La Policía de Jujuy allanó el jueves a la mañana la casa de Milagro Sala, la dirigente de la Tupac Amaru, en el marco de la causa en la que se investiga la comisión de delitos en medio de las manifestaciones ocurridas en esa provincia en los últimos días.
La orden de allanamiento fue emitida por el juez Rodolfo Fernández con la intervención del fiscal Diego Funes.
Según se informó, la orden de allanamiento sería para secuestrar computadoras y teléfonos móviles, en la casa ubicada en el barrio de Cuyaya.
“Siendo las 11 y monedas de la mañana de este 29 de junio se está llevando un allanamiento en la casa de Milagro en San Salvador de Jujuy, donde además de ella esta Raúl Noro, su esposo, en una situación de salud muy critica y terminal”, comentó en un audio enviado a la prensa, Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala.
Y agregó: “La orden de allanamiento fue dictada por el juez Fernández y está interviniendo el fiscal Diego Funes, en el marco de la causa que se investigan los supuestos delitos en el marco de las protestas que se llevan adelante en Jujuy desde el 16 de junio pasado. Aparentemente, porque no nos han querido dar la orden, solamente el abogado Ariel Ruarte la pudo leer y la pudo transmitir, habría algún testigo o imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tendría alguna vinculación con esas protestas que muy dignamente el pueblo de Jujuy llevó adelante y sigue llevando adelante”.
Gómez Alcorta, comentó además, que el allanamiento “es para secuestrar dinero, celulares y computadores”, y sostuvo: “al equipo de abogados y abogadas de Milagro nos parece un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta en este proceso electoral”.
Durante el operativo, se informó que el esposo de Milagro que se encuentra en estado grave de salud se descompuso, por lo que llamaron a una ambulancia, y si bien los médicos pudieron ingresar al domicilio, el Poder Judicial y la Policía les impedía la salida. Noro estuvo internado hasta hace unos pocos días, y en las últimas horas fue enviado a su domicilio ya que se encuentra en estado terminal.
Tras el allanamiento, la CTA Autónoma repudió “la persecución y ensañamiento contra la compañera Milagro Sala” y pidió que “se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos”.
En un comunicado, la entidad, expresó: “En medio del contexto altamente represivo y violento que vive la provincia hace semanas, la policía de Jujuy allanó esta mañana la vivienda de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro”, y agregó que el gobernador Gerardo Morales “sigue ensañándose en la persecución de Milagro Sala, a quien además le siguen negando la posibilidad de un tratamiento médico adecuado en Buenos Aires, mientras pretenden trasladarla a un penal con la excusa de querer hacerla responsable de las movilizaciones que el pueblo jujeño está llevando adelante contra la reforma inconstitucional que ha promovido el gobernador”.
Mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
En virtud de estos graves hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación formal a la justicia provincial para reiterar los términos de las medidas provisionales vigentes a favor de Milagro Sala y advertir, una vez más, sobre la responsabilidad internacional a la que el Gobernador de Jujuy expone a la Argentina ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
En los últimos días, Milagro Sala fue nuevamente víctima de graves atropellos en absoluta violación de las Medidas Provisionales dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El recrudecimiento del hostigamiento a la dirigente social se da, precisamente, en el contexto de la brutal represión desplegada por el Gobierno de la Provincia de Jujuy ante las protestas en rechazo a la reforma de la Constitución local, situación que ya provocó pronunciamientos públicos de preocupación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como, una denuncia penal por parte de esta Secretaría.
En su resolución a favor de Milagro Sala, la Corte IDH fue muy contundente al destacar la necesidad de evitar todo daño irreparable a su vida e integridad, lo que incluye garantizar que no volverá a ser alojada en un centro penitenciario y que, en la atención de su salud, se respetará su autonomía y consentimiento informado.
A pesar de ello, esta semana, el Fiscal de Estado de Jujuy exigió a la justicia su traslado a una cárcel común. Esta presentación, en cabeza de un funcionario que depende de forma directa del Gobernador Gerardo Morales y que no cuenta con legitimación para intervenir en el proceso de ejecución penal, hace palmaria y evidente la persecución política a la que hace años se somete a Milagro Sala.
A la vez, desconociendo abiertamente las recomendaciones de los profesionales que actualmente tratan su grave cuadro de salud, el martes, la señora Sala fue sometida a un traslado intempestivo para la supuesta realización de una nueva junta médica. A ello se suma que, en el día de hoy, se volvió a allanar su vivienda en el marco de la investigación judicial que se impulsa contra las manifestaciones populares en rechazo de la reforma constitucional. En este contexto, se impidió el acceso del psicólogo del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” que la acompaña en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte IDH y, su marido, que atraviesa una enfermedad terminal, sufrió una fuerte descompensación.
En virtud de estos graves hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación formal a la justicia provincial para reiterar los términos de las medidas provisionales vigentes a favor de Milagro Sala y advertir, una vez más, sobre la responsabilidad internacional a la que el Gobernador de Jujuy expone a la Argentina ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
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