Guillermo Correa
Lo que no pudieron años de advertencias y protestas de organizaciones ambientalistas y colectivos vinculados al río Paraná lo logró el capricho del viento y la pandemia de coronavirus: con la costa rosarina teñida de una densa niebla blanca cada amanecer, finalmente se produjo este viernes una reunión de alto nivel entre la Nación, dos provincias y el municipio para atender y enfrentar, “definitivamente” la problemática del fuego en las islas del Alto Delta.
Es que esta vez no fue diferente la devastación del ecosistema, pero sí es novedad, además del marcado entorpecimiento del tránsito fluvial y terrestre en la región, que las nuevas quemas, con su cóctel de humo y vapor de agua, se hayan generado en medio de la enfermedad respiratoria más contagiosa: mientras el Covid-19 mantiene en vilo al mundo, en la costa local se agravan todos los síntomas, aun los de quienes no están contagiados, y todo por meros intereses agropecuarios, según se sospecha.
En la noche de este viernes, y al tiempo que se estaba discutiendo la problemática, había cuatro focos activos, y oficialmente se midieron 2.700 en lo que va del año, lo que evidencia que no hubo cuarentena para las llamas ni quienes las encendieron.
Ante semejante escenario, ayer el destacamento local de la Prefectura Naval fue el territorio elegido para que una veintena de funcionarios de la Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y de la Municipalidad de Rosario se abocaran exclusivamente al tema del fuego. Del cónclave participaron el secretario de Articulación Federal de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, el ex Cascos Blancos Gabriel Fuks; la secretaria de Relaciones Interjurisdiccionales del Ministerio de Ambiente nacional, Florencia Gómez; el funcionario del Ministerio de Agricultura Hernán Rachid; el la Dirección Nacional de Vialidad Patricio García, entre otros enviados por la Casa Rosada.
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Por Entre Ríos se sentó el secretario de Ambiente provincial, Martín Barbieri; por Santa Fe la ministra de Ambiente, Erika Gonnet, y su par de Justicia, Esteban Borgonovo, y por Rosario el intendente Pablo Javkin, el secretario General, Gustavo Zignago, y el senador provincial del departamento, Marcelo Lewandowski, entre otros.
Los ejes de la reunión fueron tres: la declaración de crisis ambiental, el trabajo conjunto entre los Estados en sus diferentes niveles, y las sanciones a aplicar. Y el primer dato que surgió fue la confirmación de que dos aviones hidrantes aportados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego comenzarán a trabajar en lo inmediato y durante los próximos 50 días para combatir todos los focos declarados y los que puedan surgir, si lo hacen.
La reunión culminó con la firma de un acta acuerdo, cuyos compromisos son los más profundos establecidos hasta ahora entre las partes. Sin embargo, habrá que ver en la práctica si alcanzan para dar solución a un problema ya histórico, que se agravó de manera indetenible a partir de la apertura del puente Rosario-Victoria.
La traza que de a lapsos funciona casi como una cinta transportadora de ganado, cuyo engorde propicia la conversión de montes, selvas de galería y vegetación del delta en campos de pastizales vía la quema total. Incluso con intentos de agricultura intensiva dentro del humedal, terraplenando y secando cursos de agua.
La destrucción del medio ambiente generó esfuerzos a nivel del Estado local y de la provincia que no llegaron a contrapesar: los daños tenían lugar en otra jurisdicción, y sólo la Nación podía articular, con recursos, una vía de solución. Y esa herramienta busca ser el acta acuerdo rubricada ayer, que en su primer ítem fija un plazo de 90 días “para establecer mecanismos de entendimiento para abordar la problemática de los incendios del Alto Delta del río Paraná, comprometiéndose a la colaboración recíproca y al trabajo articulado para la resolución consensuada de las causas de los incendios y la definición de las respectivas estrategias de intervención”.
Mientras tanto, según establece el texto, la cartera de Seguridad de la Nación aportará su infraestructura para generar “sistemas de información y seguimiento en línea de los incendios y otro tipo de situaciones que ameriten procedimientos de intervención”. Y en ese punto la Nación acordó “situar, de manera fija, dos aviones de combate del fuego en la ciudad de Rosario”.
En tanto, la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca se comprometió, en forma directa y a través del Inta y del Senasa (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Servicio Nacional de Sanidad Animal), en la implementación de “prácticas de manejo forrajero y ganadero alternativas, que eviten o reduzcan el uso del fuego”, sea a través de proyectos o de programas específicos (es decir con financiamiento) para la capacitación y asesoramiento “in situ”.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “en el marco del relanzamiento del Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) y de la futura declaración de zona crítica de protección especial de la zona interjurisdiccional entre Santa Fe y Entre Ríos a requerimiento de las autoridades provinciales” aportará “instrumentos de teledetección continua de focos de calor” y llevará adelante un nuevo “ordenamiento territorial”, no unilateral sino “articulado con el sector productivo”.
