Los directivos de Vicentin Saic imputados por una defraudación que asciende a 600 millones de dólares se fueron a su casa tras una audiencia de prisión preventiva. Si bien la Fiscalía había solicitado una medida cautelar para algunos de ellos, el juez actuante resolvió que continúen en libertad con una fianza de 10 millones de dólares.
Hace dos días Daniel Nestor Buyatti en su carácter de presidente de la firma, el vicepresidente Alberto Julián Macua y los directores de Vicentín Saic Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze, Miguel Valazza, además del síndico Omar Adolfo Scarel (también estaba citado Raúl González Arcelus que era parte de la sindicatura hasta septiembre de 2020 pero no se presentó), fueron imputados por fraude y falsificación de balances.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja les achacaron once hechos de estafa y seis de falsificación de balances. Moreno explicó en conferencia de prensa que la empresa se vino a pique a partir de 2017, situación que ocultó a través de balances falsos y derivó en estafas a bancos internacionales, al menos uno nacional y productores granarios.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio y este jueves se discutieron las prisiones preventivas. La Fiscalía pidió el encierro preventivo del síndico Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Valazza, Javier Gazze y una prisión domiciliaria para el presidente de la firma Daniel Buyatti, mientras que para el resto de los imputados la aplicación de restricciones.
El juez Román Lanzón, tras escuchar los planteos de las partes, resolvió dejar en libertad a todos los acusados que deberán cumplir reglas de conducta. Además fijó una caución de 10 millones de dólares para los imputados que tenían pedido de prisión preventiva efectiva.
En conferencia de prensa, el fiscal Moreno dijo este jueves que el juez reconoció que hay peligro de entorpecimiento probatorio, pero que los hechos que llevaron a la audiencia datan de varios meses atrás, con lo cual entendió que no procede la cautelar de encierro. “Podemos estar en desacuerdo, pero es cierto que también exigió una fianza por un valor alto, 10 millones de dólares”, dijo.
“Nosotros creemos firmemente que era procedente la prisión preventiva, aunque evaluaremos si vamos a apelar o no”, aseguró. Respecto de la evaluación del juez sobre la apariencia de responsabilidad penal, el fiscal dijo que entiende que dio la derecha a la Fiscalía, al sostener que la atribución que hicieron “estaba fundada y fue contundente”, dijo.
En cuanto a la pena en expectativa entendió, como opina la Fiscalía, que eventualmente el monto que podría corresponder por estos hechos, en atención a la gravedad y actitudes posteriores de los imputados, sería de cumplimiento efectivo y no de baja duración como dijo la defensa. Moreno había dicho días atrás que algunos imputados, en caso de ser condenados, deberán purgar hasta 50 años de cárcel por acumulación de delitos.
“Ahora el paso siguiente es evaluar en qué momento estamos en condiciones de acusar y en función de la evidencia que tenemos reunidas entendemos que no será en mucho tiempo”, dijo. A lo que agregó que el perjuicio relevado oscila en 600 millones de dólares, aproximadamente, sobre un default declarado por la firma del norte santafesino de unos 1.500 millones de la misma moneda.
En la resolución, el juez hizo lugar a un pedido de excepción por prescripción al delito de balance falso y el fiscal explicó que existió y que la acusación había entendido que era la forma en que logró el ardid en el caso de la estafa a los bancos internacionales.
Y agregó que el hecho de que no sea perseguible penalmente, no deja de ser el hecho constituido del ardid que permitió que se llevaran a cabo estas defraudaciones. “Lo que queda en pie son las estafas y cualquier otra conducta que se pueda relevar en el transcurso de la investigación”, aseguró.
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