El juez Thomas Griesa hizo lugar ayer a un pedido del gobierno y levantó las restricciones impuestas al país, pero condicionó esa decisión a que se deroguen las dos leyes que impiden el acuerdo con fondos buitre y que además se les pague a quienes hasta el 29 de febrero aceptaron la oferta inicial argentina.
En rigor, el pronunciamiento del magistrado neoyorquino constituye un paso formal hacia el acuerdo definitivo con los fondos buitre y por ello aún no se podrán destrabar los pagos a bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Ahora, toda la mirada está puesta en el Congreso, donde se deberán derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, para lo cual el gobierno confía en obtener los votos necesarios para cumplir con el requisito impuesto por Griesa.
Ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri pidió “responsabilidad” a la oposición para acompañar el proyecto oficial y el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, advirtió sobre la necesidad de la aprobación de la iniciativa para habilitar “financiamiento” externo.
Dos días después del acuerdo con los fondos buitre más duros encabezados por Paul Singer, Griesa consideró: “Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público”.
El magistrado puso como condiciones que el Congreso derogue las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que pague antes del 14 de abril –fecha límite establecida por el juez– a los holdouts que aceptaron la oferta antes del 29 de febrero.
En su resolución, Griesa destacó también “tres acontecimientos recientes que refuerzan la previa constatación de que los mandatos ya no son equitativos”.
“En primer lugar, la República ha firmado acuerdos de principio con demandantes que representan a la gran mayoría de las reclamos de estas acciones. El total acordado asciende ahora a por lo menos 6.200 millones, potencialmente la resolución de más del 85 por ciento de los créditos de los demandantes”, precisó el magistrado.
Agregó que “la República ha abandonado todos los antiguos retos a los mandatos de forma voluntaria, mostrando de esta manera una actitud completamente cambiada”.
“Existe una urgente necesidad darle punto final. Si algunos demandantes eligen apelar esta orden, es su derecho, pero las apelaciones deben suceder rápidamente”, argumentó.
Dijo que “el Congreso argentino tiene que saber dónde se encuentra y todas las partes deben actuar diligentemente para consumar estos acuerdos”.
“Incluso si algunos demandantes deciden apelar, pueden seguir negociando. La única diferencia es que el tribunal ha sostenido ahora que la medida cautelar una vez considerada equitativa ya no lo es. La medida cautelar no se puede permitir para ser utilizada como una herramienta de peso en las negociaciones”, evaluó el magistrado.
Griesa adoptó la decisión un día después de la audiencia que mantuvo con representantes de la Argentina, de los fondos buitre y de los bonistas más pequeños.
Allí, el juez escuchó los alegatos de unos 14 abogados durante dos horas, pero al final postergó la resolución que recién tomó ayer.
Tanto los fondos NML Capital y Aurelius, que llegaron a un preacuerdo con Argentina para pagarles 4.653 millones de dólares, como otros querellantes que aún no cerraron un compromiso, pidieron al juez que otorgue un plazo adicional de 30 días para que continúen las negociaciones.
Los abogados de la Argentina habían solicitado la semana pasada a Griesa que levante la orden del pari passu o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de permitir el retorno del país a los mercados financieros y el pago de sus bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.
En total, y teniendo en cuenta preacuerdos anteriores con otros acreedores que rechazaron esos canjes, el gobierno de Macri ha cerrado desde inicios de febrero compromisos por el 85 por ciento de las demandas y pagará en efectivo una suma de 6.500 millones de dólares, con una quita de 25 por ciento sobre 9.000 millones de reclamos judiciales.
Oficialismo apura debate buitre en el Congreso
El oficialismo pretende emitir el martes el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de Diputados sobre la ley para habilitar el pago a los fondos buitre, requerida por el gobierno de Mauricio Macri tras el preacuerdo que suscribió esta semana con un grupo de acreedores.
El titular de la comisión de Finanzas de Diputados, Eduardo Amadeo, afirmó que la ley de Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito –mediante la cual se derogarán las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, se formalizará la oferta de pago a los holdouts y fondos buitre y se autorizará la emisión de títulos públicos por hasta 12.000 millones de dólares–, se debatirá “mañana (por hoy) o el viernes” en un plenario de comisión. El diputado del FpV Axel Kicillof afirmó que “la derogación de las leyes (Cerrojo y de Pago Soberano) tiene un riesgo legal importante”, porque a su criterio “hay un 93% de los acreedores que de buena fe y en base a la existencia de esas leyes admitió los canjes” de 2005 y 2010 y podría iniciar acciones legales porque el gobierno argentino les pagaría más a los buitres que a ellos.
Massa con Prat Gay
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, adelantó ayer que su fuerza definirá el sábado si rechaza o apoya, y con qué condiciones, el acuerdo que el gobierno argentino alcanzó con los fondos buitre. “Analizaremos junto a nuestros legisladores la posición a tomar”, dijo Massa tras una reunión con el ministro Alfonso Prat Gay, en el Palacio de Hacienda. Massa, acompañado por el diputados Marcos Lavagna y el economista Aldo Pignanelli, dijo que estos especialistas “elaborarán un informe” con lineamientos para definir la propuesta. El ex candidato presidencial subrayó que el FR “tiene que estudiar” si este entendimiento puede dejar la puerta abierta a futuros juicios de parte de los tenedores de bonos reestructurados.
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