El gobierno nacional determinó que los costos que demanden los operativos y las tareas encomendadas a las fuerzas de seguridad en causas por delitos complejos deberán ser pagados por los mismos delincuentes y volverán a las arcas del Estado. Esta iniciativa se aplicará a narcotraficantes, contrabandistas, falsificadores o tratantes de personas.
El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich oficializó este miércoles la instrucción a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval para que informen a las autoridades judiciales los gastos que demanden las tareas encomendadas en esas causas, con el objetivo de “que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso” y vuelvan a las arcas del Estado.
De esta manera, los acusado deberán pagar las pericias, traslados, narcotest, tareas de intervención telefónica o pericias contables, entre otras medidas que se ejecuten durante la investigación y no se esperará a que las causas cuente con un fallo definitivo sino que en algunos casos se presentará medidas cautelares intermedias para lograr incautar los bienes de los malvivientes en medio del proceso judicial.
La medida, dispuesta a través de la resolución 49/2018 y publicada en la edición del martes del Boletín Oficial, busca “recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigación o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares”.
El objetivo es que los gastos de los procedimientos “sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, conforme lo prescripto en el artículo 533 inciso 3º del Código Procesal Penal de la Nación”, indica la disposición.
Para justificar la decisión, la cartera de Seguridad sostiene “que hoy la lucha contra el delito debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por su alta eficacia y eficiencia en la consumación de los objetivos”.
En ese marco, añade en los considerandos que “estos tipos de delitos, en donde la organización y metodología torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la determinación de la responsabilidad de cada uno, pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento”.
Por lo tanto, señala la resolución firmada por Bullrich, “sería conveniente que esos recursos ingresen al Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales”.
Asimismo, argumenta que “la medida tiende a poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía judicial como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra”.
