La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) desarrolló este viernes un allanamiento en Oroño al 1200, en la casa del fiscal Gustavo Ponce Asahad. El funcionario está sospechado de ser quien envió información reservada a una banda investigada por juego clandestino y extorsiones y la investigación está a cargo de la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Rosario.
“Se trata de una investigación en curso y en este allanamiento se buscan elementos de interés y celulares en el marco de una causa en curso. El fiscal no está detenido y se encuentra en el interior de su casa”, aclaró el vocero de la Fiscalía Regional Rosario Sebastián Carranza.
El vocero confirmó que en el procedimiento fue monitoreado por la auditora general del Ministerio Público Fiscal, María Cecilia Vranicich, y la fiscal Gisela Paolicelli, una de las que ordenó el allanamiento, junto a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
“En principio el fiscal tiene una causa abierta por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, aunque en las próximas horas se determinará su situación procesal, añadió.
La causa y las sospechas
El jueves pasado se celebró una audiencia contra banda ligada al juego clandestino y extorsiones en la que están implicados el comisario general retirado Alejandro Torrisi y un grupo vinculado con la banda de Los Monos que organizó el atentado al Casino City Center.
En esa audiencia se develó que desde el propio MPA enviaron un mensaje con información sobre una causa con dos detenidos a Leonardo Peiti, un empresario allanado el sábado pasado y quien se entregó este jueves ante la Justicia.
Este jueves también los investigadores ordenaron el secuestro del celular del colaborador más estrecho del fiscal Ponce, Nelson Ugoloni, empleado judicial.
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En la audiencia se develó que Torrisi, en su carácter de policía retirado gestionó ante la comisaría 21ª beneficios para lograr la liberación de dos tiratiros, detenidos ese día cuando se disponían a realizar un atentado contra el City Center Rosario.
Además en la primera quincena de la feria judicial de enero, precisamente el día 10 de enero de 2020, el sindicado organizador de la asociación ilícita, Maximiliano “Cachete” Díaz, se contactó con un funcionario fiscal o su empleado, que cumplen funciones en una dependencia Fiscal de la Fiscalía Regional 2ª del Ministerio Público de la Acusación, a los fines de obtener información y algún beneficio lícito o ilícito para favorecer a los tiratiros.
Días más tarde, el 13 de enero, se produjo el ataque contra el casino que terminó con el asesinato del apostador Enrique Encino, gerente bancaria que estaba en el balcón de fumadores.
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