Cinco integrantes de la organización delictiva encabezada por Esteban Lindor Alvarado que prestaron su nombre para crear empresas unipersonales y comerciales, gestionarlas, administrarlas y brindar logística a otros estamentos de la banda fueron condenados este lunes mediante acuerdos abreviados. Se trata de tres mujeres y dos hombres. Una de ellas, Rosa Capuano, es la ex pareja y madre de dos de los hijos de Alvarado. Las penas fueron de 3 años, en algunos casos de cumplimiento condicional y en otros efectivo, a lo que se les sumó para tres de los involucrados el pago de multas millonarias. En el caso de Capuano, el monto asciende a más de 51 millones de pesos. El jefe de la banda y otros cuatro laderos quedaron a un paso del juicio oral y público. Para el mandamás del grupo y otros tres miembros el pedido de pena es de prisión perpetua, según adelantó la acusación.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acusaron al grupo delictivo encabezado por Alvarado de conformar una asociación ilícita que operó desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre de 2018. En su jefatura ubicaron a Alvarado y a su hombre de confianza Jorge Benegas como organizador, a quien señalaron como la persona que impartía las órdenes del cabecilla al resto de los miembros del grupo delictivo.
Entre los miembros destacados del grupo, la Fiscalía señaló a su histórico representante legal Claudio Tavella, quien se ocupaba de usufructuar ilegalmente el título y cargo de abogado para acceder a información y manipular bienes y recursos, en pos de obtener beneficios para la asociación, explicaron.
El penalista fue detenido el 21 de noviembre de 2019 y firmó un acuerdo abreviado al año por el que fue condenado a tres años de prisión. También a Gustavo “Tuerto” Ramos, hermano de Alvarado, que tomó un papel preponderante y siguió las directivas tras la detención del líder del grupo en febrero de 2019. El Tuerto firmó un abreviado a mediados de septiembre pasado a 4 años de prisión.
Para la Fiscalía, Esteban Alvarado operaba la organización desde 2012
Para los fiscales había tres estamentos en la banda: el primero estaba compuesto por personas que hacían tareas operativas y logísticas para cometer distintos delitos, entre ellos se encontraban los asesinados Nicolás “Fino” Ocampo y Carlos Argüelles, el primero había firmado un abreviado a tres años y el segundo había declarado como imputado colaborador y estaba en tratativas de firmar un acuerdo. Además integran este grupo Facundo Almada, Jorge Laferrara, su hijo Mauricio Laferrara, Adrián Fernández.
Según la acusación, Alvarado daba instrucciones a este grupo para la comisión distintos hechos ilícitos, que culminaron por ejemplo con los atentados contra el Centro de Justicia Penal, Tribunales Provinciales y el homicidio del prestamista Lucio Maldonado.
Además estimaron que Alvarado mandó a privar de la libertad incluso a personas de su organización para que no generaran problemas a otros miembros, intervino frente a personal policial responsables de la investigación judicial para que personas de la organización sorteen la persecución penal, ordenó a personas de su entorno para que escondieran gente en la isla frente a las costas rosarinas e impartió órdenes para comercializar de forma ilegal vehículos y autopartes de autos robados.
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El segundo grupo estaba integrado por personas que se dedicaban a administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permitían la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindaban las estructuras societarias, a los efectos del provecho de los mismos y su utilización en la comisión de nuevos hechos delictivos. En este grupo se ubican la ex pareja de Alvarado, Rosa Capuano, Estefanía Toledo y Ricardo Ianni
El último estamento estaba integrado por al menos ocho policías, muchos de ellos eran jefes, y se ocupaban de hacer aportes que brindaron un permiso estatal ilegal, impunidad y ejercían influencias en distintas formas, también desviaban investigaciones judiciales y aportaban información reservada a la banda. A través de ellos se pusieron a disposición del grupo delictivo recursos materiales y humanos que se encontraban bajo la responsabilidad que tenían funcionarios policiales. Entre ellos Javier Makhat, Marcelo y Martín Rey, Jorgelina Chávez, entre otros. De este grupo, siete ya firmaron los respectivos abreviados.
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Las prestanombres
Rosa Capuano, es la ex pareja y madre de dos hijos de Esteban Alvarado. Fue acusada de integrar el segundo estamento de la asociación ilícita. Para la Fiscalía se encargaba, bajo las directivas del jefe de la organización de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permitían ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias.
Edery y Schiappa Pietra explicaron que Capuano fue titular de la empresa unipersonal para luego constituir la sociedad comercial Logística Santino SRL. La documental de la empresa cuya titularidad es de Capuano fue hallada en la empresa To Ia SRL. Las empresas a su nombre componían el entramado de sociedades del grupo delictivo, también el historial de registro de automóviles y los empleados que prestaban servicios en las distintas firmas de la banda, explicó la acusación.
