La sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo marcó un antes y un después en materia de salud para las personas gestantes en Argentina. El acceso a este derecho fue una conquista colectiva y, con el objetivo de relevar si efectivamente se cumple, desde el Centro de Estudios de Población (CENEP) y el Guttmacher Institute en colaboración con FUSA Asociación Civil se realizó un estudio para conocer cómo se implementó la ley 27.610 en los dos primeros años de aplicación.
Se trata del estudio “Implementación de la ley de aborto en efectores públicos de salud: dos años de experiencias en Argentina (2024)”, que examinó la implementación de la ley 27.610 en efectores públicos de salud en las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Chaco a través de encuestas a hospitales, centros de salud y a informantes clave (funcionarios, directivos, personal de salud, representantes de organizaciones civiles y académicos). Como resultado, se identificaron tanto los avances como los obstáculos y desafíos pendientes para potenciar la accesibilidad y calidad de los servicios de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) e ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
“La investigación es el resultado de tres años de colaboración en un estudio que examina los avances y desafíos de los dos primeros años de implementación de la ley de IVE e ILE”, comentó Sarah Keogh, integrante del Guttmacher Institute.
El informe fue presentado el miércoles 3 de abril en FLACSO, en un evento donde participaron funcionarios públicos, periodistas y referentes de organizaciones de la sociedad civil. El evento contó con interpretación en Lengua de Señas Argentina, una herramienta clave para garantizar la accesibilidad de la presentación del informe.
Además de introducir el estudio, hubo un conversatorio llamado “Accesibilidad y obstáculos de los Derechos Humanos, con énfasis en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en el marco nacional y regional”, donde se expuso sobre la situación política y social, fundamentalmente enfocada en la vigencia de los derechos humanos y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en nuestro país con una perspectiva regional e internacional.
El estudio demostró que, si bien quedan desafíos pendientes para mejorar el acceso a la interrupción del embarazo, la ley 27.610 se aplica en las tres provincias analizadas.
Algunos datos destacados:
• En todas las provincias estudiadas, casi la totalidad de las interrupciones de embarazos fueron realizadas antes de las 14 semanas de gestación.
• Los efectores de salud recibieron misoprostol en cantidades suficientes de acuerdo a sus necesidades. El Ministerio de Salud de la Nación garantizó la distribución y disponibilidad adecuada del medicamento.
• Entre el 75-87% de los establecimientos de salud cuentan con profesionales capacitados en el uso combinado de misoprostol y mifepristona.
• El 90% de los hospitales cuenta con profesionales capacitados en Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
• Todos los establecimientos de salud que realizan abortos ofrecen gratuitamente algunos métodos anticonceptivos. Sin embargo, su adhesión post aborto es baja.
“Este estudio aporta una visión y un panorama de cómo fueron los dos primeros años de implementación en algunas de las provincias y esperamos que sean útiles para ver cómo reorientar, cómo resistimos y como continuamos”, señaló Georgina Binstock.
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