El Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a tres sindicatos marítimos-fluviales a una reunión para destrabar un conflicto en la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín por el cese de tareas de 22 trabajadores, las tripulaciones completas de los dos remolcadores que tiene la entidad portuaria, el Coopor Estibador I y el Coopor Estibador II. “Lamentablemente tenemos que transitar un conflicto, más allá de que no queremos, pero no nos quedan otras herramientas más que una medida de acción directa”, advirtió el secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, quien acudirá este jueves 9 a las 14 a la cartera laboral junto a directivos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara) para reunirse con el equipo de Raquel “Kelly” Olmos. No se descarta la que tome parte de la audiencia la propia ministra, dada la neurálgica importancia de los gremios citados: cualquier medida de fuerza conjunta puede paralizar todas las actividades portuarias de la región.
“Si la patronal no quiere más a los trabajadores y tampoco cumplir tareas con los buques, debe acatar las obligaciones de la ley vigente y abonar las indemnizaciones correspondientes”, advirtió el capitán Moreno. Y apuntó sobre la necesidad de calmar aguas en “el corazón agroexportador del país, es decir, el Cordón Industrial y su complejo portuario”, por lo que agradeció “la intervención de la propia ministra de Trabajo, Raquel Olmos, para resolver el tema”.
“Nos vamos a reunir con funcionarios de Kelly Olmos. Queremos evitar el conflicto porque trae consecuencias que no son agradables para nadie, pero la Cooperativa no nos da opciones”, remarcó el secretario General Moreno.
En rigor, la situación de las tripulaciones no es nueva sino que data de septiembre, cuando se hizo un operativo de “desembarco” con intervención de la Cooperativa y de Prefectura Naval, y acta notarial, lo cual según fuentes gremiales equivale a una cesantía forzosa. Desde entonces no hay deuda salarial y hay canales de diálogo entre las partes, pero la situación está en un limbo: no se reincopora a los 22 trabajadores, ni tampoco se los indemniza. “Si no quieren más a los trabajadores, si no quieren trabajar más con esos buques, bueno, que cumplan con las obligaciones de ley que les corresponde y que paguen las indemnizaciones para que los compañeros continúen su vida laboral”, insistió Moreno. Y advirtió que para encontrar una solución al conflicto “tienen que estar todas las partes de acuerdo”.
“Estamos queriendo evitarlo –continuó– porque trae consecuencias que no son agradables para nadie, se termina tocando a sectores que no tienen nada que ver en el problema, por eso somos muy cuidadosos a la hora de tomar la decisión. Entendemos estas cuestiones, pero nuestra principal responsabilidad es proteger el derecho de los compañeros que representamos”. E insistió: “Sabemos bien las dimensiones que tiene un paro en el Complejo Portuario, por eso queremos evitarlo y entendemos que si la propia ministra de Trabajo tomó intervención en esto es para solucionar el tema; vamos a poner toda nuestra energía y sapiencia en pos de solucionarlo en el marco de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo”.
En el poco menos de un millar de trabajadores de la Cooperativa resolver la situación de poco más de una veintena no aparenta resultar complejo. Pero lo es: ambos remolcadores (Tug) son gemelos, fueron fabricados en 2015 en Rumania, y puestos en funciones para la Cooperativa al año siguiente –cuando aún estaba al mando el histórico sindicalista Herme Juárez– y presentados en una vistosa ceremonia con la presencia del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Con 28 metros de eslora (longitud de proa a popa) y 10 metros de manga (dimensión de mayor ancho) sus funciones eran prestar servicio desde puerto hasta la altura del puente Rosario-Victoria y viceversa, según explicaron a El Ciudadano. Pero en los siete años de existencia pocas veces estuvieron en actividad, y actualmente están en el puerto de San Lorenzo con características de “activos” pero en modo “stopped”, es decir detenidos. De allí que las declaraciones gremiales sobre el conflicto hagan mayor énfasis en las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores: las fuentes consultadas por este diario no expusieron servicios programados que se dejaron de prestar en el complejo portuario. De igual modo, un atisbo de conflicto es cuanto menos delicado en un entramado que alberga 17 terminales de embarque y muelles privados en la región –abarcando cereales y oleaginosas, subproductos, aceites, combustibles, hidrocarburos, minerales, químicos y petroquímicos, entre otros– y es considerado el polo exportador más importante del país –40% de las exportaciones argentinas– y uno de los más importantes de Sudamérica.
Fuentes gremiales recordaron la situación de febrero de 2011 y julio de 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchnner pidió a los trabajadores levantar el bloqueo a las exportaciones originado por un reclamo de la CGT Regional San Lorenzo. Las medidas de fuerza involucraron precisamente al Centro de Patrones y a otros gremios fluviales que cesaron las tareas de amarre, practicaje y remolque de buques en la región, paralizando toda la actividad.
Comentarios