La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Asociación de Magistrados salieron a replicar a la presidenta Cristina Fernández por haber deslizado que hay “precios” para que los jueces liberen detenidos, y le advirtieron que si sabe de un delito está obligada a “ponerle fin” denunciándolos. “Haga públicos los nombres omitidos en su afirmación”, reclamó la asociación de jueces, que se sintieron tocados por los dichos presidenciales, en tanto que la FAM exhortó a la jefa del Estado que presente “inmediatamente las pruebas” sobre lo que dijo durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Pero desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, en un durísimo comunicado, salieron a respaldar a la mandataria. “Aunque en sus declaraciones lo nieguen tanto el presidente de la Asociación de Magistrados –Ricardo Recondo– como sus adláteres, saben que lo que dijo ayer la presidenta de la Nación sobre la Justicia es irrefutable”, sentenció el gremio judicial.
Los jueces salieron al cruce a las expresiones de la mandataria, quien al abrir las sesiones ordinarias del Congreso dijo que se necesitan “jueces que no liberen criminales porque están tabulados los precios de las excarcelaciones”. En un comunicado, la asociación que encabeza Recondo sostuvo que la afirmación de la presidenta “da cuenta del conocimiento que tendría acerca de la comisión de delitos que, como funcionaria pública, está obligada a denunciar”.
“Se requiere –con la premura del caso– que la doctora Fernández de Kirchner haga públicos los nombres omitidos en su afirmación, a fin de que por los carriles constitucionales pertinentes se pueda juzgar y, de corresponder, expulsar del Poder Judicial a los magistrados supuestamente infieles”, afirmó la agrupación. En rigor, la asociación no considera que así sea. El comunicado sostiene que “estas denuncias son entendidas como un nuevo intento de indebida presión” sobre el Poder Judicial, “máxime considerando la investidura de quien las profirió y el ámbito en el cual lo hizo”. Así, la entidad da prácticamente por sentado que se trata de una falsa denuncia. De hecho, la pelea de Recondo con el gobierno no es nueva: dos años atrás él mismo denunció que los jueces eran “presionados” y que no había “garantías para investigar al poder político”.
En tanto, el titular de la Federación de la Magistratura, Abel Fleming, expresó su “mayor preocupación” por las declaraciones de la presidenta. En ese sentido advirtió que “la ley obliga a todos los funcionarios a arbitrar los medios para poner fin a un delito en curso del que tomen conocimiento”, y recordó que “la presidente también está alcanzada por esta obligación”. Fleming resaltó en este sentido que la jefa del Estado “tiene el deber de poner en marcha el sistema judicial para que investigue, separe y castigue a esos funcionarios a los que alude, si existen”.
Agregó en un comunicado que “la FAM confía en que la presidente aportará inmediatamente las pruebas que posibiliten la transparencia pública y remedien el inmerecido manto de sospecha propiciado con sus acusaciones imprecisas y generalizadas”.
En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense estimó que realizar una acusación de un delito que “de existir, resultaría aberrante y urgente, mientras no se observa acción alguna para evitarlo, colocaría por omisión a quien la sustenta en abierta violación de los deberes que le impone la Constitución”.
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