Pablo Soria
A Oscar Juárez, hijo del empresario y sindicalista Herme Juárez que actualmente cumple prisión domiciliaria, le dictaron la excarcelación en las últimas horas y recuperó la libertad tras permanecer detenido durante 56 días en el complejo penitenciario Nº 1 de Ezeiza.
El juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, resolvió la excarcelación de Oscar Juárez en el marco de la megacausa que investiga al presidente e integrantes de concejo directivo de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín por asociación ilícita, lavado de activos y demás delitos económicos.
Oscar Juárez, acusado de integrar una asociación ilícita en calidad de miembro, fue el último de los diez miembros de la Cooperativa de Trabajos Portuarios en recuperar la libertad. “Se trata de una excarcelación que veníamos esperando porque su detención no tenía razón de ser”, indicó Javier Rabadé, abogado defensor de los Juárez. “Era inconducente la cuestión porque respecto de otros procesados, todos habían recuperado la libertad a excepción de Oscar, cuyo agravante era la portación de apellido”, consideró el letrado en diálogo con Radio Black.
El pasado 1º de agosto, efectivos de la Policía Federal desplegaron un espectacular megaoperativo que incluyó la detención de Herme Juárez, Oscar Juárez, Iván Juárez, Hernán López, Daniel Badía, Damián Bunello, Pablo Bunello, Rubén Ramón Tévez (ex intendente de San Lorenzo), José Luis Gómez y Ramón Jorge Jerez.
“Ya no queda ningún detenido”, ratificó Rabadé. “Y como corresponde, empieza a desinflarse esta megacausa. También entendemos que en poco tiempo debería revocarse la prisión domiciliaria contra Herme Juárez”, anticipó el abogado defensor del histórico sindicalista portuario.
“Acá no hay ninguna asociación ilícita y hasta estamos discutiendo las amenazas coactivas que no existieron porque las víctimas no declararon”, enfatizó el letrado. “El incremento patrimonial de Herme Juárez está debidamente acreditado, a través de declaraciones juradas”, agregó.
A pocos días de haber sido detenidos, la mayoría de los acusados recuperó la libertad: Daniel Badía, hombre de confianza de Herme Juárez, los hermanos Damián y Pablo Bunello, gerentes de la Cooperativa del Puerto de San Martín, Hernán López, agente marítimo, y el abogado Ramón Jorge Jerez, fueron procesados.
En tanto que a Iván Juárez, hermano del sindicalista, Rubén Tévez, abogado y ex intendente de San Lorenzo, y José Luis Gómez, se les dictó la falta de mérito.
El pasado martes, la Policía Federal volvió a irrumpir en el Cordón Industrial con una serie de allanamientos en sucursales bancarias de San Lorenzo y Puerto San Martín. “Esa medida obedeció a un pedido de la defensa, para que la acusación sea clara y precisa. En los 21 cuerpos que lleva esta causa en menos de dos meses existe mucha incongruencia en la información. Algunos importes se informan en dólares y otros en pesos. Hay números de cuentas que no coinciden con otros: cajas de ahorro, cuentas corrientes y cajas de seguridad”, argumentó Rabadé.
“El pedido que hacemos como defensa es que la acusación sea clara para no vulnerar los derechos de nuestros asistidos. El show mediático que se montó en torno al operativo de la Policía Federal en la comunidad de San Lorenzo, obedece a todas luces a la forma en que empezó esta causa. Con la intención de demostrar que Herme Juárez es un sindicalista multimillonario, que abusaba de los destinos de la Cooperativa y del Supa”, interpretó Rabadé.
Según informó el defensor de Juárez, la causa pasó a la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. “Estamos esperando que se resuelva el planteo de nulidad que hicimos, por falta de requerimiento fiscal. Esta causa no fue impulsada por ningún fiscal, sino por la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en relación a delitos económicos. También planteamos la incompetencia del juez de Campana porque la causa debería atenderse en Rosario”, dijo.
La detención de Herme Juárez produjo un cimbronazo en la comunidad portuaria de la región, con empresas proveedoras cuyos Cuit permanecen inhibidos, como la prestadora de servicios de vigilancia privada DZ Seguridad y la firma de servicios fluviales que lleva el nombre del propio presidente de la cooperativa: Herme Juárez.
“La mayor preocupación que tiene Herme es cumplir con los trabajadores. Si hay una cuestión en contra suyo de parte de la Justicia, que no haya un daño colateral hacia los trabajadores”, pidió Rabadé.
En cuanto a la situación de los siete trabajadores de la firma de servicios fluviales Herme Juárez, el abogado señaló que “estamos por firmar un convenio que ya le solicitamos al juez de Campana para abonar los sueldos adeudado. También estamos en conversaciones para darle la continuidad a esa empresa y para que nadie pierda su fuente de trabajo”.
Por último, Rabadé destacó la labor del interventor Juan Schaer (“liberó las cuentas para que cobren los proveedores y la mayor parte de los trabajadores”) pero al mismo tiempo advirtió que “hay una empresa de transporte y otra de viandas que también se vieron perjudicadas. Las medidas fueron abusivas en todas las causas”.
Comentarios