Guadalupe Carmona
Carla Deiana es candidata a diputada nacional por Santa Fe en el Frente de Izquierda Unidad, conformado por el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista (IS). La militante del PO y el Plenario de Trabajadoras es socióloga recibida en la UBA y en la actualidad trabaja como profesora.
En el marco de la carrera por una banca en la Cámara de Diputados, Deiana conversó con El Ciudadano sobre los niveles de empleo y pobreza en la provincia, y opinó sobre la propuesta del oficialismo de convertir los planes sociales en trabajo formal y empleo genuino. “La realidad hoy es que el trabajador cada día pierde más. Se calcula que el promedio salarial en la Argentina son 200 dólares, eso es un país inviable para los trabajadores”, expresó.
—¿Cómo afectó la pandemia los niveles de empleo y pobreza en la provincia de Santa Fe? ¿Ve algún tipo de reactivación?
—Hay un desempleo del 10%, pobreza entre 41 y 42%, que es un poquito más alta en Santa Fe, y todo eso profundizado a niveles escandalosos en relación con la feminización de la pobreza. De los 5 millones de indigentes que hay en la Argentina, el 80% son mujeres. Los sectores más vulnerables han sufrido doblemente un cuadro de pauperización.
Después de un año y medio con todo cerrado hay una reactivación en cuanto se abrieron una cantidad de actividades, pero los índices de empleo marcan un cuadro de acrecentamiento de la explotación de los trabajadores. Se calcula que el 60% de las empresas tiene una capacidad ociosa, es decir, una cantidad de máquinas e insumos de trabajo paralizados. Ahí hay una mayor explotación de la fuerza de trabajo con horas extra, incluso con un principio de reforma laboral como lo vimos en Toyota, que ha extendido la jornada de lunes a sábados en lugar de que haya horas extra y se paguen aparte de manera voluntaria. El gobierno, que dice estar en contra de la reforma laboral explícita que plantea Juntos por el Cambio, va avanzando con reformas parciales por ramas.
—¿Cómo ve la propuesta del Frente de Todos de planes sociales a cambio de trabajo?
—No va a resolver la crisis de desempleo porque no implica que el gobierno vaya a desembolsar una cantidad de presupuesto, por ejemplo, para reactivar la obra pública o la vivienda. Tampoco garantiza que los empresarios terminen con estas huelgas de inversiones, que nosotros entendemos es el trasfondo de la crisis del país. Hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, es decir, aprovechar todos los desarrollos de la tecnología y de la técnica para emplear a más trabajadores con jornadas reducidas.
El problema de fondo es que los recursos del país se están fugando o yendo a la devaluación del peso vía la especulación con el dólar, también la falta de inversión en obra pública y vivienda, que son los dinamizadores del mercado interno por excelencia. Hay un recorte del gasto social con el objetivo de pagar deuda externa.
—¿Qué propuestas tienen en relación con el desarrollo urbanístico para lograr un acceso a la vivienda?
—En Santa Fe faltan más o menos de 300.000 a 500.000 viviendas. Se calcula que solamente en Rosario hay 100.000 personas viviendo en asentamientos precarios, que algunos llaman barrios populares. El problema habitacional es muy profundo y se asienta en una especulación inmobiliaria que tiene que ver con la matriz productiva de Santa Fe que es la soja.
Tenemos un plan nacional de creación de vivienda y obra pública. Calculamos que se puede crear un millón de puestos de trabajo a partir del desarrollo de este plan de viviendas populares que lo financiaríamos, en primer lugar, a partir de no pagar la deuda externa y de recuperar ese ahorro nacional para el desarrollo de la economía argentina. También planteamos que tiene que haber un impuesto a la vivienda ociosa y que la vivienda única familiar no debería pagar ningún tipo de impuesto, ya que no se extrae ningún beneficio. Hay que alterar la relación, poner la carga impositiva y la carga de la economía nacional sobre los sectores que han venido concentrando la riqueza.
—En relación con la problemática de los inquilinos y los alquileres, ¿es necesario algún tipo de regulación?
