Inquilinos de todo el país realizarán un ruidazo en defensa de la ley de Alquileres que presentó el autodenominado Frente de Inquilinos Nacional, proyecto que tiene ya media sanción en el Senado y permanece dormida mientras desde el gobierno nacional impulsan modificaciones que –acusan los convocantes de la actividad– benefician a las inmobiliarias y propietarios en el marco de una concepción de mercado que desplaza a segundo plano el derecho a la vivienda.
El ruidazo, convocado por la Concejalía Popular de Rosario, será este martes a las 20 en la Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay).
Ariel D’Orazio, referente de la Concejalía Popular, entidad que pugna por los derechos de los inquilinos, explicó que la ley que presentó el Frente de Inquilinos refleja los reclamos y reivindica sus derechos. Recordó que el proyecto ingresó a la Cámara baja en abril del año pasado pero “se cajoneó”.
El dirigente agregó: “La única novedad fue que en julio pasado fuimos a Buenos Aires a un debate junto con las cámaras inmobiliarias y pudimos dilucidar que el oficialismo tenía el mismo discurso” que los empresarios que intermedian entre propietarios e inquilinos. El expediente recién se movió en noviembre. Fue cuando el diputado nacional por Cambiemos Daniel Lipovetzky llamó a una reunión de comisión en la que le dieron despacho a otra iniciativa mucho más reciente y de su autoría: tenía tres días y la misma modifica el Código Civil y Comercial. “Es un claro retroceso con relación a nuestro proyecto e incluso un retroceso a la legislación actual”, advirtió D’Orazio.
El representante de la Concejalía Popular expresó que el inquilino paga gastos exagerados para renovar el alquiler. Entre ellos, la comisión a la inmobiliaria y el sellado de los contratos. Y con el proyecto del gobierno, todo sigue igual.
“Mañana (por el miércoles) se van a tratar los dos proyectos que tienen dictamen. El nuestro en minoría y el del oficialismo en mayoría. Exigimos que salga el del Frente Popular, y sin modificaciones”, sentenció D’Orazio.
Según los datos que se desprenden del último censo de 2010, en Rosario hay alrededor de 70 mil viviendas desocupadas.
Y concluyó: “Presentamos en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial un proyecto para que se cree un registro de la vivienda ociosa, que está hoy en discusión en la comisión de Vivienda. Otro proyecto para que se cree un registro de contratos de alquiler y un servicio público de alquiler en la provincia, es decir, tendría una defensoría para inquilinos, establecería multas a las empresas inmobiliarias que viole la ley, tendría funciones amplias”.
