo, sus detractores lo ven como un insulto a las víctimas de la represión franquista, ya que los cadáveres de los republicanos, sacados de cementerios y fosas comunes, fueron llevados allí sin el consentimiento de sus familias. Y además, el conjunto monumental fue construido por unos 20.000 presos políticos, entre 1940 y 1959.
La derecha, en contra
Pedro Sánchez defendió la iniciativa días después de llegar al poder, afirmando que un lugar como el Valle de los Caídos sería inimaginable en países como Alemania o Italia.
La solución lógica sería que los restos vayan a la cripta que la familia Franco tiene en el cementerio de El Pardo, en las afueras de Madrid.
En cuanto al propio Valle de los Caídos, los socialistas dijeron que quieren convertirlo en un verdadero lugar de reconciliación y memoria, sin dar muchos detalles sobre cómo se proponen reciclar un conjunto monumental de marcado carácter católico e ideado por el propio Franco.
Pero en un país donde la memoria sobre la guerra y la dictadura sigue siendo un asunto envenenado, todos estos proyectos se topan con la oposición de la familia del dictador, de la Fundación Francisco Franco, que reivindica su memoria, y sobre todo con la del PP, que insiste en la necesidad de no reabrir “viejas heridas”.
Los conservadores hicieron ya saber que recurrirán la exhumación ante el Tribunal Constitucional, alegando que les parece abusivo echar mano de un decreto de ley tratándose de un tema que “no es urgente”.
A los socialistas “les interesa más abrir las trincheras cerradas y las cicatrices ya cicatrizadas de nuestro peor pasado, en vez de fijarnos en nuestro mejor presente”, dijo el anteayer Pablo Casado, líder del PP.
La exhumación del dictador, que el gobierno socialista quería inicialmente acometer en julio, se ha convertido en uno de los grandes temas de la actualidad española, y el morbo hizo que aumente el número de visitas al Valle de los Caídos.
Según cifras de Patrimonio Nacional, el organismo público que lo gestiona junto con una abadía benedictina, el Valle recibió 38.269 visitas en julio, por encima de los 23.135 registrados en junio.
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