El pasado fin de semana se llevó adelante el panel “Aborto Legal 2020 hacia el debate parlamentario: Estado laico y objeción de conciencia”, organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Rosario.
Durante tres horas especialistas debatieron sobre estos dos temas y su impacto en relación con el acceso al derecho de aborto legal y no punible en nuestro país. El panel estuvo integrado por la diputada provincial Matilde Bruera, la secretaria de Género y Laicismo de la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) e integrante de Cael (Coalición Argentina por un Estado Laico) Analía Mas y Daniel Teppaz, médico tocoginecólogo, coordinador de redes de servicios de salud sexual y reproductiva de la Municipalidad de Rosario.
En el marco de un nuevo debate parlamentario sobre legalización del aborto voluntario en el país y el inminente envío de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por parte del Poder Ejecutivo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, regional Rosario, continúan informando a la comunidad y reflexionando sobre algunos puntos del proyecto de ley de IVE que presentaron en 2019 (octava presentación consecutiva en estos 15 años de existencia de la Campaña), proyecto que recoge el ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante el debate de 2018, así como los 15 años de organización y experiencia política de la Campaña, y que es resultado del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, feministas, de mujeres, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia.
“Hay que diferenciar la objeción de conciencia de las opiniones personales: estar en contra de la legalización del aborto no es argumento para ser objetor. Esto hay que tenerlo claro para tener claro que la objeción es un planteo excepcional, porque la norma es que las leyes son obligatorias”, comenzó definiendo la diputada Matilde Bruera.
“¿Por qué nos referimos a este tema en la cuestión del aborto? Porque no hay dudas de que es uno de los instrumentos que se utilizan para oponerse a las políticas de legalizaciones de interrupción legal del embarazo. O sea que no solamente hay una campaña en oposición a la legalización de la interrupción del embarazo, sino que hay una campaña contra el cumplimiento de las leyes vigentes, donde en muchos casos es delictivo, y en esta provincia hay ejemplos terribles como el de Ana María Acevedo”, siguió la legisladora
Bruera explicó que “la objeción de conciencia por definición es personal y jamás puede ser institucional”, como así tampoco se puede ser objetor y ocupar determinados lugares de poder. “No se puede ser jefe de un servicio y objetor. No se puede ser objetor y exigir la objeción a todo el personal médico”.
Daniel Teppaz se encargó de compartir la experiencia en la provincia de Santa Fe acerca de la implementación del Registro de Objetores de Conciencia, que está regulado por la resolución provincial 843/10, del año 2010.
“La objeción de conciencia, antes que un derecho, es un permiso que determinadas personas solicitan al Estado para el incumplimiento de la ley. Si hay algo que demostró la aplicación del Registro de Objetores de nuestra provincia es que la objeción no es un obstáculo en sí para que las mujeres accedan a los derechos sexuales y reproductivos, sino que el obstáculo pasa por el abuso y tiene que ver con el mantenimiento del poder de la corporación medica: cada vez que hablamos de objeción de conciencia estamos poniendo la conciencia como patrimonio exclusivo de los objetores y nos olvidamos de la conciencia de las mujeres y de los profesionales que por cuestiones de conciencia no podemos dejar a las mujeres abandonadas. Y una de las críticas a los registros es que nos centró en los objetores e implicó el descuido de aquellas personas que a conciencia estaban trabajando”, desgranó.
Teppaz destacó que, si bien hay condiciones para la implementación del Registro de Objetores ―como que debe ser público y que cada efector debe tener dispuesto visiblemente el padrón de sus objetores―, esto nunca se cumplió y significó también una traba para el acceso a las interrupciones legales del embarazo.
Al cierre de la jornada, Analía Mas centró su exposición en el Estado laico y el impacto de la Iglesia católica en el desarrollo de políticas públicas y conquistas de derechos: no solamente por el lobby y la intervención que esta institución ha hecho en relación al avance de derechos relacionados al colectivo feminista y LGBTTIQ+, sino también porque históricamente el Estado argentino ha financiado el culto y la Iglesia católica a través de un entramado legislativo que data de la última dictadura militar.
“El Estado argentino previó para 2018 un presupuesto de $ 176,5 millones, para pagar sueldos a 140 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas”, pero aclaró que, además de los sueldos, la suma real que se transfiere por otros conceptos ronda los 40.000 millones de pesos anuales.
Esto se determina también por fondos orientados a reparación de templos católicos, que en 2015 fue de 600 millones, y los subsidios a la educación privada, que implican un 13 % del presupuesto de educación, siendo el 80 % escuelas católicas.
Es por eso que manifestó la importancia de derogar las leyes que financian a la Iglesia y llevar adelante estrategias para avanzar hacia un Estado laico, es decir, neutral con respecto a las creencias religiosas, que garantice la libertad de pensamiento y conciencia, la no discriminación y la ampliación de derechos para todes.
Comentarios