Por: Guillermo Griecco
Desde la seccional Santa Fe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) reconocieron que en el sector existe un elevado porcentaje de empleo en negro, sobre todo en el norte provincial, “pero acá no hay trabajo esclavo”, sostuvo el secretario general de Uatre Santa Fe, Juan Midon, al ser consultado por la situación local a propósito de las recientes inspecciones en el norte de la provincia de Buenos Aires que detectaron medio millar de peones rurales que trabajaban en estancias y cerealeras en condiciones infrahumanas. “Acá se mete la cuestión política, porque nosotros (por Uatre) bancamos Duhalde 2011”, dijo el sindicalista a la hora de sentar posición sobre los relevamientos en campos bonaerenses.
“Estamos dispuestos y de hecho promovemos inspecciones en los campos de Santa Fe, pero desde el Ministerio de Trabajo de la provincia no nos acompañan, y nosotros no tenemos poder de policía para abrir tranqueras y sancionar”, aseguró Midon. En tanto, la viceministra de Trabajo provincial, Nora Ramírez, indicó que desde esa cartera se realizan “inspecciones regulares” en el ámbito agrario y que “se pudo avanzar en la firma de un acta que habilita el registro de trabajadores” del sector.
Por su lado, el titular del sindicato que nuclea a los trabajadores rurales de Santa Fe comentó que los mayores índices de informalidad laboral en el agro de la provincia se dan en campos del norte con la cosecha de algodón, la caña de azúcar y en el cordón verde frutihortícola. “En muchos casos trabajan familias enteras. Todos sabemos que hay trabajo en negro. Tratamos de hacer reuniones e invitamos a todos los trabajadores para que conozcan sus derechos. El Ministerio de Trabajo nos invita a reuniones pero después no nos manda los inspectores”, insistió Midon en diálogo con este diario.
Para el dirigente del sindicato que a nivel nacional conduce Gerónimo Momo Venegas, en los allanamientos librados por la Justicia bonaerense y las inspecciones del Ministerio de Trabajo nacional que descubrieron obreros rurales que vivían hacinados “se mete la cuestión política”. Según Midon, Uatre San Pedro, donde la cartera laboral que comanda Carlos Tomada reveló que peones rurales estaban reducidos a servidumbre en un campo de la trasnacional Nidera, “hizo la denuncia primero y después fue el ministerio”.
“Es un año electoral y todo esto tiene un fuerte condimento político. Nosotros bancamos la línea que baja el jefe (por Venegas) y trabajamos por (la precandidatura presidencial de Eduardo) Duhalde. Quizá por eso tengamos que pagar un costo político”, conjeturó el dirigente local de Uatre en torno a la comprobada explotación de trabajadores rurales, al tiempo que informó que una vez por mes el sindicato se junta con las entidades del agro para, entre otros temas, “analizar” la situación de los trabajadores no registrados. Sin embargo, en la reunión de la semana pasada con el ministro de Agricultura Julián Domínguez, la mesa de enlace esquivó la discusión del tema.
Ramírez, del Ministerio de Trabajo santafesino, admitió que en el sector “hay irregularidades” y que el sindicato Uatre no tiene poder de policía para sancionar a empresarios del agro que incurran en infracciones vinculadas al empleo no registrado. “Trabajamos en conjunto con las entidades agropecuarias. Hacemos inspecciones de oficio o a partir de denuncias recibidas”, le dijo la vice de Carlos Rodríguez a El Ciudadano sin precisar más detalles.
Un informe de la cartera laboral de la provincia sobre trabajo infantil da cuenta que entre las principales actividades productivas involucradas en este flagelo se anota el sector agropecuario, sobre todo en el norte santafesino. En efecto, el relevamiento menciona la cosecha artesanal de algodón, el procesamiento de la caña de azúcar, la cosecha artesanal de frutillas en Coronda y la horticultura. También en la cría de chivos y ovejas, cuidado y arreo de ganado y alimentación de animales.
Desde una organización indígena de Santiago del Estero indicaron días atrás que varios trabajadores rurales temporarios de esa provincia estaban retornando a sus hogares luego de que se hizo pública la denuncia de semiesclavitud a la que eran sometidos por parte de empresarios agrícolas. La ONG planteó que estancieros y cerealeras tienen como propósito “hacer desaparecer toda huella de explotación laboral y para eso desmantelan casillas y mandan a la gente desde campos del sur de la provincia de Santa Fe donde creen que podría haber inspecciones”.
Consultada al respecto, la viceministra de Trabajo reiteró que los relevamientos en el ámbito rural “son regulares”, para agregar que las últimas noticias sobre explotación en el agro “generaron mayor movimiento” en este sentido. Ramírez dijo, además, que la cartera laboral “está abierta a cualquier denuncia” sobre trabajo no registrado tranqueras adentro.
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