El juez de Garantías de Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires, Luis Carzoglio, otorgó en las últimas semanas arrestos domiciliarios y salidas laborales a un centenar de presos alojados en comisarías de ese partido con el argumento de que estaban hacinados. La decisión, según admitió el magistrado, la adoptó porque se trata de delincuentes “rescatables” con los cuales mantiene constante comunicación. Pero al menos uno de ellos casi comete un homicidio.
“Son gente que estaba detenida en comisarías que por responsabilidad que no es de gente de la Justicia, están hacinadas y estaban al borde del colapso”, sostuvo Carzoglio en radio Mitre.
“Aparte de los hábeas corpus, he dado 70 arrestos domiciliarios como juez. Cada quince días vienen a firmar, están las 24 horas del día conectados conmigo por celular porque he destinado uno a atenderlos a ellos”, explicó.
Carzoglio dijo que les dio el beneficio porque “no son homicidas” y afirmó: “El 80 por ciento de los que están detenidos son adictos a la droga; solucionamos eso y solucionamos el problema de la seguridad”.
“La gente que está detenida y nosotros somos víctimas de un sistema y no es que sea garantista, trato de ser justo y de apostar por el ser humano”, agregó.
El juez dijo que todo comenzó cuando un defensor oficial presentó en diciembre un hábeas corpus para que libere a los presos hacinados, pero como él se opuso, trató de solucionar el problema con el Ministerio de Seguridad y el de Justicia bonaerense, pero le respondieron que se “excedía en sus funciones”.
“A mí me hubiera resultado muy fácil clausurar los calabozos de la comisaría, pero (en ese caso) la responsabilidad se la derivo al Servicio Penitenciario”, sostuvo Carzoglio, quien dijo que ejerce el cargo desde hace un año, después de 34 años de abogado, lo cual calificó como una “bendición”.
El magistrado dijo también que otorgó los arrestos domiciliarios “previa calificación de conducta de cada comisario y entrevista con los detenidos, que por supuesto ninguno tenía un delito grave”.
El juez se jactó de haber evitado una revuelta en la comisaría de Wilde al recordar que el 30 de octubre pasado, tres días antes del asesinato de la maestra Renata Toscano, sacó a 20 presos de esa seccional que estaban hacinados.
“Afortunadamente, de 40 detenidos que había en la comisaría de Wilde, quedaron solamente 20, porque si no durante las movilizaciones (de los vecinos luego del asesinato), esa comisaría hubiera colapsado y hubiera habido un motín”, afirmó.
Respecto de las salidas laborales, el magistrado las defendió porque –a su entender– fueron dadas a “individuos rescatables” a los que no se los puede tener encerrado con su familia sin tener recursos.
Carzoglio reconoció que “la decisión es jugada”, pero que se vio obligado a adoptar alguna medida porque mandó listados “al Servicio Penitencio bonaerense para retirar gente de las comisarías y no lo hicieron”.
Pero Diego Rodríguez, uno de los presos beneficiados por Carzoglio el 4 de diciembre, asaltó y atacó a tiros a una pareja de enfermeros el viernes 1º de enero al intentar robarles el auto en Avellaneda, por lo que volvió a ser detenido.
“Me quedé indignado cuando me enteré de que el delincuente que casi me mata a mí, a mi mujer y al sobrino de ella en el asalto había sido liberado hacía 27 días. El juez es responsable de mi vida. Yo tuve suerte”, dijo Rolando Quispert Caviades, una de las víctimas.
En cambio, Carzoglio dijo que el arresto domiciliario le dio “grandes satisfacciones” y que “Rodríguez es uno entre 70”.
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