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En ese marco, los fiscales le imputaron además haber participado de una maniobra para ocultar que una propiedad ubicada en avenida Fuerza Aérea al 2300 de Funes, la cual era de Alvarado y se había adquirido con el producido de actividades ilícitas. “La maniobra se hizo con el fin de poner el bien en circulación en el mercado a los fines que adquiera la apariencia de un origen lícito, lograr su disfrute y sustraerlo de la posibilidad de ser decomisado”, especificaron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En ese sentido explicaron simularon una compra-venta del inmueble en julio de 2013 por parte de terceras personas a otra que luego se lo vendió a Jorge Benegas y a Valeria Nasca, quienes no tenían el poder adquisitivo para hacerlo.
Luego, estas dos personas simularon alquilársela a Rosa Capuano con un valor “considerablemente menor al que fijaba el mercado en ese momento”, resaltaron e indicaron que la mujer vivió allí desde octubre de 2013 hasta enero de 2021.
Este lunes en una audiencia de procedimiento abreviado el juez Ismael Manfrín resolvió homologar la propuesta presentada por la Fiscalía y la defensa y condenó a Capuano a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Además se le impusieron reglas de conducta y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado, es decir 51.600.000 pesos.
Otra de las condenadas fue Estefanía Toledo que, junto a Ricardo Ianni, era socia de EDRA Servicios Logísticos SRL. Esta mujer fue designada en el rol de administradora, directora y representante de la sociedad To la SRL. La documental de EDRA Servicios Logísticos SRL, fue hallada en la empresa Logística Santino SRL y To la SRL. Ambos acusados aceptaron este lunes su participación en la banda y su rol en este segundo estamento en una audiencia de procedimiento abreviado ante el juez Ismael Manfrín.
La propuesta presentada para Toledo fue una condena de 3 años de prisión en suspenso y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellos la prohibición de acercamiento a los demás imputados de la causa. Lo que fue aceptado por el juez que condenó a la mujer.
Respecto a Ianni la acusación además abarcó una maniobra de desapoderamiento de una propiedad en Roldán. La Fiscalía explicó que Ricardo Ianni participó de una maniobra tendiente a ocultar el origen ilícito de un bien con la finalidad de consolidar la disponibilidad de esa propiedad y otorgarle apariencia de origen lícito.
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“Su aporte consistió en constituir una sociedad a nombre de la cual se transfirió un bien proveniente de un hecho ilícito para darle a la adquisición la apariencia de lícito, conociendo la procedencia y careciendo de capacidad financiera y económica para realizar esa operación”, detallaron.
La maniobra comenzó en el mes de febrero de 2012 cuando Esteban Alvarado junto a dos integrantes de su organización, Darío Fernández y su hermano Tuerto Ramos, despojaron de forma violenta a dos personas del inmueble de calle Misiones 800 de Roldán. Mediante intimidación obligaron a su moradora a suscribir en un bar, ubicado en calle Moreno entre Montevideo y avenida Pellegrini, en presencia de Esteban Alvarado y el abogado Claudio Tavella, un boleto redactado por éste último en favor de Gustavo Ramos, a quien le otorgó la propiedad.
El 7 de agosto de 2012 se transfirió el inmueble por escritura pública a Nadia Toledo y en enero de 2015 esta mujer creo junto a Ianni la sociedad To Ia SRL. En abril de ese año estos transfirieron el inmueble a la sociedad como aporte de capital para su constitución.
Para Ianni acordaron una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, lavado de activos y una multa equivalente a siete veces el monto del lavado, es decir 2.100.000 pesos. Propuesta que fue evaluada por el magistrado que resolvió homologarla y condenar al hombre a la pena acordada por las partes.
La otra condenada fue Nadia Soledad Toledo, de 38 años, la cual fue acusada de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales bajo la directiva de Alvarado. Se le atribuyó ser titular de la empresa unipersonal Transporte Antinori para luego constituir la sociedad comercial To Ia SRL junto con Ricardo Ariel lanni, designando en el rol de administración, dirección y representación de la sociedad a Estefanía Toledo.
Además, ella y la empresa que representa tuvieron empleados a cargo que su vez prestaban servicios en las demás empresas que componen el entramado de sociedades del grupo. A ello sumaron el historial de registros de automóviles que la relaciona tanto a las empresas como a las personas que trabajan en ellas y también los antecedentes de los inmuebles vinculados a estas personas y empresas, dijeron desde la acusación.
La propuesta de condena fue la misma que para Ianni aunque se diferenció en la modalidad del cumplimiento, para ella la pena que será condicional, además deberá enfrentar una multa de 2.100.000 pesos. Manfrín resolvió homologar la propuesta y dictar sentencia condenatoria.
El quinto de los que aceptó su responsabilidad como miembro del grupo delictivo fue Leandro Suárez, de 44 años, para él la propuesta de la Fiscalía y su defensa al juez fue de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y reglas de conducta como miembro de una asociación ilícita.
Este hombre tenía a su nombre una concesionaria de autos Suárez Automotores, ubicada en avenida Pellegrini al 5000, propiedad de Alvarado, el cuál daba directivas sobre el negocio.
Además Suárez tenía a su nombre vehículos (Toyota Hilux, Ford Focus, Volkswagen Amarok) y dos inmuebles cuando su condición en monotributista categoría E, desde 2018.
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