Para proteger a las empresas recuperadas por sus trabajadores –suman 26 en toda la provincia–, la Cámara de Diputados dio media sanción el último jueves a un proyecto de ley elaborado por el socialista Joaquín Blanco que apunta a resguardar las fuentes de producción y de trabajo.
En los últimos ocho años, en la provincia se conformaron centenares de cooperativas de trabajo, de las cuales 26 tienen como finalidad gestionar otras fábricas que fueron cerradas por sus patrones y recuperadas por sus operarios. Naranpol –cuya sede central está ubicada en la capital provincial– es uno de los casos emblemáticos.
“Estos trabajadores decidieron pelearla, que la empresa no se cierre y seguir produciendo”, destacó el diputado Blanco al momento de argumentar su proyecto. Según el legislador socialista, las empresas recuperadas en territorio santafesino emplean en forma directa a 1.190 trabajadores.
Las empresas recuperadas son establecimientos productivos que, por motivos de cierre, abandono o cese de actividades, pasaron de la gestión privada a la gestión colectiva de sus antiguos asalariados, organizados bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo o que aún están en trámite de constitución.
El diputado Blanco explicó que su proyecto “significa otorgarles herramientas concretas al gobierno provincial, precisamente al Ministerio de la Producción, para que a través de un registro las pueda acompañar, desde una asistencia técnica, jurídica y económica”.
Entre otros beneficios, la norma establece que las empresas recuperadas tendrán preferencia como proveedores del Estado y que tendrán un tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal y diferenciado según el impacto en el mantenimiento y generación de puestos de trabajo de la empresa.
El artículo 2 del proyecto de ley declara de interés social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa concursada, privilegiando los bienes necesarios para tal fin de acuerdo a la ley nacional 24.552 (de concursos y quiebras) y sus modificatorias.
En este sentido, Blanco señaló que se trata de “brindarles, por un lado, asistencia jurídica permanente, ya que les lleva años poder resolver procesos judiciales laborales, de quiebra, a través de trámites burocráticos y, por otro lado, asistencia económica, porque muchas veces les cuesta acceder a créditos y necesitan competir de igual a igual con otras empresas en el mercado, desarrollar nuevos productos e innovar en la producción”.
El órgano de aplicación será la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, que tendrá a su cargo la creación de políticas públicas que garanticen un efectivo apoyo del Estado provincial a las empresas recuperadas a través de acciones de acompañamiento y fortalecimiento de los trabajadores .Las empresas podrán continuar bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo, si cumplen las normas legales establecidas.
El legislador socialista hizo referencia a la presencia del Estado durante el proceso de desarrollo del modelo cooperativo: “Vivimos en una sociedad en la que se estimula culturalmente el individualismo y el modelo cooperativo significa un cambio de paradigma muy grande. Creemos firmemente que una economía social y solidaria es virtuosa porque distribuye de forma más justa el ingreso y estos trabajadores decidieron defender sus puestos de trabajo, pelearla, que la empresa no se cierre y seguir produciendo”, concluyó Blanco.
Comentarios