El juicio oral y público por la causa Díaz Bessone se aceleró abruptamente en la audiencia de ayer, cuando se produjo el demorado alegato del abogado defensor del militar retirado, las réplicas y las dúplicas de las querellas y los defensores y, además, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) anunció que notificará hoy a las partes la fecha en la que los seis imputados brindarán su última palabra antes de que se dicte la sentencia. Así mismo, los jueces resolvieron que el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone, continúe en el juicio desde su prisión domiciliaria, por razones de salud.
“Lo que no se avanzó en dos meses se avanzó en una audiencia”, dijo ayer a este diario ostensiblemente alegre, y a la vez sorprendida, una de las abogadas querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de la Policía local.
Es que ayer, luego de la decisión del TOF2 de que Díaz Bessone continúe enjuiciado pero no participe de las audiencias –por razones de salud constatadas por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, el abogado Gustavo Miño, defensor del militar retirado, comenzó su postergado alegato.
Luego se produjeron las réplicas y las dúplicas y el tribunal se comprometió a notificar hoy a las partes la fecha en que los imputados brindarán, si hacen uso de ese derecho, sus palabras finales previas a la sentencia.
Además de Díaz Bessone, están imputados y procesados en el juicio los ex policías rosarinos que actuaron durante la represión ilegal en el SI José Rubén Lo Fiégo, Mario Marcote, José Carlos Scortechini y Ramón Rito Vergara; y el civil acusado de complicidad con la dictadura Ricardo Miguel Chomicky.
El alegato de Miño obvió las cuestiones técnicas y jurídicas propias de esa etapa del proceso y centró su exposición en el discurso político. En la misma línea expuesta por el dictador Jorge Rafael Videla en la entrevista otorgada a la revista española Cambio 16, el abogado de Díaz Bessone consideró “políticos” los juicios contra los represores.
“Cuando uno de joven empezó a estudiar derecho pensaba que la Justicia llegaba sola. Ahora me doy cuenta que la construyen los hombres, y en estos procesos en los que hay intereses políticos es difícil ejercer el derecho de defensa”, se amilanó.
Luego, el abogado no negó los crímenes que se le imputan a su cliente, pero los hizo extensivos a otros sectores sociales: “La consigna que marcó estos juicios es la búsqueda de verdad, y esta defensa coincide, pero me pregunto si eso es lo que se busca”.
“Se dijo que el 24 de marzo de 1976 hubo un golpe cívico-militar, sin embargo quizás tenemos el temor de descubrir que toda una sociedad debería ser juzgada”, dijo, y ejemplificó: “Empresarios, jueces”.
Miño insistió en la idea de que, además de buscar los responsables militares y policiales, se investigue a los cómplices civiles de la más feroz represión desatada desde el Estado argentino en el siglo XX: “Tenemos muchos otros ejemplos –abundó– en Feced II (el nombre con el que se conoce parte de la causa por los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones y otros centros clandestinos) tenemos un imputado que nombra políticos, empresarios. ¿Por qué no se investiga?”.
Además, Miño retomó la declaración que en este juicio realizó la actual jueza federal Laura Inés Cosidoy –quien durante la dictadura fue defensora oficial– y dijo: “La doctora Cosidoy demostró en este juicio con elementos concretos que algunos testigos mienten, no lo hizo esta defensa, lo hizo la doctora Cosidoy”.
Luego de demorar por semanas el inicio de su alegato, Miño cerró su alocución reclamando celeridad: “Señores –les dijo a los jueces del tribunal, integrado también por una mujer–, lo que tengan que hacer háganlo rápido”.
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