En modo silobolsa: la venta de soja hacia el exterior o al complejo oleaginoso local totalizó hasta mayo el 38 por ciento de la producción estimada para la cosecha 2016-2017, contra el 46 por ciento en igual período del año pasado, de acuerdo a analistas agropecuarios. La estrategia, en un mercado global con precios a la baja, es la de siempre: retener para que la contracción de la oferta levante los valores internos y esperar una mejora de los internacionales para comenzar a exportar. Los dólares que inyectaría “el campo” a la economía argentina, como prometió el gobierno cuando quitó carga fiscal al sector, siguen en veremos.
La superficie de cosecha estimada para este año es de alrededor de 57 millones de hectáreas. Hubo demora en levantar lo implantado, por las malas condiciones climáticas. El proceso arrancó hace unas semanas y evidenció la reticencia de los productores a vender. Mala para el gobierno nacional, que apostó –desde el mismo inicio de la gestión Cambiemos– al agro como protagonista de una recuperación económica desde lo que acusó como un descalabro de las administraciones kirchneristas. Para ello, redujo las retenciones a la exportación –y en el caso del trigo las eliminó– con el fin de tentar a los productores a incrementar superficie de cultivo y aportar divisas. “El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema”, resumió la lógica el presidente Mauricio Macri al inaugurar la Exposición Rural de Palermo el año pasado.
Fue una transferencia de recursos del Estado nacional hacia los productores y exportadores que el Centro de Economía Política Argentina estimó en 70 mil millones de pesos al cabo de 2016. Puro gasto: esa mayor rentabilidad a costa de los recursos públicos no se tradujo en un cambio de la operatoria especulativa.
Con la reticencia a vender lo cosechado al complejo oleaginoso –asentado principalmente en Santa Fe– o directamente a los exportadores, los productores resisten una baja del precio internacional basada, entre otros factores, en las altas ventas de Brasil tras la devaluación del real.
Lo que sigue es una puja entre productores y procesadoras-aceiteras-exportadoras, que podrían acotar la demanda ante la menor rentabilidad en su negocio (precios internacionales retraídos e internos sostenidos). Otra vez oscilaría la balanza. El punto de equilibrio dependerá del poder relativo de cada sector.
Llegan tarde y se van
Cualquiera sea la tendencia a mediano plazo, los brotes verdes parecen no entregar billetes del mismo color. En parte, por las propias medidas oficiales: en enero pasado, el gobierno oficializó la tercera extensión –esta vez a 10 años– del plazo para liquidar divisas por exportaciones. Otro guiño a los sectores industriales y agropecuarios con el argumento de “fortalecer la competitividad” y “mejorar la capacidad de financiamiento”. Llegarán más tarde. Y nada garantiza que apunten a mover la estancada economía con inversiones y consumo interno: según el último balance cambiario del Banco Central, en el primer cuatrimestre de este año los pagos relacionados con gastos turísticos llegaron a 4.377 millones de dólares, con lo que consumieron el 53 por ciento del ingreso de divisas por el cobro de exportaciones de cereales y oleaginosas (8.273 millones de dólares en igual lapso).
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