Agosto marcó un hito en la gestión ambiental de Santa Fe y el país. La siderúrgica Acindar ubicada en Villa Constitución, a 50 kilómetros de Rosario, terminó tras dos años de trabajo una serie de modificaciones en el sector de acería para reducir la tasa de humo a instancias del gobierno santafesino que la había apercibido por las emanaciones. Esto significó una inversión, aseguraron desde la provincia, de 24 millones de dólares, la mayor que el grupo económico ArcelorMittal –propietario de la acería, con sede en Luxemburgo– realiza en el mundo con fines de preservación ambiental.
“Son sanciones de trascendencia mundial. Las compañías grandes se preocupan por su imagen. Para nosotros el ambiente ganó”, confió en diálogo con El Ciudadano Edgardo Seguro, subsecretario de Gestión Ambiental, quien también hizo un balance de inspecciones y sanciones en el sur provincial.
Panorama
Desde la implementación del decreto que modificó en 2010 las sanciones ambientales en Santa Fe, el gobierno provincial realizó alrededor de 900 inspecciones a industrias en los seis departamentos del sur, donde se concentra el 60 por ciento de esa producción. En total, fueron 173 sanciones siendo en su amplia mayoría multas económicas.
En los últimos tres años hubo tres clausuras totales y ocho parciales, esto es, inhabilitaciones de determinados sectores del emprendimiento inspeccionado.
Desde el 2011 hasta el primer semestre del corriente año las sanciones recayeron por distintas faltas que van desde no presentar estudio de impacto ambiental hasta contaminar un arroyo, en industrias y complejos ganaderos conocidos como feedlots y acopios de cereal. En un tercer lugar están los desarrolladores inmobiliarios en su tarea de loteo, y en menor cantidad los basurales a cargo de municipalidades y comunas.
Sobre esto último, Rosario – aseguraron desde la provincia– no sólo no recibió penalización sino que “es ejemplo de manejo de basura a nivel país”.
Seguro dijo a este medio que completan la nómina algunos casos de intromisión dentro del corredor biológico de la autopista Rosario-Santa Fe como desmontes, por ejemplo.
“Todo depende de la gravedad de la infracción. Tuvimos desde casos de falta de documentación hasta de contaminación en acopios que generan un riesgo ambiental importante aunque es difícil de medir. Los más graves derivan en cese de actividades, donde las empresas, apuradas porque dejan de producir, revierten la falta. Pero la intención del gobierno no es sancionar por sancionar”, apuntó Seguro, quien adelantó que este segundo semestre están aumentando las inspecciones en la región, por lo que se prevén nuevas sanciones.
En 2010 se sancionó la ley 13060 que modificó la 11717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y su decreto reglamentario 1866. Desde entonces se ha sancionado a más un centenar de empresas de distinta envergadura por falta de documentación como la acreditación de gestión, por ejemplo.
Otras actuaciones se iniciaron por accidentes ambientales. “En esos casos se procede con cautela: se investiga el hecho, se evalúa si hubo negligencia y se determina la sanción. Normalmente la primera sanción es un cese de actividad preventivo, que es más grave que una multa monetaria para la empresa porque para la producción”, apuntó Seguro.
Prioridades
“Santa Fe es una provincia bastante industrializada y está ordenada ambientalmente, aunque aún falta mucho para tener un control universal. El gobierno avanzó en el control de las grandes empresas de mayor impacto. También en fiscalizar la actividad en localidades medianas y pequeñas donde las empresas pueden generar una suerte de presión ambiental importante”, señaló el subsecretario.
Al momento, agregó el funcionario, los controles se dan por denuncias. Sin embargo, reiteró que al no tener un impacto inmediato, y quizás hasta visual, la contaminación de algunas empresas no deriva en una sanción. A esto se suma que muchas comunidades de localidades más pequeñas “tratan de proteger a sus empresas al no denunciarlas” porque puede derivar en el cierre de la misma y posibles pérdidas de fuentes laborales.
“Hay que entender que la provincia quiere no sólo que se mantenga esa empresa sino que mejore su actividad, hacerla más sustentable”, señaló Seguro.
Caso irresuelto
Además del de Acindar en Santa Fe hay otro caso emblemático referido a una empresa ligada a la producción de combustibles que no cumple con su plan de gestión de pasivos, esto es, elementos producidos o residuos peligrosos.
Desde el inicio de la actual gestión de Medio Ambiente se le hicieron pedidos para que destruyera fondos de tanques, entre otros elementos, y como no cumplió se les impuso una multa que ronda los 3 millones de pesos, el valor de unos 350 mil litros de eurodiésel. Antes de esto se le había pedido, como es habitual, un plan para resolverlo en dos años. Aún no lo hicieron.
Metalúrgicas con problemas por recesión
En las últimas semanas, y tal como venía sucediendo desde principio de agosto, la empresa Acindar anunció la suspensión temporaria de entre 200 y 250 trabajadores por la caída de ventas en el mercado interno y las exportaciones a Brasil. La empresa perteneciente al grupo ArcelorMittal decidió este cese de actividades de la acería de forma consensuada con la Unión Obrera Metalúrgica. El parate tuvo dos modalidades: aquellos trabajadores que todavía tenían días de licencia por tomar comenzaron a cancelarlos y el resto pasó a cobrar el 85 por ciento del salario neto por cada día no trabajado, señalaron desde la firma. La medida se tomó ante la caída en la demanda de acero para la construcción y la industria, aclararon. En julio se había licenciado al personal por el término de cinco días, pero por turnos, para no afectar la producción, aunque en esta segunda instancia la medida afectó a toda la acería.
Desde la firma no descartan que se produzcan nuevas suspensiones antes de fin de año, que podrían ser en otras dos tandas, de entre diez y quince días cada una. Mientras tanto, un portavoz de Acindar señaló que se están buscando nuevos mercados –en Centroamérica y el Caribe– para evitar nuevas suspensiones.
A la paralización de la acería de Acindar se suma un cese de actividades en Paraná Metal, que comienza a regir hoy y finalizará el viernes 5 de septiembre afectando a casi 150 trabajadores, que cobrarán el 75 por ciento del salario.
Durante las dos semanas de inactividad prevista solamente habrá guardias mínimas que se encargarán del mantenimiento de la planta.
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