Ezequiel Nieva
Para la sesión del Senado de este jueves 4 de junio tiene preferencia para ser tratado el proyecto Poder Ejecutivo por el cual la provincia de Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo (ley de ART). Se trata de una ley impulsada inicialmente por el macrismo, a la cual se oponen desde el principio los sindicatos y los especialistas en derecho laboral.
En la sesión del 14 de mayo, los senadores del PJ Armando Traferri y Alcides Calvo pidieron una preferencia de tratamiento para el jueves 4 de junio. El proyecto, cuya aprobación pidió en el mes de marzo el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni durante una audiencia en el Senado provincial, fue enviado a la Legislatura por el gobernador Omar Perotti.
La iniciativa apunta a la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley nacional 27.348, complementaria de la Ley Nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. La ley nacional 27.348 fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri y modifica el esquema de trabajo de las ART.
A fines de 2018, después de varios reclamos de la Nación, el entonces gobernador Miguel Lifschitz remitió a la Legislatura un primer proyecto de adhesión a la nueva normativa nacional. Ese proyecto se aprobó en el Senado en julio de 2019, pero luego la Cámara de Diputados no lo trató y perdió estado parlamentario, por lo cual Perotti lo volvió al enviar al Senado el 12 de marzo de este año.
Los sindicatos se oponen a la reforma porque entienden que cercena derechos laborales históricos. Referentes de la CGT y de la CTA de la provincia ya se habían manifestado en contra del proyecto en una audiencia pública convocada en septiembre del año pasado por la Cámara de Diputados de la provincia, que después dejó caer el proyecto.
“Un retroceso”
“Nosotros estamos en contra de la adhesión de Santa Fe a la ley de ART”, sostuvo Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, consultado por El Ciudadano. “Nos parece un retroceso para los trabajadores y las trabajadoras pensado solo en interés de mejorar la rentabilidad de las empresas y las aseguradoras a costa de la salud de quienes trabajan. Es la flexibilización laboral de nuestro tiempo”.
—¿Cómo afectaría la nueva ley a los docentes de la provincia?
—En la medida en que la que se debilite el acceso a la reparación integral para mejorar la rentabilidad de las aseguradas y las empresas, bajo la excusa de bajar la litigiosidad, se invierte mucho menos en planes integrales de prevención y cuidado de la salud. En un contexto como el actual, donde en la vuelta a la presencialidad puede exponer a la docencia al contagio por contacto de Covid, ¿quién se va a preocupar por mejorar las cuestiones sanitarias si te sale más barato esperar el juicio o que el trabajador se canse de esperar y arregle?
Por su parte, José Testoni, secretario general de la CTA Santa Fe, sostuvo que desde su organización rechazan no solo la reforma provincial sino también la ley nacional de ART: “En cada oportunidad le manifestamos al gobierno el rechazo”, señaló en relación al anterior proyecto de Lifschitz y al nuevo proyecto enviado por Perotti.
En tanto, el secretario general de la CGT Regional Santa Fe, Claudio Girardi, explicó que la central obrera “se opuso, se opone y se opondrá siempre a esta ley que viene desde el gobierno de Macri. Más allá de que puedan mejorarla, en el sentido de que puedan armar mayor cantidad de comisiones (antes había una sola en Rosario), para nosotros es una ley que no es buena para la clase trabajadora”.
Pedido de la Nación
El 12 de marzo, cuando Perotti reingresó el proyecto en la Legislatura, se realizó en el Senado una audiencia sobre la adhesión de la provincia a la nueva legislación nacional. Allí, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni –acompañado por Perotti, por la vicegobernadora Alejandra Rodenas y por el ministro de Trabajo de la provincia Roberto Sukerman– les pidió a los legisladores santafesinos la aprobación del proyecto.
“La desocupación creció poco y las ART cubrirán contagio por la pandemia de coronavirus”
Los senadores, que ya votaron el año pasado una iniciativa similar, le darán media sanción este jueves al proyecto y lo girarán a la Cámara de Diputados. Allí hay algunos espacios políticos que ya anticiparon su rechazo: entre ellos, la diputada del PJ Matilde Bruera y los líderes de los bloques de centro-izquierda Carlos Del Frade y Rubén Giustiniani. Será clave la postura que asuma el bloque mayoritario del Frente Progresista, que el año pasado no acompañó el proyecto que había sido enviado por Lifschitz.
Coronavirus y ART
A través del decreto de necesidad y urgencia 367/2020, el gobierno nacional incluyó al Covid-19 como una enfermedad de carácter profesional a cubrir por las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). Fue una de las primeras demandas de las centrales sindicales cuando estalló la pandemia del coronavirus.
El decreto establece que “la enfermedad Covid-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6 de la ley 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el decreto 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas”.
Además, el decreto sostiene que las ART “no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente (decreto) y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la ley 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias”.
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