El Tribunal Supremo español dio este jueves vía libre al gobierno para acceder ya a la Basílica del Valle de los Caídos para proceder a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, tras levantar el último obstáculo que obstruía la ejecución de la medida.
El alto tribunal dictó tres resoluciones que dejan sin efecto las suspensiones cautelares del plan de exhumación que dictó en junio y julio como consecuencia de la presentación de tres recursos, que todavía no resolvió.
En todas ellas, el Supremo subraya que la medida cautelar debe levantarse a raíz de la sentencia dictada el 30 de septiembre en relación con el recurso de los nietos de Franco, que era el más complejo de resolver.
El gobierno español, por medio de la Abogacía del Estado, había pedido al alto tribunal que resolviera este último obstáculo.
Los recursos habían sido presentados por la Fundación Franco, la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
Los jueces explican que “la sentencia dictada la semana pasada, rechazando el recurso de la familia Franco, es por sí misma título legítimo bastante” para llevar a cabo las actuaciones previstas por el gabinete de ministros relativas a la exhumación de los restos del dictador.
Por lo tanto, el Ejecutivo del presidente socialista Pedro Sánchez puede acceder ya a la Basílica del Valle de los Caídos, cerca de Madrid, para exhumar y trasladar los restos de Franco hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
Por otro lado, los jueces también recuerdan que el artículo 118 de la Constitución española obliga a todos a cumplir las sentencias firmes.
Esta advertencia está dirigida implícitamente al prior benedictino de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que ayer mismo anunció que no acataría la orden, en desacato con el gobierno y pese a que el Vaticano lo desautorizó hace meses afirmando que no obstruiría la decisión.
El Supremo no menciona al prior en la parte resolutiva pero explica que la Abogacía del Estado pidió que se resolvieran el último escollo ante la negativa del religioso a autorizar la entrada al templo para la exhumación.
En coincidencia con este paso, la familia del dictador hizo hoy un nuevo intento por paralizar la exhumación, con un recurso de amparo que alega una presunta violación de derechos fundamentales, presentado ante el Tribunal Constitucional, pero que todavía no fue admitido a trámite.
“Mis clientes han sido privados de cualquier derecho sobre los restos de su abuelo”, sostuvo el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, en declaraciones a TVE.
En tanto, el Ejecutivo ultima la resolución que dará cobertura técnica al proceso de exhumación y traslado de los restos del dictador, que podría aprobarse mañana cuando se dé a conocer también la fecha elegida para la histórica exhumación del único de los ex dictadores europeos cuyo cuerpo yace en un mausoleo que reivindica al fascismo.
El prior del Valle de los Caídos se resiste
El prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, anunció este mismo jueves que no acatará la orden del Tribunal Supremo que autoriza la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco
Cantero hizo el anuncio a pesar de que el alto tribunal aclaró que no necesita la autorización de la Iglesia para exhumar los restos de Franco y a que el Vaticano se comprometió a no obstruir el proceso.
En una carta a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, Cantera afirma que la “Abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (sepultura)”, refiriéndose al inminente traslado de los restos del dictador.
El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo español “no resuelve” las alegaciones que él mismo presentó y sería una “vulneración de la libertad religiosa” pretender “actuar en un lugar sagrado” sin contar con la “preceptiva autorización eclesiástica”, según el texto difundido por la agencia EFE.
El Tribunal Supremo aún no resolvió los tres recursos pendientes de levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre la decisión de la exhumación, entre ellos el presentado por el prior benedictino, pero planea hacerlo en las próximas horas o días, dijo a Télam una vocera del tribunal.
Una vez resuelto este último escollo, el gobierno podrá proceder a la exhumación, aún sin fecha.
En su sentencia de septiembre contra la negativa de los nietos de Franco a trasladar al dictador al cementerio madrileño de El Pardo, el Supremo ya determinó que no hacia falta la autorización eclesiástica.
La semana pasada, en un último intento por dilatar la exhumación, la familia Franco pidió al Supremo que aclare si se puede proceder a la exhumación sin el consentimiento expreso del prior de la comunidad benedictina que gestiona la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador desde su muerte en 1975.
“El Supremo dijo que no hay nada que aclarar, que lo deja muy claro en la sentencia”, subrayó la vocera tribunalicia.
Por su parte, la vicepresidenta española confirmó que recibió la misiva de Cantera, al tiempo que recordó los antecedentes del religioso, quien antes de ingresar en la comunidad benedictina, en 1993, fue con la Falange Española Independiente a las elecciones generales.
Calvo señaló, asimismo, que el religioso “no solo está desacatando la sentencia del Supremo, sino que su comportamiento tampoco tiene el aval de sus superiores en el Vaticano”.
A finales de febrero, la Santa Sede ya señaló en una carta enviada al gobierno español que no pensaba oponerse a la exhumación y, además, instó a la comunidad benedictina que controla la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde yacen los restos del dictador, a permitir el traslado del féretro.
Tras llegar al poder en junio de 2018, el socialista Pedro Sánchez anunció que sacaría a Franco del Valle de los Caídos, su tumba y mausoleo, en un gesto de “responsabilidad histórica”, pero la familia se opuso y amenazó con llevar los restos a la Catedral de La Almudena, en el centro de Madrid.
Tras más de un año de maniobras obstruccionistas, el gobierno consiguió el aval del Tribunal Supremo para sacar a Franco de un monumento que reivindica el fascismo e inhumarlo en el cementerio madrileño de El Pardo, donde se encuentran los restos de su esposa, Carmen Polo.
Comentarios