Un escándalo de envergadura promete desatar el peritaje oficial realizado por contadores de la Corte Suprema de Justicia por la supuesta defraudación de la petrolera Oil Combustibles. Es que refuta los pilares sobre los que se sostuvo la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Los especialistas oficiales sostienen que el monto del impuesto adeudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) nunca fue de $8.000 millones y que a diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados. Los expertos apuntaron contra el administrador federal Alberto Abad, cuyas medidas, apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento. Al día de hoy, con los activos de la empresa liquidados tras su quiebra, la AFIP todavía no consiguió cobrarse el dinero de los impuestos adeudados.
Según publicó el periodista Guillermo Morini en Ámbito Financiero, el Tribunal Oral Federal N°3 pidió la pericia contable que nunca había sido pedida por el juez anterior, Julián Ercolini. Y fue incorporada como prueba al juicio días antes de la feria.
Los expertos Flavia Melzi, por parte de la Corte, junto a María Eleonora Feser y Natalia Zárate por el Ministerio Público Fiscal; Ezequiel Segura y Daniel Mogames (querella de AFIP), además de los representantes de la defensa Sergio Freidzon, Alfredo Barucca y Félix Rolando entregaron su informe el 17 de julio pasado. Contestaron 13 puntos de análisis pedidos por el TOF3. Su relevancia radica en que es la primera pericia externa que se incorpora a un expediente judicial seguido contra ex funcionarios, donde hasta ahora los proveedores de información habían sido distintos organismos del Estado dependientes en mayor o menor manera del Poder Ejecutivo, tales como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) o la propia Vialidad Nacional. Entre las conclusiones más relevantes aparece:
Al 10 de diciembre de 2015 toda la deuda de Oil Combustibles estaba regularizada en planes de pago y no era exigible por parte de la AFIP porque se encontraba ya paga o refinanciada dentro del propio sistema del organismo recaudador y sus cuotas eran abonadas con regularidad, según el detalle de cuadros que analizaron los peritos de la Corte. A la misma fecha, los planes generales otorgados a Oil Combustibles (que también están bajo cuestionamiento en el juicio) tenían financiados $2.200 millones, de los cuales, $1.600 ya habían sido cancelados, lo que dejaba una deuda de sólo $600 millones.
“En el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. Esto también cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC (a excepción de sólo 7 meses) y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo. Adicionalmente, se detalla que por todos los planes (generales y por el artículo 32), se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1.841 millones de intereses por financiación.
También expresaron que nunca hubo quita de capital ni merma de intereses por lo que ese dinero que figuraba como deuda debía ser pagado en algún momento al fisco y estaba declarado.
Oil Combustibles demostró pérdidas en sus balances durante los años en los que solicitó acogerse a facilidades. Este punto es crítico dado que lo que la AFIP gestión Cambiemos cuestiona es que se le otorgaran dos planes por el Artículo 32 de manera irregular. La ley (que no ha sido derogada sino que se encuentra vigente) señala que la AFIP podrá otorgar este tipo de planes a contribuyentes “que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones”. Los balances de Oil arrojaron pérdidas de $7.244.011 al cierre del balance el 30/06/2013; de $199.199.937 al 30/06/2014; y de $639.191.336 a junio 2015. Entre 2013 y 2015 es el lapso que acotó el TOF para juzgar la legalidad de los planes que AFIP otorgó a la petrolera.
Los peritos detectaron una “perlita”: AFIP en su demanda –ya cuando la empresa estaba en concurso de acreedores– pidieron recuperar créditos por $6.891 millones. Una cifra inferior a la que el propio juez había acreditado por $6.947 millones. Pero fue la propia Oil la que reconoció una deuda de $7.067 millones al momento de pedir su concurso. El juez no tuvo más remedio que considerar el número que la AFIP había solicitado por más que la empresa admitiera un monto superior. La cuestión podría derivar en una mala praxis judicial por parte de los abogados del organismo recaudador.
La pericia completa que consta de 60 carillas ya fue incorporada como una de las pruebas que reclamaban las defensas en el marco del juicio oral por el supuesto otorgamiento irregular de cuatro planes de pago de AFIP entre 2013 y 2015.
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