Este viernes la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en consonancia con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y mediante la Resolución Nº1722/2019 adhirió a la ley Nº27.499, más conocida como Ley Micaela. La normativa establece una capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. “La Secretaría General tendrá a su cargo la articulación entre las instancias de capacitación que se desarrollarán a tal efecto, los espacios de la UNR que aborden las temáticas relacionadas y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge)”, explicaron desde la Universidad y completaron: “Ruge depende del CIN y será el organismo encargado de coordinar y evaluar la calidad de los programas de capacitación que elabore e implemente cada universidad. Las capacitaciones estarán destinadas a todas las personas que integran la comunidad universitaria y serán desarrolladas mediante planes y programas de carácter interdisciplinario, transversal y permanente”.
Desde la UNR recordaron que la ley prevé la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado, así como desarrollar y promover políticas tendientes a erradicar la desigualdad entre los géneros. “Sin embargo, las universidades nacionales no estaban especificadas en la normativa. La decisión que adoptó el CIN de incorporar a las casas de estudios en el Programa Nacional de Capacitación busca marcar un hito en materia de género en el área y crear herramientas para sancionar casos de violencia y visibilizar una problemática que atraviesa en distintos niveles al sistema académico”, explicaron desde la UNR.
Ya tiene recorrido
En diciembre el Congreso de la Nación sancionó la Ley Micaela, que establece que los funcionarios que se desempeñen en los tres poderes del Estado deben capacitarse en materia de género y violencia hacia las mujeres. La ley lleva el nombre de Micaela García, una militante del Movimiento Evita que en 2017 fue víctima de un femicidio que, una vez más, puso en la agenda de los medios la problemática de la violencia de género. Al ser nacional, la normativa debe ser reglamentada por las provincias. En Santa Fe, el proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores por el gobernador Miguel Lifschitz en marzo pasado, pero la poca actividad de ese cuerpo en año electoral hizo que la iniciativa aún esté en comisiones sin miras de pasar al recinto en el corto plazo. Desde el gobierno provincial destacan que, pese a eso, existe una demanda de formación y capacitación de los Ejecutivos locales y del Poder Judicial. “En los últimos dos años y medio se crearon 150 Áreas Mujer a través de convenios con la Subsecretaría de Políticas de Género”, dijo Gabriela Sosa, titular de esa cartera.
La primera línea de defensa
Antes de la ley Santa Fe ya implementaba la normativa. La provincia apuntó primero a quienes son o quieren ser parte de la Policía. Es que más de la mitad de los casos de violencia contra la mujer en Santa Fe empiezan con una denuncia en las comisarías, que de a pocos son reemplazadas por los Centros Territoriales de Denuncias (CTD). Y no puede haber más policías que digan a una mujer: “Resuélvalo en su casa”.
La mayoría de los contenidos del curso tienen que ver con enseñar a la Policía cómo y donde funcionan los espacios del Estado preparados para ayudar, ya sea las áreas de la mujer de los municipios, las del Gobierno de Santa Fe o del Poder Judicial en las oficinas del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). “Había desconocimiento de todas las áreas que pueden ayudar. La idea es que puedan orientar y tratar con respeto a las personas”, dijo Analía Noval está a cargo del curso obligatorio en género de la Policía.
Ley Micaela: en Santa Fe ya es obligatorio el curso en género para policías
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