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Además de asesinos, ladrones: nuevo aniversario de la intervención liquidadora contra La Vigil

El 25 de febrero de 1977 una patota liderada por el jefe de policía local Agustín Feced inició un proceso de liquidación del patrimonio de la institución de barrio Tablada que incluyó el secuestro a su comisión directiva y cuyos delitos económicos se extendieron hasta 2013


Este domingo 25 de febrero se cumplió un nuevo aniversario de la intervención que sufrió La Vigil en manos de una patota criminal de la última dictadura militar. A 47 años del día que el jefe de policía local Agustín Feced prohibió el ingreso de la comisión directiva a la institución, dos referentes hablaron con El Ciudadano.

El lugar, ubicado en barrio Tablada en la esquina de Gaboto y Alem, era una de las instituciones culturales y educativas más importantes del país y de Latinoamérica al momento de la intervención.

Omar Pérez Cantón, sobreviviente y miembro de la comisión directiva de entonces, se pregunta junto a este medio por qué esa saña contra La Vigil: “Cabe esta reflexión sobre por qué esa actitud de destrozo con todo lo que había acá. Se me ocurre pensar que hubo un enfrentamiento entre dos formas de ver la educación. Acá teníamos objetivos muy claros de una educación: no solamente el complejo enorme desde el punto de vista material sino en contenido y cómo se cumplieron los objetivos de la educación que tenía que ser no discriminatoria, para todas las edades, ser laica, científica, no dogmática, desde los primeros años de vida. Evidentemente eso no le gustó a muchos, sigue habiendo en la actualidad grupos o sectores que no están de acuerdo en todo eso”.

La intervención liquidadora significó el saqueo, destrucción y apropiación de todo su patrimonio. La patota de Feced robó muebles y la lente de un telescopio de origen alemán —uno de los pocos que había en el mundo— que estaba en la cúpula del observatorio.

Además de la biblioteca y el observatorio astronómico, La Vigil contaba con un jardín de infantes, una escuela primaria y secundaria, una universidad popular, una editorial con su propia imprenta, un museo de ciencias naturales y una mutual, entre otras cosas. Todo eso se financiaba a través de una rifa en cuotas que se vendía por todo el país.

El actual presidente de la comisión directiva, Roberto Frutos, puntualizó que “en términos económicos la liquidación no tenía ninguna justificación, ya que Vigil era cinco o seis veces superavitaria en relación a su déficit o sus deudas”.

El proceso inició en febrero y se trata de uno de los tantos hechos dictatoriales que se pudo ejecutar gracias al apoyo civil: abogados y contadores formaron parte del proceso de saqueo.

El 9 de mayo iniciaron los secuestros a los miembros de la comisión directiva, Frutos explica qué motivó a estos crímenes: “Esos secuestros estaban fundamentados, en principio, para garantizar que el proceso liquidatorio se pudiera desarrollar sin oposición. Hemos tenido oportunidad de corroborar las cronologías de los secuestros y las medidas de la intervención son prácticamente en paralelo.Se garantizó la impunidad de esa manera porque no hubo forma de oponerse a lo que iba designando la intervención ya que se secuestraron no solo al presidente y vicepresidente sino también a todos los síndicos, es decir los encargados de reorganizar la institución en representación de los socios en caso de acefalía”.

Además, plantea, creen que otra de las causas fundamentales para cometer los secuestros fue que porque “a fines de abril del 77 parte de la comisión directiva estaba intentando sacar un documento a modo de declaración pública denunciando todo el proceso liquidatorio”: “Días después de eso fueron secuestrados y esa documentación, en el marco del juicio Feced, fue encontrada en lo que era la SIDE de la provincia, un organismo de inteligencia en el cual había muchísima información sobre Vigil. Ese documento que era privado de los directivos de Vigil figuraba ahí”.

Fueron liberados recién en diciembre, por lo que la lectura es que fue un método de amedrentamiento para que nadie interrumpa el proceso que la dictadura había iniciado el 25 de febrero.

Los delitos contra las personas —que fueron retenidos en el campo de concentración más grande de la provincia de Santa Fe, el ex servicio de informaciones ubicado en la esquina de Dorrego y Santa Fe—fueron juzgados en la tercera y cuarta elevación de la megacausa Feced, cuya última condena fue en 2020.

En cambio, los delitos contra la propiedad aún no fueron juzgados. Se trata de todos aquellos considerados económicos fueron incorporados a otra causa y las querellas lograron que también sean considerados de lesa humanidad, por lo que no prescribieron.

La intervención de Vigil siguió durante la democracia: recién terminó en 2013. En 2015 fue declarado como Sitio de Memoria. Hoy es una biblioteca, un teatro y un espacio de talleres.

Frutos recuerda: “Al momento en que se formó la asamblea para empezar a recuperar Vigil, en el año 2004, en el club Central Córdoba, todavía estaban los mismos interventores y el mismo tesorero del año 77”.

Los delitos económicos aún no fueron juzgados pero en agosto de 2023 por primera vez se hizo un pedido de indagatoria contra ocho acusados por estos crímenes.

“Son solo algunos de los responsables, lamentablemente por el tiempo pasado, muchos de esos responsables han fallecido, pero otros están vivos. La mayoría de los responsables, salvo los primeros interventores, son todos civiles, un conjunto de contadores, abogados y escribanos que pasaron durante todo ese tiempo en dictadura y en democracia y que son los responsables de haber destruido patrimonialmente toda la institución a partir de una intervención absolutamente fraudulenta”.

Frutos subraya que La Vigil sigue el proceso de cerca y sigue aportando pruebas a la Justicia Federal. Juzgar la pata civil de la dictadura es lo que más lento avanza en las causas de este tipo de delitos.

Pérez Cantón resalta a El Ciudadano que no quiere hablar solo de la tragedia que implicó la intervención militar, sino más bien recuperar el proyecto de vida que implicaba La Vigil para la ciudadanía rosarina: “Había un proyecto de educación muy particular, gratuito sobre todo y que benefició a mucha gente. Los chicos tenían una contención física, moral, emocional e incluso estética. Todo eso se brindaba aquí. La escuela secundaria no tenía celadores, tenía directores de curso que contenían, asesoraban y acompañaban a esos adolescentes que muchas veces si no era de esa manera no podrían haber terminado la escuela”.

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