El Senado provincial inició ayer una ronda de consultas con entidades productivas con el objetivo de recabar opiniones sobre el proyecto de reforma tributaria que promueve el gobierno de Antonio Bonfatti. En la primera reunión, de la que participaron referentes de la Confederación Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y de la Federación Agraria Argentina (FAA), los senadores recogieron opiniones negativas respecto del aumento del impuesto Inmobiliario Rural, una de las principales medidas que pretende imponer el Ejecutivo.
“El productor tiene la tierra para producir, no para vender”, declaró el titular de Carsfe, Rubén Ferrero, quien tildó de “desmedido” el incremento del impuesto Inmobiliario que llegaría, de sancionarse la reforma, al 600 por ciento para los propietarios de grandes superficies. Las entidades agropecuarias rechazan el proyecto con el argumento de que el gobierno pretende gravar el patrimonio y no la producción, sobre la cual ya tributan impuestos nacionales.
“Los productores creemos que es necesario pagar lo justo. La provincia necesita actualizar el impuesto Inmobiliario; lo estamos analizando. Lo que se discute es un aumento desmedido del avalúo fiscal que lleva relacionado impuestos nacionales que no se correlacionan con la producción. No se tiene en cuenta el valor productivo sino el valor inmobiliario”, añadió Ferrero. “Si se elevan los valores de la tierra a los valores inmobiliarios, sin tener en cuenta el valor productivo, muchas explotaciones van a tener una rentabilidad nula”, consideró.
Las consultas que llevan adelante los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores continuarán la semana próxima con representantes de la industria y del comercio. La intención de los senadores es estudiar el proyecto oficial para incorporar las sugerencias que surjan de las reuniones con las entidades productivas.
Con argumentos idénticos a los de Carsfe, la Sociedad Rural de Rosario (SRR) también rechazó el aumento del Inmobiliario Rural: “Hay que tener en cuenta el valor productivo y no el inmobiliario”, sostuvieron en un documento difundido ayer. Según la SRR: “Los productores agropecuarios son discriminados impositivamente. Nuestros productos tienen impuestos a las ventas (retenciones) con altos porcentajes, como en el caso de la soja, de hasta el 35 por ciento. Pero también pagamos todos los impuestos que pagan los otros sectores: Ganancias, Bienes Personales, impuesto al Cheque, hasta Ingresos Brutos en algunos casos, impuesto Inmobiliario y tasa comunal por hectárea”.
“Hay que tener en cuenta que la renta sobre la tierra está en no más de un 2 ó 3 por ciento; es decir, quien compre una hectárea, necesitará bastante más de 35 años para pagarla con su renta. Esto nos está indicando que la tierra ha pasado a ser un refugio de inversión”, agregó la Rural.
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