El único procesado por la tragedia del International Park fue absuelto por la Justicia, con lo cual ya no hay personas vinculadas a la muerte de las hermanitas en 2013. El beneficiado fue Gregorio Ramírez, ex director municipal de Inspección, quien fue el único procesado que fue sometido a un juicio penal por escrito. De esta manera, quedó desligado de la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. El fallo judicial generó este miércoles mucho revuelo fuertes críticas desde el Concejo Municipal.
Florencia y Melanie Aranda murieron el 10 de agosto de 2013, en medio de la búsqueda de sobrevivientes en Salta 2141. Las dos hermanas de 12 y 14 años habían venido a la ciudad desde Rafaela para festejar el Día del Niño.
Ambas fallecieron cuando se divertían en la Vuelta al Mundo, una de las atracciones del parque. La góndola se precipitó desde gran altura.
Salvo el ex director, el resto de las personas involucradas en la causa fueron sobreseídas. La última funcionaria municipal en ser desvinculada fue Norma Rais. La inspectora municipal había sido imputada por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
En tanto el apoderado del International Park, Adrián Osella, fue beneficiado con tareas comunitarias. En su momento, había sido procesado por “doble homicidio culposo y lesiones graves”. La probation tiene la conformidad de las familias de las víctimas, quienes fueron resarcidas económicamente.
En tanto, el juez penal Ismael Manfrín decidió absolver a Ramírez el pasado 27 de marzo. Estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. Consideró que no “era posible que conociera de fallas o vicios internos de la cosa, propios de diseño de la estructura metálica”.
También señala en el fallo que “exigir el control cuasi personal en cabeza del imputado excede la órbita de su incumbencia y aleja su conducta del dolo directo”.
El magistrado tomó lo expuesto por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). El informe detectó que el propio sistema no tenía reaseguros, que “no era apreciable a simple vista el peligro de caída inminente de un carrito del juego, salvo que se conociera el sistema mecánico”.
Tras el hecho, Ramírez fue separado de su cargo por la intendenta Mónica Fein. Ahora, la Justicia determinó su inocencia.
Críticas
El fallo cosechó fuertes críticas desde el Concejo. En ese marco, el edil justicialista Roberto Sukerman también cuestionó con dureza al municipio. Dijo que aún “pesan las responsabilidades políticas por la falta de controles”. Y recordó que en su momento “hubo un desfile de funcionarios opinando públicamente sobre las supuestas fallas como si el Estado no tuviera responsabilidad”.
En esta línea, Sukerman afirmó que han pasado cinco años desde la tragedia y la intendencia “sólo se limitó a separar a un funcionario de su cargo y terminar con la concesión”. “Lo dijimos en su momento, el Estado siempre mantiene su facultad de contralor, la misma es indelegable, ya que hace a la seguridad y salud de las personas”, agregó.
En tanto, Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, sostuvo que siempre pensó que “Ramírez no tuvo responsabilidades; la tragedia se produjo por razones de orden técnico y normativo y no administrativo”.
“Pero igualmente esta absolución que dictó la Justicia deja el amargo sabor de la impunidad. Porque de esta forma ya no quedan imputados en la causa, ni funcionarios ni concesionario. Las muertes no fueron un accidente; fueron un incidente producto de negligencias, desidias, y porque no, falta de transparencia”, añadió.
