La decisión aún no oficial del gobierno nacional de instar a los comercios del país a aceptar tarjetas de débito y crédito como alternativa al pago en efectivo debido a la escasez de billetes, desató la polémica en las distintas asociaciones que nuclean a los comerciantes de la ciudad. En su mayoría a favor de las bondades del sistema de pago –rapidez y seguridad derivada de no cargar con efectivo–, piden que se persiga a los negocios que no pagan impuestos y que, en el caso de que la medida se materialice en forma definitiva, se elimine el gravamen a las acreditaciones bancarias (Sircreb).
Anteayer el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, se reunieron para lanzar en las próximas semanas una serie de iniciativas que moderen la demanda de billetes. Según adelantaron medios de comunicación nacionales, la principal sería que los comercios catalogados como responsables inscriptos en la Afip –exentos los monotributistas– deberán aceptar tarjetas de débito y crédito, como alternativa al pago en efectivo, que hasta ahora era opcional. La iniciativa no sólo intenta disimular el faltante de billetes, sino que también implica un fuerte estímulo al combate contra la facturación en negro. Es que no es posible evitar la entrega de una factura cuando se paga con tarjeta de débito o crédito.
En diálogo con El Ciudadano, el titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Elías Soso, sostuvo que “no es malo que una sociedad se bancarice”. De acuerdo con Soso, gran parte del mundo implementó el servicio de pago electrónico dado que brinda seguridad y rapidez. “Lo malo es perseguir el trabajo y la facturación en negro desde las pymes, mientras que existe un complejo como La Salada, que dice mover más de 500 millones de pesos por día. Ahí debe empezar la evasión fiscal”, disparó el representante máximo de la Asociación Empresaria de Rosario, quien aseguró que en muchos casos los costos operativos son muy altos para los pequeños empresarios. “El problema que compartimos con el gobierno es la falta de regularidad de los estados contables de cada negocio. El ejercicio del poder de Policía que tiene el Estado no puede caer primero sobre una parcialidad mínima como las pymes”, aseguró Soso, quien indicó que hoy en día el 80 por ciento de los negocios en la Argentina trabajan con tarjetas de crédito y débito a partir de la proliferación de ofertas y descuentos que las mismas tienen.
En sintonía con la apreciación del empresario, Fabio Acosta, secretario general de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de Rosario, indicó: “Cuando el juego sea parejo podemos empezar a pensar en estrategias de incorporación de los comercios barriales en un largo plazo de adaptación. Es difícil que ellos se incorporen porque en los barrios no se manejan con plástico”.
Impuestos y costos
Eco de la polémica, desde el Centro Unión Almaceneros, Juan Milito se pronunció en contra de la imposición del sistema de terminal electrónica. “Desde el punto de vista macroeconómico, entendemos, más allá de lo sectorial, que la bancarización de los pequeños comercios traslada los problemas económicos para los comerciantes y los consumidores. Las rebajas las terminan pagando los sectores que menos tienen”, aseguró. Además, apuntó Milito, el costo fijo del servicio junto a la carga impositiva que estas transacciones llevan –entre 4 y 5 por ciento– representan valores muy altos para los pequeños comercios. “Si bien algunos tienen tarjeta, la realidad es que al momento de la facturación el 5 por ciento de descuento por las transacciones por medios de tarjeta de crédito y débito es mucho si se piensa que hay que sumarle el resto de los impuestos”, señaló el representante del Centro Unión Almaceneros. De acuerdo con Milito, la mayoría de los negocios chicos funcionan con los mayoristas, que reciben los descuentos y el tiempo de cobro del dinero de las transacciones es instantáneo. “No es una cuestión de tiempo de espera para cobrar, sino de los costos del servicio y los impuestos”, concluyó.
Según informaron desde una de las empresas que provee del servicio en la ciudad, el costo mensual de una terminal telefónica es de 125 pesos, y que no se precisa gastos de instalación. En tanto, las terminales inalámbricas tienen un costo de un 40 por ciento más. “Desde la administración de Domingo Cavallo en 2001, existe una resolución –número 1166– que determina un recupero mensual de 30 pesos. Sin embargo, nunca se actualizó este monto y al sucederse los procesos inflacionarios, quedó sin el efecto deseado. Antes representaba casi un 33 por ciento del costo mensual de la terminal, ahora a penas llega al 25 por ciento. Una posible solución para que sea más atractivo a los comerciantes pequeños es la actualización del recupero a 45 pesos por lo menos”, analizó Alejandro Riff, del grupo Datamecsa (empresa proveedora de Postnet, que junto con Visa posibilitan el pago electrónico), desde donde se calcula que habrá 25 mil conexiones de Posnet en la provincia de Santa Fe. Según señala Riff, la empresa registró un alza en pedidos de aparatos durante los últimos 3 años cuando comenzó a implementar la tarjeta social, que permitía movimientos con “plástico” en barrios de bajos ingresos.
En tanto, Saúl Eluk, de la Asociación de Comerciantes de Echesortu, sostuvo que “el 100 por ciento de los comercios deberían tener el sistema de Posnet aunque es necesario que bajen los costos bancarios”. De acuerdo con Eluk, se debe que eliminar el Impuesto sobre las Acreditaciones Bancarias (Sircreb) de 2,5 por ciento o la tasa del 3,5 por ciento en Ingresos Brutos también sobre “plásticos”. “Es una doble imputación provincial, que representa mucho dinero para el comerciante”, afirmó y advirtió que en la actualidad, un 90 por ciento de las compras son en crédito y débito.
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