Pablo Soria
Con manifestantes cuyo número estuvo por debajo de las expectativas pero con importante adhesión entre automovilistas y transeúntes que circulaban ocasionalmente, Rosario se sumó ayer al ruidazo nacional, la convocatoria de protesta en contra de los tarifazos del gobierno nacional.
La principal y más numerosa movilización se concentró en bulevar Oroño y Córdoba. Pero también, convocadas por la Multisectorial contra los Tarifazos, las manifestaciones se replicaron en las zonas sur, norte y oeste de Rosario.
En San Martín y Regimiento 11 la concentración repitió la modalidad de los otros puntos, como en las esquinas de Mendoza y Avellaneda, y Génova y Alberdi. Con manifestantes que golpeaban cacerolas y descendían a la calzada cuando el semáforo se ponía en rojo, sin interrumpir el tránsito, turnando la protesta en una y otra de las calles que se intersectaban.
El ruidazo se convocó por los aumentos entre 2016 y lo que va de 2018, que ascienden a un 200 por ciento en el servicio de agua potable, 540 por ciento en energía eléctrica, y 3.000 por ciento en la tarifa de gas, que vienen causando estragos en los sectores de la industria, el comercio y en los usuarios residenciales.
Dirigentes políticos, representantes gremiales, integrantes de organizaciones sociales, jubilados y vecinos en general se movilizaron en contra de las subas tarifarias. “Nos une el espanto y no el amor”, graficó Carlos Del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular.
“Por el impacto de los incrementos tarifarios, indudablemente se trata de una decisión política del gobierno nacional para favorecer a los empresarios amigos que se han quedado con la distribución del servicio de energía eléctrica y de gas”, reflexionó Miguel Zamarini, ex presidente del Concejo Municipal y actual referente rosarino del espacio Igualdad y Participación.
“A nivel provincial hay que hacer un llamado profundo a la reflexión para que los tarifazos no se sigan trasladando al pueblo. Las tarifas pueden ser pagadas por aquellos que nunca pagan impuestos. Por eso proponemos un fondo compensatorio y retrotraer las tarifas a noviembre de 2017. En cuanto al servicio de energía eléctrica, se podría hacer sin desfinanciar a la EPE”, consideró Del Frade.
Juan José Sisca, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), señaló que “estas tarifas no sólo no se pueden pagar en comercios de barrios como almacenes, verdulerías y panaderías, sino tampoco en empresas de años de trayectoria porque representan un saqueo muy fuerte”.
