El gobierno de Santa Fe convocará a los jueces de Familia de la provincia para que se involucren en una mesa de diálogo creada por la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Niñez y un grupo de padres adoptivos y en espera. Así, se busca que den explicaciones sobre retrasos que hay a la hora de tomar medidas excepcionales ligadas con menores de edad como, por ejemplo, separarlos o no de la familia biológica o de origen. Desde la provincia, admitieron que existe un clima enrarecido por el cambio de Código Civil y Comercial, que establece nuevas pautas, pero que pedirán la información a los magistrados de cada caso. Por eso, habrá reuniones cada mes en una mesa de diálogo.
También se abordará en el encuentro la información sobre la cantidad de familias ampliadas y solidarias, modalidades que se implementan para contener niños en casos de violencia o abandono. En tal sentido, el último registro, correspondiente a junio, señaló que había más 200 chicos en Santa Fe en situación de vulnerabilidad.
La respuesta
El grupo que reúne a padres adoptivos y a aquellos que esperan adoptar, buscó apoyo en la Defensoría del Pueblo luego de que se conociera la renuncia de la titular del Registro Único de Adoptantes (Ruaga), Selva Di Giorgio.
Temieron que se paralizaran los procesos en marcha para lograr una adopción, decisión que en última instancia recae en los fueces de Familia. Sobre todo, pidieron que el gobierno interceda ante el Poder Judicial por retrasos en el sistema. Lo lograron.
Desde la Secretaría de la Niñez de la provincia, Horacio Coutaz confirmó que llamarán a los magistrados a la próxima reunión de la mesa de diálogo cuyo encuentro inaugural tuvo lugar el viernes pasado en la sede rosarina de la Defensoría del Pueblo.
“Vamos a relevar las situaciones que arrastren retraso. Hay que entender que estamos en el cambio de Código y los tiempos son distintos. En la actualidad, las medidas excepcionales (separar a un niño del núcleo familiar) se deben dar antes de los 180 días de que ingresa el caso”, explicó el funcionario.
El proceso por el cual se declara a un niño adoptable involucra en parte al gobierno provincial, pero también depende de la decisión de los magistrados. “Tenemos que seguir trabajando en la articulación (poderes Judicial y Ejecutivo provinciales). Éste es el sistema y puede haber errores. Lo mejor es tener una visión completa”, señaló Coutaz.
Los dispositivos
Mientras se define el destino de un niño en estado de vulnerabilidad registrado por el gobierno santafesino, existen múltiples opciones. Puede ir a una familia solidaria, que no puede estar inscripta dentro de los posibles adoptantes –el Ruaga– o la familia ampliada, esto es, algún pariente cercano de la familia donde se originó el problema: un tío, un abuelo.
A junio pasado, en Santa Fe había 240 niños en esta situación, estimaron desde Niñez. “Se trata de una medida que separa al niño del lugar conflictivo pero no lo institucionaliza. Es un programa de resguardo”, explicó Coutaz, quien agregó: “Hay heterogeneidad en las situaciones que se presentan en todo el territorio provincial en cuanto a adopciones, y en estos últimos tiempos se aumentaron 40 plazas de centros residenciales (otro de los dispositivos de resguardo) y en los próximos meses se sumarán 30 más en toda la provincia”.
Según el funcionario, la decisión del gobernador Miguel Lifschitz es fortalecer el sistema de infancia. Entre otras acciones al respecto, Coutaz adelantó que se lanzará una campaña provincial con información para la comunidad sobre cómo convertirse en una familia solidaria.
Cuestión de información
La mesa de diálogo trabajará cada mes con novedades y respuestas a los padres adoptivos y en espera. Viene a satisfacer la necesidad de un espacio de asesoramiento e información.
Los padres insistieron en que debe haber mecanismos de difusión y asesoramiento integral para personas interesadas en adoptar y asistencia a mujeres que deseen dar en adopción.
“Éste es un espacio de encuentro y reflexión para que, a partir del diagnóstico, se incorporen las voces de todos los actores involucrados en el sistema. Y aporten elementos para que exista una verdadera decisión política que priorice la situación de cada niña, niño y adolescente con una mirada integral y respetuosa de sus derechos”, dijo la defensora Analía Colombo.
¿Nadie al frente de Ruaga?
“Estamos trabajando con miras de mejorar las condiciones de adoptabilidad siempre en consonancia con lo que dicta el nuevo Código Civil, puesto en funcionamiento hace un año”, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del que depende el Ruaga. “No está acéfalo”, insistieron al mismo tiempo el secretario de Justicia, Javier Ricardo Prono, y el subsecretario, Juan Manuel del Cerro. La Secretaría de Justicia quedó a cargo del Ruaga luego de la renuncia de la ex directora, Selva Di Giorgio, y las autoridades todavía evalúan quién será su reemplazante.
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