En vilo. Ya no es seguro que bancarios transferidos del ex Banco de Santa Fe y policías puedan cobrar las deudas tal como habían acordado con la Fiscalía de Estado para frenar los juicios por los reclamos históricos que tienen con la provincia. El bloque justicialista en el Senado impuso su proyecto y no votó la ratificación que necesitaba el gobierno para comenzar a saldar la deuda. El oficialismo tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados para insistir con el texto original, pero si los senadores de la oposición no se mueven de su postura podría ocurrir con esta iniciativa lo mismo que con el presupuesto: que acabe imponiéndose la postura del PJ.
El autor del proyecto alternativo fue Juan Carlos Mercier, senador por el departamento La Capital y ex ministro de Carlos Reutemann. “Una clara actitud de que no son una oposición responsable”, se quejó el socialista Juan Carlos Zabalza. El rosarino destacó que fue el actual Ejecutivo el que tomó la decisión de encontrarle una solución definitiva a un problema que viene de arrastre. “Una actitud que impide que se instrumente el acuerdo que trabajosamente ha venido elaborando este gobierno, que reconoció una deuda de las administraciones justicialistas”, machacó.
En nombre del gobierno, Zabalza descargó su malestar de lleno en la figura del senador reutemista, que forma parte del más férreo sector opositor y que ya hizo pública su intención de pelear por la Gobernación el año que viene. “Es absurdo”, dijo Zabalza, “que de boca de un (ex) ministro como Mercier, responsable de una cantidad de desaguisados en la administración pública provincial, se venga a plantear la posibilidad de pagarle en efectivo” a los bancarios transferidos y a los policías que mantienen demandas contra el Estado. En la sesión del jueves, Mercier había dicho que “no tendría ningún problema” en que el Ejecutivo pague la deuda “100 por ciento en efectivo”, apelando para ello al superávit de 334 millones acumulado en 2010.
Zabalza no dejó pasar la incitación. Llamó a una conferencia de prensa –acompañado por sus pares de la UCR– y se dirigió directo al senador capitalino: “Yo le pregunto: ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se sentaron a resolver este tema? Lo mismo con los inundados: ¿por qué no se sentaron a resolverlo, en vez de poner las vallas?”. A la pregunta retórica, el rosarino se respondió: “Hay un objetivo que es claro. Esa deuda fue generada en los gobiernos del Partido Justicialista y ahora no quieren asumir un compromiso mutuo, que incluya una posición en defensa del Estado. Está en juego la vulnerabilidad o no del Estado por lo que pueda seguir sucediendo en los juicios”.
Según razonó el senador oficialista, el PJ sólo busca trabar al gobierno justo cuando se busca “arreglar una vieja deuda”. “Ellos quieren que no se constituya en un hecho positivo para la ciudadanía”, dijo Zabalza. Su par Rodrigo Borla (UCR, San Justo), coincidió: “El justicialismo no quiere que lleguemos a un acuerdo porque se estarían marcando errores de muchos años”. Y agregó: “El gobierno hizo un ofrecimiento; los policías y los bancarios aceptaron. Y ahora vienen , irresponsablemente, a poner en vilo esos acuerdos”.
El Ejecutivo mandó a la Legislatura un proyecto pata que se ratifiquen los acuerdos firmados, un requisito obligatorio. La Cámara de Diputados lo votó –el PJ planteó sus disidencias, pero reconoció la deuda preexistente– pero la posición asumida de los senadores opositores impidió que se ponga en marcha –el mensaje original planteaba que la deuda comenzaría a saldarse en enero de 2011– el programa. “Es una vieja deuda del Estado, que este gobierno ha reconocido. Nunca se había reconocido”, enfatizó Zabalza. “Como ha reconocido la deuda con los inundados”, añadió.
Para alcanzar los acuerdos que ahora están “en vilo” entre el Ejecutivo y los estudios jurídicos que representan a policías y ex bancarios trabajaron en conjunto la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía. Se elaboró atendiendo las sugerencias de cada sector pero sin perder de vista “las disponibilidades del Ejecutivo”, como explicó el senador rosarino, para quien las demandas de policías y de bancarios transferidos “son dos temas diferentes”.
El socialista objetó al PJ por “cambiar la esencia” del proyecto que tenía media sanción de la Cámara baja. “Todo estaba sujeto a revisión, menos lo conceptual del contenido del acuerdo. Porque, al cambiarse las bases conceptuales del acuerdo, se cae”. Hay que recordar que la iniciativa original constituía el aval que necesita el gobierno provincial para emitir títulos públicos y saldar, con los recursos que de allí obtenga, la deuda con los ex bancarios, los policías y los agentes del Servicio Penitenciario. Hasta los diputados del PJ, que votaron en disidencia, admitieron que se trata de una deuda “heredada” por la actual gestión.
El convenio fue firmado en mayo. Los policías reclaman por salarios mal liquidados desde principios de los 90. Los bancarios transferidos exigen que se les reconozca el escalafón del sector y no el del empleado público. El acuerdo global fue por un monto no precisado de entre 110 y 120 millones de pesos a cancelar en cuatro años en el caso de los policías y en tres en el de los bancarios. Si el Senado lo hubiera votado, con la reparación se hubiesen beneficiado más de mil ex bancarios y unos nueve mil policías.
En el proyecto original se permitía al Estado emitir bonos por hasta por 125 millones de pesos. Pero el bloque de senadores del PJ bajó ese tope a 85 millones e introdujo un artículo en el que se dispone que el gobierno hará un primer pago en efectivo, del 30 por ciento de la deuda, “dentro de los 90 días de aprobada la ley”. “Como oposición tenemos el deber de analizar cualquier tipo de endeudamiento que asuma la provincia”, justificó Mercier.
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