Juan Pablo Sarkissian
Desde 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunida en Asamblea General de Naciones Unidas, (ONU) instauró el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en recuerdo de los 28 trabajadores que en 1987 perdieron la vida durante un accidente laboral ocurrido en una construcción en Bridgeport (Connecticut, Estados Unidos) con el fin de sensibilizar y promover el trabajo seguro, saludable y digno.
También un 28 de abril en Canadá, se aprobó una ley compensatoria por accidentes laborales, producto de la lucha de los sindicatos de dicho país y Estados Unidos, los cuales venían conmemorando un Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos desde 1996.
Sin embargo, en Argentina es el 21 de abril cuando se celebra el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo en consonancia con el día en que se sancionó la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; en 1972, piedra fundamental de la actual normativa en materia de prevención de accidentes laborales en el país.
El fin, claro está, es reforzar y poner en estado público la problemática de los riesgos y la seguridad de las personas en el ámbito laboral, promoviendo una cultura de la prevención mediante la educación, la sensibilización y la anticipación.
En realidad, está dirigido a la sociedad en conjunto, pero fundamentalmente a las empresas quienes deben disponer de una inversión en esta materia en directa relación con las ganancias que extraen de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres.
Como sea, cada año, la OIT lanza un lema que es la base para la campaña mundial del 28 de abril, la de este año 2022 es “Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva”.
Para contextualizar la consigna de la OIT es necesario considerar que la pandemia de covid-19, no sólo provocó una alta mortalidad entre los trabajadores de todo mundo, sino también un brutal aumento del desempleo, que recién ahora se perciben signos de recuperación, pero fundamentalmente puso al descubierto la ineficacia y muchas veces la inexistencia en las empresas de sistemas de promoción de la salud y seguridad en el trabajo, de sistemas de prevención de peligros, y de sistemas de previsión de riesgos y amenazas para la salud y la vida en el trabajo.
No hacía falta una pandemia para dar cuenta de tal situación. En efecto, las denuncias, reclamos y presentaciones de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, implementados por ley (12.913) en 2008, ponen de manifiesto de manera sistemática las distintas carencias en la materia. Es obvio que la esencia de rapiña del capital niega derechos, a lo que se suma, en más de un caso, la ausencia de políticas públicas que protejan los derechos laborales.
Es que en tiempos prepandémicos la salud laboral no era mucho mejor a la actual. Y, como siempre, existen razones que el capital no entiende (o no quiere).
Repasemos. La globalización, junto a los grandes cambios tecnológicos y al impacto de políticas neoliberales generó profundas transformaciones en la economía mundial. Según la mirada de especialistas la globalización, entendida como fenómeno, encierra una paradoja; la salud de los trabajadores es un requisito de desarrollo, pero el desarrollo deteriora su salud. Sin embargo, tal paradoja pierde potencia si observa que el capital privilegia, siempre, su cuota de ganancias sin medir consecuencias.
Construir instrumentos colectivos para hacer frente a una problemática dolorosa
El efecto de la globalización sobre la economía no es homogéneo. Afecta particularmente a las empresas pequeñas, de reciente formación y escaso desarrollo tecnológico. En el campo de la salud ocupacional, la globalización golpea a los trabajadores más pobres, a los jóvenes, a las mujeres y a quienes tienen mayores dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Asimismo, dado que la flexibilización generaliza la práctica del “trabajo independiente”, los trabajadores bajo esta modalidad son vulnerados, puesto que no tienen derecho a seguro por riesgos profesionales.
La OIT, reveló que 7.600 personas mueren por día en el mundo como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Por esto, la seguridad y salud en el trabajo, es decir, la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales, no puede mantenerse ajena a los cambios que la globalización que la economía está originando en la sociedad.
Otra vez aparece con fuerza el rol del Estado como articulador de políticas públicas donde el eje principal debe estar puesto en las y los trabajadores, para que el concepto de “trabajo decente” supere la lógica de una consigna y se instale como condición organizadora de una sociedad.
Si la pandemia del covid-19 puso de manifiesto situaciones conocidas pero veladas, es vital construir instrumentos colectivos para hacer frente a una problemática dolorosa. El diálogo social ente los actores (gremios, Estado, empresarios) es una condición necesaria para articular políticas que privilegien el interés común. Y en esa trilogía de actores, es imperiosa la participación de las universidades públicas como un instrumento organizador del complejo debate.
En un mundo cuasi globalizado en el que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales suponen un costo de aproximadamente 1,25 billones de dólares al año (según datos de la OIT), es necesario globalizar también las prácticas adecuadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Y es necesario que ese proceso sea conducido por organizaciones de trabajadores. Por su parte, queda dicho, los Estados deben proporcionar el marco adecuado de discusión y aplicación de las normas. En ese camino, habrá que descubrir (construir) formas menos desiguales (más justas) de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que impulsa la globalización para crear mayor conciencia sobre las cuestiones relativas a la seguridad y la salud en trabajo. Que no es otra cosa que la salud de las y los trabajadores. Es decir la salud de la sociedad toda.
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