El Estado provincial incautó, en 2017, sólo en el departamento de La Capital, 912 armas de fuego. Así da cuenta un análisis estadístico elaborado por la Unidad Regional I, recientemente difundido por el Ministerio de Seguridad.
De acuerdo al informe, en las 912 armas de fuego secuestradas hay 286 revólveres, 216 “tumberas” o armas de fabricación casera, 181 escopetas, 165 pistolas, 34 carabinas, 14 pistolones, 8 rifles de aire comprimido, 5 rifles y 3 fusiles.
Las armas se incautaron en diferentes números según los meses: los períodos con mayor cantidad de secuestros fueron enero con 101, junio con 98, abril con 89, mayo con 87 y marzo con 86.
En tanto, los barrios en donde se produjeron más secuestros fueron Santa Rosa de Lima (48), Colastiné y Colastiné Norte (39), Barranquitas (35), Alto Verde (32), Recreo (29), San Lorenzo (28), Yapeyú (25), y la zona céntrica de Santa Fe donde hubo nueve decomisos. En tanto, en la ciudad de Santo Tomé se secuestraron 19 armas de fuego y en la comuna de Sauce Viejo, 16.
“Una de las políticas implementadas fue el secuestro de armas de fuego para evitar que las resoluciones de conflicto violentos tengan finales trágicos. Lejos de ser una acción aislada, es una parte de la política de gestión que arroja resultados como, por ejemplo, un descenso de los homicidios dolosos en el departamento”, manifestó el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
Por su parte, el jefe de la UR I, Luis María Siboldi, destacó la tarea “desplegada en toda su complejidad, en un territorio extenso y vasto” que permitió el desarme por goteo. Para lograrlo, dijo, se avanzó en un “análisis particular sobre modalidad y ejecución de delitos contra las personas y la propiedad”, que permitió perfilar “mapas de todos los delitos, bandas criminales, armas usadas y condiciones favorables para la actividad delictiva”.
El jefe policial también resaltó el Asimismo, destacó el “trabajo conjunto, permanente, complementario y correlativo” entre la UR I junto a fuerzas limítrofes, “así como con las fuerzas federales”.
Ambos funcionarios destacaron que los trabajos que permitieron los decomisos recibieron el impulso político desde el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la UR I y la Jefatura de Policía de la provincia.
