El oficialismo aceptó que es posible reabrir la discusión sobre la tarifa actual del servicio de taxis y remises en la ciudad. El edil socialista Manuel Sciutto confirmó ayer en la reunión de Servicios Públicos del órgano legislativo local que los estudios de costos superaron en un 15 por ciento los valores actuales. “Esto no quiere decir que se tenga que tomar ese porcentaje que da el estudio de costos ni que haya que definir con seguridad una modificación del grado de aplicación del sistema de GPS, que en Rosario ronda en el 80 por ciento y que en su momento fue motivo de discusión”, apuntó el concejal socialista. Para el concejal, hay un nivel importante de aplicación del sistema de GPS aunque quedan muchas unidades pendientes para incorporar la medida de seguridad y rastreo. “Es un elemento importante en la discusión que habíamos exigido para poder tratar la modificación de tarifa”, agregó. Hasta ayer, siempre según Sciutto, fueron instalados 3.051 GPS y resta hacerlo en 654 vehículos aunque aclaró que ante la Justicia se presentaron 220 pedidos de amparos, los que aún no fueron resueltos. Según deslizó Sciutto, existe un pedido de algunos taxistas de dejar a un lado la discusión del GPS y tratar sólo la tarifa. “Teníamos un compromiso a cumplir sobre ambos elementos y, al menos, es un tema a debatir para obtener un avance o una certeza sobre cuándo va a estar resuelta, en su totalidad, la aplicación, tanto de los elementos de seguridad como de los de control por parte del Ente de la Movilidad”, explicó el edil.
Al respecto, el concejal Osvaldo Miatello, del bloque Compromiso con Rosario, indicó que se deben atener al estudio de costos pedido y también a la instalación del GPS.
“Aún no se demostró que el GPS solucione la problemática de la seguridad. Nuestro rechazo a su cumplimentación tiene su razón de ser en los costos”, agregó a la discusión Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis, que participó como invitado de la comisión al igual que Horacio Boix en representación del Sindicato de Peones de Taxi.
Remises a contramano
En segundo turno la comisión recibió a Alfredo Gordo y Ana María Bauzas, de la Cámara de Remises. Ambos manifestaron una problemática distinta a la de los taxistas. Su preocupación es la disminución del 30 por ciento en la cantidad de viajes en remises durante los últimos meses. La razón, apuntaron los representantes, es el ingreso de otros remises de localidades vecinas –Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Funes y Fray Luis Beltrán– que trabajarían en Rosario de manera ilegal. Estos coches pueden, según explicó Sciutto, ingresar con pasajeros, retirarlos para regresar a las mismas pero no pueden levantar pasajeros en Rosario. Para Gordo y Bauzas existió un exceso en el otorgamiento de licencias de este tipo en localidades vecinas y ante un mercado saturado buscan trabajar en la ciudad. “A eso se suma que empresas privadas y dueños de boliches también contratan remises al margen de la ley, por lo que pedimos mayor control y el incremento de multas a infractores. Sabemos que de Alvear, por ejemplo, vienen a Rosario diariamente 50 autos que se utilizan como coches ilegales que hasta tienen reloj y tarifas como si fueran oficiales”, apuntó Gordo. De acuerdo al representante de remiseros, si la situación no es atendida el servicio “desaparecerá” al no poder asumir los costos.
Participaron de las conversaciones los concejales Oscar Greppi, titular del bloque Coalición Cívica -ARI; Norma López, del Frente para la Victoria; María Eugenia Schmuck, del bloque Radical y María Julia Bonifacio, de Unión Pro Federal.
Edificios seguros
El concejal del FPV Roberto Sukerman presentó ayer en la comisión de Planeamiento y Urbanismo un proyecto para crear un régimen de certificaciones de edificios seguros destinado a inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal. Inspirada en la normativa que se aprobó pero no se implementó en la Capital Federal este año, la iniciativa apunta a que los consorcios realicen de forma obligatoria un control de las instalaciones de servicios e infraestructura en los departamentos. El certificado será anual y lo realizará un ingeniero especialista, licenciado o técnico en higiene y seguridad matriculado y habilitado contemplará los siguientes rubros: matafuegos, estado de las calderas, limpieza de los tanques de agua, certificados de desinfección y ascensores, estado general de la fachada, las instalaciones de gas y electricidad al igual que los retardadores pluviales y seguros contratados por el consorcio.
“Es un salto de calidad en materia de prevención y entendemos que tendrá un costo para el consorcio”, apuntó el concejal Sukerman a sus colegas en la comisión que visitó ayer a la mañana.
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