Marcos De Carlo
Leandro Goldsack estaba el domingo en su casa de la ciudad de Santa Fe cuando 20 uniformados en tres patrulleros irrumpieron en su domicilio, allanaron su vivienda, le quitaron su celular, lo retiraron esposado y lo trasladaron los casi 180 kilómetros que separan la ciudad capital con Rosario para alojarlo en una celda de la comisaría quinta. ¿El motivo? El psicólogo no se presentó el sábado a declarar como testigo en una causa. La reacción desmedida de la Justicia y la Policía santafesina fue denunciada por Siprus, gremio de los profesionales de la salud del cual Goldsack es secretario general de la Regional Santa Fe, al considerarlo un amedrentamiento y un caso de violencia institucional.
“La tarde del domingo 13 de septiembre Leandro Goldsack fue detenido y trasladado esposado a la ciudad de Rosario para ser alojado en un comisaría con el pretexto de que en la ciudad de Santa Fe no había lugar”, denunciaron desde Siprus. El gremio de los profesionales de la salud sostuvo que el miembro del Consejo Directivo Provincial “fue víctima de violencia institucional por parte de la Justicia y de la Policía de la Provincia de Santa Fe que actuó por orden del fiscal Matías Broggi”.
El requerimiento de la Justicia a Goldsack deviene por su desempeño profesional. El psicólogo, quien ahora cuenta con licencia gremial, atendió a una persona en el año 2016-2017 por la cual se inició una investigación judicial que tiene relación con lo relatado por el paciente en su consultorio. Para ello, Goldsack fue citado el jueves por el fiscal Broggi para que declare el día sábado. No se presentó y eso motivó el exagerado operativo que culminó con el profesional tras las rejas en la comisaría 5ta rosarina de Italia al 2100.
“Para realizar el procedimiento la Policía actuó como si el psicólogo Leandro Goldsack fuera un delincuente, arribando a su domicilio con tres móviles policiales y 20 oficiales uniformados y armados, allanando su casa particular y reteniendo su teléfono celular”, indicaron desde el gremio. “Dicho procedimiento se fundamentó en la supuesta negativa de Leandro a colaborar con el fiscal Matías Broggi como este pretendía en un caso que está investigando. Este accionar policial y judicial constituye un claro acto de abuso de poder hacia el profesional de la salud. Consideramos este procedimiento de arresto, allanamiento y secuestro de objetos personales como un hecho de violencia institucional sin precedentes“, expresaron.
En diálogo con El Ciudadano, la secretaria de Organización de Siprus, Viviana Tomás, consideró: “Fue de una brutalidad inusitada, sin precedentes, tratar a un trabajador de la salud, a un profesional, como un delincuente. Iba a parar a una celda común con no sé cuántos presos más y por varios días si no hubiéramos intervenido para evitar esta barbaridad que se estaba haciendo de parte del Poder Judicial y la Policía”. “Claramente es un abuso de poder, que lamentablemente tiene un tenor aleccionador, intimidatorio”, agregó la dirigente gremial, quien contó que por las gestiones realizadas Goldsack fue liberado el domingo por la noche.
“Nos preocupa el tenor aleccionador de las actuaciones realizadas enviando un claro mensaje intimidatorio y disciplinador al resto de les profesionales que desempeñan sus funciones tanto en el ámbito público como en el privado y que siempre han estado al servicio de la comunidad y más aún en este escenario de pandemia. Este tipo de accionar de la Justicia y la Policía, con este nivel de violencia y amedrentamiento contra un trabajador profesional de la salud, insistimos, no tiene precedentes en la historia de la vida democrática de la provincia de Santa Fe”, sostienen desde Siprus.
“Lo más triste de esto es que los trabajadores de la salud que siempre estamos en la trinchera y que estamos poniendo en juego nuestra salud y seguridad por nuestro trabajo, no se nos brinda la seguridad que se necesita por todos los riesgos que corremos por el mismo ejercicio de la tarea y además somos maltratados por el Estado”, amplió Tomás.
“Les trabajadores del Estado Provincial nos sentimos abandonados y sin protección ante las innumerables veces en que estamos expuestos a situaciones de violencia en la diaria labor y ahora también maltratados por la Policía y la Justicia provincial. Hacemos responsable a la Justicia y al poder político de que detenga el proceso de amedrentamiento a nuestro compañero. No estamos dispuestos a soportar ni vamos a permitir el maltrato a ningún/a trabajador/a. Solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Justicia y del Fiscal General de la provincia para resolver esta situación”, concluyeron.
En ese sentido también se expresó la secretaria general de Siprus Rosario, María Fernanda Boriotti, quien remarcó que aún hay cuestiones “no resueltas” en el trato de los profesionales con la Justicia. Hay dos situaciones que preocupan puntualmente al gremio, una es la falta de protección cuando son citados a declarar como testigos y la otra es cuando son forzados a realizar tareas para las cuales no están preparados por parte de la Policía y el Poder Judicial.
“En las ciudades grandes no se ve pero en los lugares chicos sí, ante la escasez de médicos policiales o psicólogos policiales, obligan a ir a profesionales que por ahí no están capacitados a escenas del crimen, al lugar de los hechos a trabajar, con el riesgo que ello implica de que se cometan algunos errores en la labor”, explicó.
Boriotti indicó que se sienten desprotegidos a la hora de ser citados a declarar por diferentes casos. La dirigente gremial contó un caso que tuvieron puertas adentro de Siprus: “Nos ha pasado con una psicóloga, cuando la citaron a declarar como testigo en una causa por violencia de género y la pareja cuando salió se la agarró con la profesional diciendo que por ella la mujer lo había denunciado”. Por lo que consideró imperioso la creación de protocolos para terminar con estas situaciones donde, por ejemplo, en vez de presentarse a declarar el profesional, lo haga el responsable regional.
Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con Vanesa Castillo, una docente asesinada en febrero de 2018 (por estos días comenzó el juicio) por involucrarse a ayudar a una de sus alumnas de 12 años en un caso de violencia y abuso intrafamiliar. La docente, quien dictaba clases en una escuela del barrio de Alto Verde de la capital provincial, acompañó a la niña en el proceso de denuncia y se presentó como testigo. Poco tiempo después Vanesa fue apuñalada, una de las hipótesis es que el asesinato estuvo vinculado a su denuncia y buscaba un efecto disciplinador.
Esas situaciones motivaron la denominada ley Vanesa, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, que busca proteger a las/os agentes estatales denunciantes o vehículos de los develamientos, otorgar garantías tanto para las niñas y niños abusados, como para quien les acompañan en el recorrido de búsqueda de Justicia y reparación.
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