¿Qué se hace con los celulares viejos? ¿Con las computadoras, que cada vez más rápido se vuelven obsoletas? ¿O con los distintos aparatos constituidos a partir de circuitos electrónicos y eléctricos? De acuerdo con el principio físico de Antoine Lavoisier utilizado en la termodinámica, la energía y la materia no se crean ni se destruyen, sólo se transforman, por lo que el reciclado debería ser el destino de dicha tecnología. En este sentido, desde hace más de dos semanas un proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –conocidos bajo la sigla Raee– fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y apunta a integrar a toda la población –productores, importadores y consumidores– a la problemática concerniente al ambiente y la salud. La iniciativa, que parte de la legisladora Alicia Ciciliani, comenzará a ser tratada por las comisiones pertinentes en las próximas semanas. En Rosario, unas 80 empresas se verían afectadas por la nueva legislación, que las obligaría a pagar una tasa ambiental, además de responsabilizarse de las distintas etapas de la producción y distribución, lo que implica trabajar con materiales que se adecuen al reciclado.
¿Puede garantizarse la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población a través de la reducción de la cantidad de los Raee que se generan? La respuesta parece estar en el proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos: “Se busca minimizar los riesgos potenciales de los Raee en todas las etapas de su gestión además de promover el desarrollo, la utilización y transferencia de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo económico-social sustentable”, describe la iniciativa.
En pos de la reducción de la contaminación y peligros para la salud que involucra el tratamiento de sustancias como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres, la normativa apunta no sólo a concienciar a consumidores, productores y recicladores sobre las consecuencias de la manipulación y del descarte irresponsable de los mencionados productos, sino también intervenir en forma directa sobre las instancias de producción. A su vez, el proyecto legislativo alcanza también a la importación de aparatos producidos por otros países, aunque especifica que los repuestos fabricados de productos creados antes de la implementación de la normativa no sufrirán modificaciones.
En diálogo con El Ciudadano, la diputada del Frente Progresista Alicia Ciciliani sostuvo que “el proyecto se enmarca en una visión proclive a generar nuevos empleos a la vez que se mira el mundo económico con responsabilidad ambiental”. De acuerdo con la legisladora, se debe profesionalizar la recuperación de Raee, temática caracterizada por la irresponsabilidad de recicladores, productores y consumidores. “Generalmente uno tiene una CPU vieja, la regala o se la entrega a alguien para que la recicle. Pero no sabemos qué ocurre después: hay pautas internacionales para tratar estos residuos, y nosotros no estamos preparados”, subrayó la diputada.
Autoridad de Raee
Para adecuar a la población –productores, importadores, consumidores– al tratamiento responsable del Raee, el proyecto de ley explica que se constituirá una autoridad de aplicación a nivel nacional con distintos representantes regionales por jurisdicción integrados en un Sistema de Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos. “En Santa Fe, es una tarea que bien puede llevar adelante la Secretaría de Medio Ambiente provincial”, opinó la legisladora. Además, la iniciativa prevé que la Subsecretaría de Pequeñas y Medianas Industrias y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial deberían desarrollar un programa de asistencia técnica a empresas recicladoras –o empresas de tratamiento y disposición final– y también a pymes productoras de aparatos eléctricos y electrónicos en pos de incentivar diseños que tengan en cuenta la preservación del medio ambiente y la minimización de la generación de residuos nocivos o dañinos a la salud humana.
“La idea es que se agregue al principio de responsabilidad del productor una extensión focalizada en este tipo de residuos. Estamos generando un nivel preocupante de Raee dado el vertiginoso cambio tecnológico, por ello surgió el proyecto de ley”, explicó Ciciliani.
Además, la norma crearía un registro de productores e importadores para un amplio abanico de productos con componentes eléctricos y electrónicos. “El productor y el importador se deben hacer cargo de todas las etapas –producción, asistencia al cliente y disposición final– a partir de la idea de producción responsable. No se puede generar este nivel de consumo sin saber qué hacen”, marcó la legisladora socialista.
A su vez, tanto productores como importadores deberán abonar una tasa ambiental establecida por la Autoridad de Aplicación –que no será superior al uno por ciento de la ganancia presunta promedio de la actividad– destinada al financiamiento de la gestión integral de los Raee. Sin embargo, estarán escindidas de dicho pago las empresas que implementen sistemas de canje de productos en proporción directa al porcentaje de recuperación de los productos que han puesto en el mercado.
Las empresas productoras e importadoras tendrán, siempre según el proyecto de ley, que identificar los productos incluidos en la norma en el mercado acompañados por un signo que los señale como tales; también desechar sus propios residuos electrónicos y eléctricos a través de los mecanismos establecidos por cada jurisdicción.
Por último, estarán obligados a proporcionar la información sobre las características de los productos a las plantas de reciclaje para facilitar desmontaje, reciclado, valorización y disposición final.
Según los datos aportados por la Secretaría de Producción y Desarrollo de la Municipalidad, unas 80 empresas locales se dedican a la fabricación de electrodomésticos de línea blanca, y deberán adecuarse a la normativa. Entre las empresas de este tipo de productos se encuentran fábricas de ventiladores, batidoras, pulidoras, planchas, calefactores, heladeras, lavarropas, maquinaria de oficina, entre otras.
De acuerdo con el proyecto de ley, se impulsará un sistema de información dirigido a la población para hacer públicas las medidas que se implementen en relación con los Raee, el cual deberá difundir distintos contenidos, por los efectos potencialmente dañinos sobre el medio ambiente y la salud humana de las sustancias peligrosas presentes en los aparatos; la obligación de no eliminarlos junto con los residuos urbanos, entre otros.
A su vez, los sistemas de gestión de Raee en cada jurisdicción deberán contemplar la existencia de servicios de recolección domiciliaria diferenciada, centros de recepción permanente o campañas periódicas de recolección. Por último, la iniciativa incluye la promoción de situaciones pedagógicas conformes a la figura del consumidor en materia de diseño ambiental de dichos productos, más el significado del signo que acompaña cada uno de estos productos.
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