Graciana Petrone
Más de 200 personas acompañaron este jueves en un “abrazo solidario” frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad –ex Comisión de Pensiones Asistenciales–, de San Lorenzo y Sarmiento, el reclamo de los trabajadores despedidos en el área Rosario. Si bien hubo representantes de distintas agrupaciones sociales, políticas y gremiales, la mayoría de los presentes son beneficiarios que forman parte de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En un escenario montado frente a la oficina que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hablaron, entre otros, a delegada de Pensiones Alicia Escudero y los trabajadores del Centro de Atención Local (CAL) despedidos, Lautaro Sarmiento y Javier Elola quienes llevan 15 y 11 años desempeñándose en el área, respectivamente.
Previo a comenzar el acto, Sarmiento habló con El Ciudadano sobre la necesidad de sostener la lucha por la reincorporación de los 70 trabajadores despedidos a nivel nacional, dada la importancia del programa de la Agencia, ya que, según dijo, “representaba el 80 por ciento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”.
“Son más de un millón y medio de pensiones asistenciales que se les otorga a los sectores más vulnerables de la sociedad como a madres con más de siete hijos, por vejez y discapacidad. A partir del desguace del organismo que este jueves reclamó frente a sede Rosario de la Agencia, se pasó una parte a la Ansés y quedó otra parte en el área de Discapacidad”, señaló Sarmiento.
Cabe recordar que el año pasado se dieron de baja más de 170 mil pensiones, lo que tuvo un impacto público muy fuerte, por lo que el gobierno tuvo que hacer un retroceso parcial. “Suponemos que se volvieron a otorgar unas 70 mil porque no nos dan información, pese a que hubo pedidos de informes al respecto por parte de los diputados nacionales”, añadió y aseguró que “este año hay 100 mil expedientes que están parados, y es la forma que han encontrado para no otorgar las pensiones, pasan de una oficina a otra y no dan respuesta a los beneficiarios”.
El trato diario y el conocimiento
“Mucha de la gente que está apoyando nuestro reclamo son beneficiarios que vienen todos los días, los sectores más vulnerables porque carecen de recursos económicos, padecen casos de discapacidad graves. Nosotros tenemos una relación muy buena con la gente porque nos ubicamos desde el lugar de los trabajadores y entendemos su reclamo, y nos parece justo y siempre que hay movilizaciones barriales y vienen a la sede nosotros los apoyamos”.
En cuanto a la respuesta que los trabajadores del CAL deben darle a la gente que día a día consulta por el estado de sus pensiones Sarmiento señaló: “No tenemos respuestas, el gobierno nacional está destruyendo el organismo. Las pensiones no salen, por lo que estamos llamando a la gente a organizarse y a luchar por la defensa del programa de pensiones. Es necesario que no lo destruyan porque precisamente es la principal herramienta para atender las demandas, sobre todo de salud, ya que estas pensiones vienen con un programa de salud que ahora se llama Incluir Salud –antes Programa Federal–. Esto agrava aún más la situación porque la gente se queda sin atención médica y no se tiene acceso a medicamentos. Hay abandono de persona, son situaciones en que la gente no puede esperar y nosotros tratamos de explicarles cuál es el panorama”, dijo a El Ciudadano.
“Nosotros conocemos cuál es la necesidad de cada uno de los que vienen a la sede, ya que yo hace 15 años que trabajo acá y mi compañero Javier Elola hace 11 y sabemos la historia de cada uno desde hace muchos años”, concluyó en diálogo con este medio antes de subir al escenario.
El inicio del conflicto
El lunes 17 de abril, casi un centenar de trabajadores de la Agencia Nacional de Pensiones se enteraron de una ola de despidos en distintas oficinas del país, entre ellas del CAL Rosario que funciona en San Lorenzo 1045. En total, son cerca de 70 trabajadores que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo como lo hacen todos los días, ya que en la sede central en Buenos Aires hubo varias patrullas de la Policía Federal con un listado en mano de los despedidos y los agentes le impidieron el paso.
“La mayoría de los trabajadores estamos precarizados. El grueso tenemos un mínimo 15 años de antigüedad y seguimos firmando contratos. Es una situación en las que legalmente tienen todas a su favor ya que el contrato puede ser despedido en cualquier momento. El caso de Lautaro es todavía más perverso porque él se presentó recientemente a un concurso de planta permanente, pasó la parte escrita, fue citado el día viernes para la entrevista final, le dijeron bienvenido a planta permanente y este lunes estaba incluido en un listado”, contó Escudero a El Ciudadano.
Con respecto a la precarización, la delegada consideró que “este tipo de contrato les sirve a las autoridades para despedirte en cualquier momento, sin ningún problema”.
Alerta también para beneficiarios
“Sabemos que es una realidad que está ocurriendo con todos los programas nacionales, no solamente el de Pensiones, todos los que dependían de Nación están inactivos o cerrados. Nosotros compartimos las instalaciones con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social como ayudas urgentes, talleres familiares, microemrpendimientos y medicación oncológica, entre otros, están todos cerrados por lo que estos compañeros están prácticamente sin funciones y se constituye en una antesala de futuros despidos”, aseguró.
“El programa de Pensiones, que es una necesidad, va prácticamente a desaparecer si continúan con esa política. Estos despidos son el corolario de un proceso de desguace. Por eso llamamos a los beneficiarios y a las organizaciones de discapacidad”, dijo.
“Vamos a ir a fondo por la reincorporación de los compañeros pero lo más grave y es lo que la gente tiene que saber, que está en discusión la desaparición de las políticas sociales. Un programa de Pensiones que ha dado respuestas por más de 20 años a todo un sector de la población de personas en situación de vulnerabilidad que requiere de ese programa, va prácticamente a desaparecer si se continúan con esas políticas”, añadió la delegada.
Adhirieron a la lucha por la reincorporación de los trabajadores referentes del Concejo Municipal de Rosario, la Comisión Interna de Acíndar de Villa Constitución, de Acíndar Rosario, los consejos directivos de ATE Rosario y Santa Fe, las juntas internas de Pami Rosario, ATE y Ansés. También La Junta interna del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, trabajadores de la Clínica Gamen, Luis Báez de Pueblos Originarios y presidente de la Asociación Mocoví Manatial y Hugo Centurión de Barrios Originarios de Rosario, entre otros.
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