El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para dotar de más herramientas y ajustar cuestiones operativas en vista a la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, fijada para el 10 de febrero. Entre los puntos principales cuentan la desaparición de la figura de los secretarios de juzgado, la habilitación de notificaciones por medios electrónicos y la constitución de colegios distritales de jueces. Además establece en qué condiciones es imprescindible que el juez presencie físicamente las audiencias previas al juicio oral y público, y en qué casos los derechos del acusado están garantizados con las presencias de fiscal y defensor.
El proyecto modifica disposiciones de la ley 12734 de creación del nuevo Código Procesal Penal y de la 13018 que estableció la Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial del sistema en ciernes.
El proceso penal que debutará en febrero de 2014 pasa a ser oral y público. Más allá del juicio en sí mismo, presidido por un tribunal, se sucederán hasta seis o siete audiencias preparatorias de la investigación. Si cada una de esas instancias requiere de un magistrado diferente para no ser pasibles de recusaciones, el sistema requeriría de una cantidad de jueces enorme. Por eso las modificaciones propuestas acotan las causas de inhibición y recusación del magistrado. Y establece que “el juez que haya resuelto la prisión preventiva o participado en la audiencia preliminar no podrá integrar posteriormente el tribunal de juicio ni intervenir en segunda instancia o instancias extraordinarias”.
Otra de las modificaciones propuestas a la letra original de la ley indica que “las resoluciones, citaciones, emplazamientos, vistas y traslados se comunicarán por medios electrónicos de conformidad con las normas prácticas que disponga la Corte Suprema de Justicia”. Esto agiliza el proceso al reemplazar la citación por escrito y personal, lo que multiplicaba tiempos.
El cambio más fuerte para el Poder Judicial es la desaparición de la figura del secretario de juzgado, hoy un actor central dado que debe certificar todas y cada una de las actuaciones que el mismo contiene para dotarlas de legalidad. Como esto ya no tiene sentido en un sistema oral y público, se propone que “los secretarios que cumplan funciones en el fuero penal y que hayan manifestado su decisión de ser transferidos al nuevo sistema cumplirán las funciones en la Oficina de Gestión Judicial”.
Esta oficina es el cerebro del nuevo sistema, ya que administra recursos humanos y económicos, audiencias, notificaciones, entre muchos otros aspectos. En cuanto a los secretarios que no optaron por pasar al nuevo sistema, seguirán como hasta ahora en los juzgados de instrucción dedicados a resolver la extinción de las causas abiertas antes del 10 de febrero.
Por último, el proyecto avanza en cuanto a la conformación de nuevos Colegios de Jueces de Primera Instancia Interdistritales, integrándolos a los ya establecidos en la ley 13018. Esta medida permitirá atender las demandas de audiencias en distintas localidades donde el número de jueces es insuficiente para atender las audiencias que requieren de un magistrado diferente para evitar ser recusado.
El proyecto llegó a la Legislatura con las firmas del gobernador Antonio Bonfatti y del ministro de Justicia Juan Treharne Lewis. Ingresó el viernes en la Legislatura y, más allá de las consultas que se harán con los diferentes actores del nuevo sistema, no pareciera enfrentar obstáculos, ya que en su mayoría son modificaciones que tienden a simplificar el proceso sin afectar derechos y garantías de los acusados. El proyecto, además, tiene ya un primer guiño desde la Corte Suprema a partir de la activa intervención de su ministro especializado en derecho penal Daniel Erbetta.
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