Desde la Fundación Pueblos del Sur condenaron “el apuro del gobierno por llegar a una pronta resolución del conflicto” con los fondos especulativos que trabaron juicio contra el país bajo la justificación oficial de que ello es indispensable para “disponer lo antes posible de un mayor margen para el financiamiento externo, suponiendo que luego del arreglo con los holdouts el mercado internacional de créditos será más beneficioso para con la Argentina respecto a las condiciones crediticias”. Los economistas de la fundación presidida por el licenciado Esteban Guida ponen en duda esta hipótesis y califican como “extrema” la posición del gobierno argentino, que “soslaya los costos que presupone el arreglo y la intención de endeudamiento del gobierno argentino”.
Financiamiento doméstico
“La historia argentina muestra claramente que una estrategia de desarrollo sostenible, con justicia distributiva y equidad en la inclusión de todos sus componentes, se puede lograr sin necesidad de abusar del mecanismo de endeudamiento externo”, dijeron y condenaron las “condiciones impuestas por acreedores internacionales que pretenden ganancias especulativas fuera de toda lógica comercial y sin contemplar las consecuencias sociales de sus imposiciones”. Y agregaron: “El financiamiento doméstico es posible y le ha dado grandes resultados a la Argentina a lo largo de toda su historia”.
Los costos
La aprobación del conjunto de leyes en respaldo al acuerdo logrado por el secretario de Finanzas Luis Caputo habilitará una emisión de deuda que podría superar los 15.000 millones de dólares, a la que compararon con el “megacanje” y el “blindaje”. A la hora de dimensionar los costos que tendría, dijeron que “implica generar una deuda que servirá para pagar otra deuda en efectivo y no para invertir en la productividad del país”.
Desde la Fundación también advirtieron que “no solamente está en juego el aumento de la deuda pública externa por causa de la emisión de 15.000 millones de dólares para pagar el arreglo parcial del conflicto con los fondos buitres, sino que también debe incluirse el préstamo de los bancos internacionales –HSBC, Santander, Citi, UBS, BBVA, JP Morgan y Deutsche Bank– por 5.000 millones de dólares por el que se canjearon (dieron en garantía) bonos por 13.000 millones de dólares, los cuales serán ejecutados si no se paga el préstamo inicial”.
Sumadas las dos deudas, elevan “la deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri en mucho más de 20.000 millones de dólares, lo significa un deterioro sustantivo de los indicadores de sustentabilidad de la deuda externa argentina, que cubriría la casi totalidad de reservas internacionales del país”.
“No hay que olvidar –insistieron– que el objetivo de una pronta resolución del conflicto con los fondos especulativos es que el gobierno de Cambiemos pretende buscar financiamiento internacional, por lo que el margen de deuda seguirá en aumento sin un techo delimitado”.
Según los economistas, “al 31 de diciembre de 2014 el nivel de deuda externa del sector público fue estimado en 67.275 millones de dólares, lo que representa el 13 por ciento del PBI”, y con la nueva deuda sufriría “un aumento de alrededor del 37 por ciento en cuestión de solamente 3 meses”.
Para dimensionar el costo en el corto plazo, el informe explica que los servicios de la deuda aumentarán un 56 por ciento este año en relación a lo que estaba pautado en el presupuesto, a raíz del acuerdo con buitres y sin tener en cuenta el pago de capital con los bancos internacionales que aportaron 5 mil millones de dólares a las reservas a cambio de bonos. Destacan que lo más grave es que el flujo de divisas no se dirige al aparato productivo del país, sino a pagar deuda.
Los riesgos de nuevos juicios
Al mismo tiempo, en el informe pidieron no descuidar “la situación del 92,4 por ciento de los acreedores reestructurados que apostaron al país de buena fe aceptando quitas de más del 70 por ciento en los canjes de 2005 y 2010”, que podrían argumentar “un trato injusto e inequitativo hacía el total de los bonistas, cuestiones que ya se están barajando entre los operadores internacionales”.
También aclararon que el arreglo “sólo incluye el 85 por ciento de los holdouts” y por ese motivo “sólo bastaría con que uno de los fondos que puedan quedar afuera del acuerdo inicie un proceso conflictivo semejante al que Argentina se enfrentó durante más de 10 años, para poner en duda la solución definitiva mediante el preacuerdo celebrado por el equipo económico del gobierno.
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