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Adolescencia vulnerable

Violencia en el Irar: ordenan protocolo

Por habeas corpus de la defensa pública y la Asesoría de Menores; se dispusieron obras en el lugar y más horas de clase en escuela.


Un habeas corpus correctivo presentado por el Servicio Público de la Defensa y la Asesoría de Menores en favor de los adolescentes privados de la libertad en el Irar se profundizó ayer en una nueva audiencia oral. La realización de obras edilicias en los sectores 5 y 6, la concreción de un protocolo de actuación sobre torturas y malos tratos en forma conjunta entre la defensa pública y el Ejecutivo, a través de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, y la necesidad de asegurar un plan de estudios de 2,20 horas de clase en la escuela primaria y cuatro módulos en la secundaria fueron algunos de los puntos que ordenó el juez Luis María Caterina, quien fijó un plazo de 30 días donde las partes volverán a reunirse.

En agosto pasado el Servicio Público de la Defensa y la Asesoría de Menores, a raíz de una serie de visitas al Irar, detectaron irregularidades a nivel edilicio, de salud, escolaridad. También conocieron la existencia de hechos violentos donde los adolescentes resultan víctimas dentro del sistema penal ya sea al momento de la detención o durante el ingreso o permanencia en el lugar de detención. Ante ello realizaron una acción de habeas corpus. En una primera audiencia el juez Caterina dispuso la ejecución de pericias e informes en cuanto a la cuestión edilicia y la educativa y requirió la presentación del protocolo vinculado con malos tratos y vejaciones que la Dirección Penal Juvenil sostuvo se aplicaba en el instituto.

Ayer la médica forense Alicia Cadierno explicó el informe que realizó en el lugar respecto de la salud de los chicos alojados y la vinculación de ésta con la cuestión edilicia. Dio apreciaciones y sostuvo la necesidad de asistencia psicológica a los adolescentes, refirió que el lugar, puntualmente los pabellones 5 y 6, no son inhabitables si se mantuviera las condiciones de higiene que existen en los otros sectores.

Sostuvo la carencia en la provisión de agua lo que genera malestar. Agregó que un adolescente no debería permanecer en las celdas de ingreso más de 6 o 7 días y se comprobaron casos que estuvieron más de ese tiempo. Refirió que las celdas en ese sector tienen de ancho no más de 2 pasos y 5 o 6 de largo y que salen al patio media hora a la mañana y media a la tarde.

Escolaridad

La representante del Ministerio de Educación sostuvo que no se puede extender la carga horaria de clases porque ello está reglado en una resolución. Agregó que los adolescentes privados de la libertad ingresan al régimen de estudios que le corresponde a un adulto y que hay veces que no se cumple el horario porque hay grupos que no pueden estar en un mismo lugar y por ello se desdoblan.

A continuación, el criminólogo Enrique Font, a cargo de la Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional de la defensa pública, hizo referencia al protocolo sobre malos tratos y vejaciones entregado por la Dirección Penal Juvenil a principios de esta semana; si bien prefirió no analizar en profundidad el protocolo porque tuvieron muy poco tiempo para evaluarlo, sostuvo que ni siquiera las referencias están vinculadas con los estándares que son de materia internacional.

Malos tratos

Font sostuvo que previo a esta audiencia realizaron una visita al Irar donde encontraron a un joven que fue fuertemente golpeado. Según refirió, la tunda fue realizada durante la detención y luego en la comisaría; si bien el chico fue internado por ello no hubo una profundización en el caso y todos los actores que intervinieron con este joven sostuvieron que no tienen un protocolo y que están abiertos a un capacitación, dijo.

A su vez se presentó un informe de las denuncias que vienen derivadas del Irar por este tema y que se encuentran bajo la órbita de la Unidad Especial de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional Rosario. Trascendió que de la puesta en marcha del sistema son 32 casos, de los cuales 18 fueron desistidos. Dieciséis de ellos por falta de pruebas.

Una fuente de la defensa pública explicó que el juez dispuso un nuevo plazo de 30 días para dejar en condiciones de habitabilidad el pabellón 5 y 6. A su vez, en ese plazo, las partes junto con la Dirección Penal Juvenil del Ministerio de Justicia deberán trabajar en un protocolo de actuación sobre hechos de malos tratos y vejaciones y deberá protocolizarse la situación de los traslados de los adolescentes a cárceles de adultos tras cumplir 18 años.

La fuente sostuvo que otro punto que resolvió el juez fue la necesidad de asegurar la carga horaria escolar para lo que el Ministerio de Educación, en el plazo de un mes, deberá plantear la forma de cumplir con esa consigna. Finalmente deberán realizarse intervenciones en salud mental en la institución, concluyó la fuente.

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