A un año del atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti –en aquella noche en la que 14 balazos impactaron en la vivienda de Gallo y Darragueira mientras él miraba un partido de fútbol junto con su esposa–, la etapa de investigación judicial empieza a cerrarse.
La jueza Alejandra Rodenas, quien se hizo cargo del caso el 10 de febrero de este año, tras la renuncia de María Luisa Pérez Vara al Juzgado de Instrucción 5ª y la implementación del nuevo sistema penal, ya envió el pliego con las preguntas para que el gobernador responda por escrito durante la semana que comienza y, a partir de allí, entrará en la etapa final de la instrucción, que la llevaría –según fuentes judiciales– a emitir una resolución durante los próximos 30 días.
Cuando Rodenas se hizo cargo del caso ordenó que la investigación la llevara adelante la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). También pidió que se realizaran escuchas telefónicas, que fueron las que llevaron, entre otras pruebas, a la imputación de los dos detenidos que tiene la causa hoy, y el peritaje de las armas secuestradas, entre otras medidas, describió el vocero tribunalicio.
Los detenidos
En la causa se encuentran detenidos e imputados Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi, quien está sindicado como uno de los autores materiales del hecho, y el policía Pablo Alejandro Espíndola, a quien se le secuestró el arma calibre 11.25 que fue utilizada en la noche del 11 de octubre. Según los testimonios, esa noche fueron cuatro los autores de los disparos con dos pistolas y se movían en dos motocicletas.
El abogado defensor de Sandoval, Marcos Cella: le dijo a El Ciudadano: “Pruebas que vinculen a Emanuel con el atentado no hay ninguna. Y sea lo que sea que resuelva la jueza, va ser apelado”.
Este defensor también pidió en su momento que la causa pasara al fuero federal, pero ese pedido fue rechazado.
Los testimonios
La esposa del gobernador, Silvia Tróccoli, quien también estaba en la vivienda al momento de la balacera, ya declaró en sede judicial, donde vinculó el hecho con el combate al narcotráfico del gobierno que comanda su marido. En el mismo sentido se expresó Bonfatti pocos días atrás, en el canal de cable Todo Noticias: “Se dijo que el gobierno estaba recibiendo dinero de los narcotraficantes, cuando son los narcotraficantes los que aportaban dinero a quienes atentaron contra mi casa”, afirmó.
Se presume que en las respuestas que girará al juzgado que comanda Rodenas, Bonfatti insista en esa postura. Ese cuestionario contiene preguntas de la jueza, de los fiscales y de los defensores de los imputados.
Durante esta semana que comienza se cumple el plazo de cinco días, por lo cual las respuestas del gobernador llegarán pronto a manos de Rodenas.
Una declaración postergada
En relación con la declaración del gobernador, se generó una polémica. Bonfatti está amparado en el artículo del Código Procesal Penal santafesino que establece la prerrogativa al mandatario y ministros de declarar por escrito mediante oficio. Sin embargo, la defensa de uno de los imputados solicitó que lo hiciera en el tribunal, lo que provocó que la jueza Rodenas tuviera que resolver. Finalmente decidió que lo hiciera por escrito.
Para uno de los fiscales del caso, Cristina Herrera, este pedido del abogado generó “un impasse” y demoró la resolución final de la jueza, que deberá definir en los próximos días si considera que con las pruebas reunidas hay mérito suficiente como para procesar a los imputados.
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