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A Expreso Júpiter no se le alinean los planetas: la Justicia dispuso la liquidación de bienes

La empresa transportista, de Arijón 670, está bajo administración judicial desde hace 10 años y 65 trabajadores, pese a que incluso ya tienen la matrícula como firma cooperativa, quedarán en la calle. "Vamos a dar nuestra propia pelea para mantener todas las fuentes laborales", dijo un empleado

La histórica firma Expreso Júpiter, de Arijón 670, que hace traslados de productos y mercaderías (sobre todo del rubro textil) tiene los días contados. Este lunes, 65 trabajadores directos e indirectos quedarán en la calle ya que por una orden judicial se dispuso la liquidación de bienes de la empresa. «Si el juez de la causa hubiera dictado la quiebra podríamos seguir con la actividad bajo la gestión de una cooperativa. A fines de junio nos entregaron la matrícula. Ahora, vamos a dar nuestra propia pelea para mantener todas las fuentes laborales. No vamos a ceder el terreno», dijo a El Ciudadano Sebastián Corvalán, uno de los empleados.

Los problemas en la empresa, con base en barrio Saladillo, empezaron en 2009 con la muerte de sus fundadores Juan Manuel Fuster y Julio Francés. A partir de allí hubo dificultades para llegar a acuerdos de mayorías de las asambleas, por lo que nunca se pudo designar a un gerente.

La firma de zona sur está bajo administración judicial desde hace unos 10 años, luego del pedido de disolución que hicieron los herederos de uno de sus fundadores.

Ante ese escenario, el juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 a cargo de Néstor García designó a varios administradores, uno de ellos, recuerdan los trabajadores, había sido condenado por la Justicia por diversos delitos. En los años bajo administración judicial se retuvieron aportes de los empleados y se incumplieron obligaciones impositivas, sin que el tribunal interviniente tomara medidas al respecto, añadieron.

El personal planteó su intención de recuperar la empresa y, según señalaron, recibió siempre respuestas negativas del juez que lleva la causa, al que luego denunciaron por haber permitido los incumplimientos tributarios y de derechos laborales.

«El actual administrador de Júpiter nos avisó que el próximo lunes 28 vendrá el ya designado liquidador y un Oficial de Justicia a cerrar los galpones. Los trabajadores no nos vamos a ir. Nunca dejamos de trabajar. Fue una excepción porque dado el fallo de liquidación de bienes tendría que estar cerrada la empresa. Pero lo conseguimos en una audiencia y el juez nos dejó seguir trabajando», explicó el empleado.

Sebastián trabaja desde hace más de 15 años en el Expreso y contó que a fines de junio el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) les entregó la matrícula como «Cooperativa de Trabajo Expreso Júpiter Limitada».

«Como cooperativa estamos en condiciones de empezar a trabajar y facturar en 24 horas. Pero si no tenemos los medios, es decir, los galpones y los camiones, es imposible», lamentó el hombre que trabaja en el área de logística.

Sebastián dijo que el único objetivo es mantener los puestos de trabajo que entre Rosario y Buenos Aires suman 65 familias. «No nos vamos a ceder los galpones. Vamos a dar lucha hasta el final», agregó.

Se duplicaron los pedidos

Uno de los puntos a destacar, remarcó el empleado de la firma, es que durante la pandemia se duplicaron los pedidos. Corvalán contó que Expreso Júpiter tiene una sucursal en el barrio La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, la cartera de clientes más amplia y entrega pedidos a la principales firmas: en los shoppings Alto y Portal Rosario, en las peatonales y en los locales de las galerías, entre otros.

«Hay trabajo. La empresa da ganancias y hasta podríamos comprar dos camiones por año cero kilómetro», aseguró el empleado de la firma de transporte.

Según contó el trabajador, la firma tiene una deuda impositiva superior a los 100 millones de pesos en la Administración Federal de Impuestos (Afip), en concepto de aportes de la seguridad social.

Proyecto de expropiación trunco

Corvalán recordó que hubo un proyecto para obtener la expropiación de la empresa de logística, que fue presentado en la Legislatura por Joaquín Blanco, diputado del bloque socialista, y Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular. Pero no prosperó: si la Justicia la hubiera expropiado, debería haber suspendido el proceso de liquidación de los bienes y pasarlos a manos de la cooperativa de trabajo.

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