—Los alquileres son inaccesibles, cada vez suben más rápido en referencia a los aumentos salariales. Tiene que ser regulado, pero vemos que la ley de Alquileres no ha resuelto el problema. Por el contrario, se ha profundizado. No tenemos un salario equivalente a la canasta familiar que se va actualizando por inflación. Hay que cambiar la política impositiva porque si no se fomenta la especulación inmobiliaria.
—¿Cómo lee lo que ocurre con la inseguridad, sobre todo en Rosario?
—Hay dos problemas. Por un lado, la impunidad del Estado alrededor de la connivencia con la inseguridad y la connivencia de la Policía en la organización del gran delito. Tienen que abrirse los libros de las comisarías al control vecinal popular para fiscalizar qué está haciendo la Policía.
Otro problema es la Justicia y la impunidad con la que se maneja el Estado. Planteamos la elección popular de jueces y fiscales por voto directo. No va a desmantelar todo, pero sí le va a dar un instrumento a la población para tomar una decisión sobre un aparato estatal que está funcionando como una casta.
Tiene que haber derechos de revocatoria de la ciudadanía, sobre todo de los cargos públicos, porque si no alguien va a una elección, dice lo que piensa hacer y después hace todo lo contrario.
Por otro lado, están las palancas económicas del delito. El gran elemento del narcotráfico son los puertos privatizados. Hay que nacionalizarlos y ponerlos bajo el control de los trabajadores como una manera de terminar con los puertos como una zona liberada. En referencia al lavado de activos, planteamos que tiene que nacionalizarse la banca y el comercio exterior, es decir, que todo el aparato de control y de intercambio con el mercado internacional tiene que estar en manos del Estado bajo una orientación social de trabajadores.
—¿En qué situación está la Hidrovía y la cuenca del río Paraná? ¿Cuál es su posición sobre el tema?
—La Hidrovía es un capítulo más del recule del gobierno del Frente de Todos. Es un botín de los grupos internacionales. Los dueños del mercado mundial en materia de comercio internacional por vía navegable están pujando por quedarse con el control de la Hidrovía y el gobierno ha atinado a sacarse de encima el problema prorrogando por un año la concesión. El Estado cobra algunos impuestos y seguimos con un desmanejo que además tiene costos muy altos en materia ambiental. No hay ningún control en materia de dragado, se van haciendo las obras de una manera caótica, luego tenemos desmoronamientos en la vera del río. Hay una depredación del río Paraná en función de intereses capitalistas.
Planteamos que hay que estatizar la Hidrovía y recuperar el control del Paraná. Al mismo tiempo, tener una planificación sobre la administración de un recurso tan importante en medio de esta crisis climática que estamos atravesando.
—¿Qué otras propuestas llevarían al Congreso en caso de conseguir una banca?
—Hay dos cuestiones fundamentales que tendrían que ser el punto de partida de cualquier debate: el salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para las jubilaciones.
Los problemas del país se estructuran alrededor de los ingresos de los trabajadores, que han sido los más perjudicados de las últimas cuatro décadas. El salario equivalente a la canasta familiar tiene que establecerse como un principio básico para el desarrollo de la familia trabajadora.
Junto con eso, la defensa de los convenios colectivos y no a la reforma laboral. También un programa para la mujer trabajadora, en referencia al establecimiento de familias materno-paternales en los lugares de trabajo. Socializar las tareas domésticas para que las mujeres podamos incorporarnos plenamente al mercado de trabajo.
El 82% móvil restituyendo los aportes patronales que derogaron (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo. Hay que poner la Ansés bajo el control de un directorio de jubilados electo.
Después del 14 de noviembre se viene el pacto con el FMI y sabemos que el gobierno del Frente de Todos, y también Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, van a levantar la mano a favor del fondo. Tenemos una deuda externa de 240 mil millones de dólares. Es impagable. Cada aplazamiento trae nuevos intereses que atan al país a una cadena interminable de vencimientos financieros. Vamos a luchar contra el pacto con el FMI.
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