En tanto, la Dirección Nacional de Vialidad también se planteó un lugar en la tarea conjunta: “acciones que incrementen los niveles de seguridad en la ruta nacional 174 –el eje vial Rosario-Victoria– “a través de la implementación de sistemas de vigilancia remota y cartelería vial informando las prohibiciones vigentes en materia de prevención de incendios”.
En lo que les toca a Entre Ríos y Santa Fe, los dos gobiernos justicialistas se comprometieron a “establecer canales de articulación” con los ministerios nacionales involucrados “a efectos de abordar de una manera sistémica la problemática de los incendios”, esto es “identificando sus causas y generando estrategias de intervención consensuadas”. La tarea, a ojos de las ONG ambientalistas, es titánica sino imposible: la idea es armonizar de algún modo “la gestión del riesgo, la actividad agrícola y ganadera y el cuidado del medio ambiente”.
De igual modo da una punta con la constitución de una Brigada Interjurisdiccional de Monitoreo y Fiscalización para atender la situación. Este nuevo cuerpo, al que se integrará también la Municipalidad de Rosario con “recursos materiales y humanos” se encargaría de hacer cumplir una premisa que generó estupor: “decretar la suspensión total de la quema por un período de 180 días”.
Con todo, el final del documento da cuenta del compromiso de las partes a hacer un “seguimiento conjunto de las acciones” y a reunirse para evaluar su desempeño antes de los tres meses por los que regirá el pacto interjurisdiccional. En esa nueva cita, se espera, se acordarán ya “mecanismos estables” para mantener el problema bajo control, y con funcionarios designados por cada nivel del Estado específiciamente abocados a la cuestión.
Ahí están, esos son
“Queremos la identificación de los productores, porque no son necesariamente de Entre Ríos. El fiscal de la provincia de Entre Ríos tiene identificados a algunos”, presionó el intendente Pablo Javkin. Es que, como en otras ocasiones en las que se desató el problema, el reclamo volvió chocar con el mismo escollo: los escasos recursos que tiene la Municipalidad entrerriana de Victoria para hacer frente a la situación, y el bumerán que afirma que los propiciadores de las quemas son residentes rosarinos que llevan así adelante sus explotaciones agropecuarias en las islas, en forma legal o no.
Javkin destacó la reunión que tuvo lugar este viernes: “Es un trabajo que de este modo no se había hecho nunca, con tantas áreas de Nación trabajando junto a la provincia de Santa Fe, la de Entre Ríos y el municipio, con presencia en la ciudad y esperemos que nos permita salir de la situación que estamos viviendo en este momento. El trabajo en conjunto abarca todos los aspectos, algunos de la emergencia con presencia por vía área para poder intervenir los focos. Además, aspectos más a fondo en relación a lo que se permite o no y al cómo regular la actividad de las islas”, se esperanzó el intendente.
Y agregó: “Además, vamos a contar con una herramienta tecnológica que aportó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que permite hacer el seguimiento foco por foco, día por día, más el aporte que hicimos de algunas novedades de la causa que realizamos para identificar los propietarios de los terrenos. Es un gran avance que hace tiempo no teníamos”.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente de la provincia, Erika Gonnet, pidió la declaración de emergencia ambiental –o de “zona crítica”– por los incendios, tema que debe ser tratado con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.
“Necesitamos más herramientas. Si no las tenemos, todo va a ser más lento. Para los que vivimos en esta zona esto no es de ahora, y se ha agravado por la situación ambiental. La baja extraordinaria del río y la sequía hace que esto sea más notorio”, explicó Gonnet.
Y, como Javkin, reclamó “ponerles nombre y apellido a los responsables de las quemas”, y aunque admitió no contar con información de catastro, aclaró que no va a tener ningún problema “en decir si alguno de los que prenden fuego en la zona de islas son santafesinos”.
“Hay un montón de herramientas legales, por algo el intendente de Rosario presentó denuncias, y por algo hay leyes que dicen que no hay que prender fuego. Lo que hay que hacer es incrementar los controles y sancionar sobre esos controles. Y si hay que aplicar sanciones más graves, hay que hacerlo”, concluyó Gonnet.
Por su parte, el ministro de Justicia, Esteban Borgonovo, marcó que “la zona afectada es la más poblada de la provincia”, y se esperanzó con que esta vez se resuelva el problema. “Celebro la presencia de Nación, con todas sus áreas presentes, creemos que es importante la declaración de zona crítica para tener potencia jurídica y política, y poder accionar con todos los recursos que tenemos”, explicó.
En el horizonte, un Parque Nacional
En paralelo y en coincidencia con la reunión por los incendios en las islas, el colectivo El Paraná no se toca, una de las organizaciones más activas en cuanto a las denuncias con pruebas fotográficas y relevamientos de acciones lesivas al medioambiente como terraplenes, secado de arroyos, tala de montes y más, protagonizó ayer una protesta en la bajada Gallo y la costanera, en La Florida, donde sus integrantes reclamaron el cese de quemas y la declaración como Parque Nacional al humedal de las islas frente a Rosario, asociándolo con el Parque Nacional Alto Delta (en Diamante, Entre Ríos) y al más reciente Parque Nacional Islas del Paraná, frente a Puerto Gaboto.
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