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La hora del Esteban

Alvarado en la mira de nuevo expediente por blanqueo de 10 millones: detuvieron a su ex

Gendarmería detuvo a Rosa Capuano –ya condenada en la Justicia provincial por asociación ilícita–, ahora acusada de haber hecho maniobras con empresas y prestanombres para darle apariencia lícita al dinero que –sostiene la Justicia– proviene del narcotráfico


Esteban Alvarado enfrenta un pedido de pena a prisión perpetua.

La ex esposa del presunto capo mafia Esteban Alvarado fue indagada este martes por un juez federal por el delito de lavado de activos a través de sociedades comerciales y compra-venta de bienes que asciende a más de 10 millones de pesos, indicaron fuentes judiciales.

Rosa Capuano tiene 34 años y es la madre de los dos hijos de Esteban. Fue detenida por personal de la Gendarmería Nacional en una causa iniciada por una denuncia de hace siete años que presentó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Capuano fue indagada este martes por la mañana por el juez federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quien la semana pasada fue denunciado por fiscales de la Justicia ordinaria ante el Consejo de la Magistratura, por presunta dilación de una investigación contra Alvarado. Fue a pedido del fiscal federal Javier Arzubi Calvo y la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), cuyo titular es Diego Iglesias.

Capuano fue condenada el año pasado en un juicio abreviado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el mismo delito pero en la Justicia santafesina, que le impuso a la vez el pago de una multa por $51 millones, equivalente al doble de lo lavado.

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El lavado de activos es el proceso por el cual bienes de origen ilícito se ponen en circulación en el  sistema económico legal con apariencia haber sido obtenidos en forma ilícita y y procurando ocultar su procedencia.

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Alvarado enfrenta en estos días dos juicios en forma paralela, luego de haber cumplido entre 2013 y 2018 una condena por robo de autos en la provincia de Buenos Aires.

En la Justicia provincial, Alvarado está siendo juzgado como supuesto líder de una asociación ilícita, el homicidio de Lucio Maldonado, balaceras a edificios judiciales y al domicilio de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco hechos de lavado de activos, por lo que los fiscales del juicio pidieron una condena a cadena perpetua.

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En el fuero federal, en tanto, está sometido a un juicio oral como presunto organizador del transporte de 493 kilos de marihuana desde Rosario a la Patagonia, que fueron secuestrados el 24 de noviembre de 20174 en un camión de su propiedad.

La causa por la que fue indagada Capuano, quien seguirá detenida, y por la que deberá prestar declaración Alvarado cuando terminen los juicios que atraviesa, se inició como desprendimiento de una investigación de 2013, dijeron fuentes judiciales.

Según el pedido de indagatoria, durante la pesquisa “se pudo determinar que los principales involucrados en la trama de operaciones resultaban ser Luis Medina –fallecido en diciembre de 2013– y Esteban Alvarado”.

Medina fue un empresario narco asesinado junto a su novia Justina Pérez Castelli, y según varios testimonios brindados en el juicio por asociación ilícita a Alvarado, fue él quien lo habría mandado a matar luego de que su entonces esposa Capuano recibiera amenazas por una deuda.

Para la Procelac, la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) y el fiscal federal N° 1 de Rosario, Javier Arzubi Calvo, Alvarado y un grupo de personas allegadas habría lavado al menos de 10,3 millones de pesos entre 2012 y 2019, que tuvieron como ilícito precedente el tráfico de drogas en distintos barrios de Rosario.

“Las personas investigadas se valieron de actos simulados, de operaciones coordinadas a partir de la interrelación entre los investigados, y del despliegue de diferentes maniobras tendientes a dificultar el control estatal”, señala el dictamen fiscal.

“Específicamente –agrega-, las operaciones de puesta en circulación habrían consistido en operaciones de adquisición, administración y venta de bienes muebles e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios investigados, de terceras personas, o de sociedades comerciales, poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de, por lo menos, pesos $10.367.000”.

Puntualmente, en el caso de Capuano, el fiscal le atribuyó haber comprado –y en algunos casos vendido– a lo largo de esos años dos camionetas Toyota Hilux; una Ford EcoSport; una VW Saveiro; un Ford Cargo; un camión Scania y un semirremolque registrado por la sociedad Logística Santino SRL (nombre de uno de sus hijos) y valuado en 2015 en casi un millón de pesos, según publicó Télam.

Para los fiscales, las declaraciones de impuestos de Capuano y sus ingresos como monotributista no se condicen con los bienes que adquirió en los últimos años.

Así, consideraron que “los imputados procuraron ocultar los ingresos recibidos como consecuencia del desarrollo de las maniobras de tráfico de estupefacientes mediante la organización de un entramado de personas y la creación de estructuras societarias”.

Y agregaron que “otra de las maniobras desplegadas por los imputados fue la conversión del dinero proveniente de la actividad ilícita desplegada en una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles”.

En la causa también están mencionados Jorge Benegas, mano derecha de los negocios de Alvarado que fue condenado en un juicio abreviado el año pasado 5 años de cárcel y una multa de $62 millones, y Lucio Maldonado, el oscuro prestamista adepto a las armas por cuyo crimen está siendo juzgado, como instigador, el propio Alvarado.

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