Policiales

Seis años sin Paula Perassi

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    Alberto, el papá de Paula, sufrió tantas amenazas que no sale a la calle sin un chaleco antibalas.

“Lo único que quiero son los huesos de mi hija, decirle a mis nietos qué pasó con ella”. El doloroso pedido lo repitió ayer Alberto Perassi al cumplirse el sexto aniversario de la desaparición de su hija Paula, quien fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa a buscar la tarea de uno de sus hijos y nunca regresó. La principal hipótesis de los investigadores es que la joven mamá, que tenía 34 años y estaba embarazada, fue obligada por su amante a practicarse un aborto que la llevó a la muerte. Hay nueve personas sospechadas de provocar y encubrir el crimen, entre ellas cinco policías.

Se especula que el juicio oral y público que enfrentarán los acusados tendrá lugar a comienzos del año próximo. La familia de Paula, además de que se esclarezcan los hechos y se condene a los responsables, quiere saber dónde están sus restos, ya que aún permanece desaparecida.

Ayer, al cumplirse seis años de la última vez que Paula fue vista con vida, su papá Alberto volvió a advertir que no va a parar hasta encontrar a su hija. Desde que se desentrañó la oscura trama detrás de la desaparición, Alberto denunció innumerables amenazas que lo llevaron a vivir custodiado y con chaleco antibalas.

“Fueron años de lucha continua y amenazas para llegar a la verdad, lamentablemente esto fue muy manoseado”, dijo ayer en declaraciones radiales. Y afirmó: “Paula quedó involucrada en los movimientos de la Unidad Regional XVII, desde ahí salieron las órdenes para hacer desaparecer el cuerpo”. En ese sentido dijo que la Policía “buscaba para no encontrar”.

Desaparición

Paula estaba casada y tenía dos hijos que el día que desapareció tenían 2 y 6 años. Su familia recuerda que el domingo que salió había atendido un llamado al celular y antes de irse avisó que iba a buscar la tarea de uno de los chicos. Pero no volvió más. La investigación develó que Paula estaba embarazada de su amante, el empresario Gabriel Strummia, de Puerto General San Martín.

Según la pesquisa, el embarazo de pocas semanas había sido confirmado en un sanatorio de Rosario días antes de desaparecer, período en que se entrecruzaron con mayor frecuencia los  llamados telefónicos de Paula y Strummia. A principio, el empresario había negado la relación, pero luego la admitió y por las falsas pistas también se involucró su empleado Antonio Díaz.

Ante las primeras maniobras de encubrimiento y la falta de respuestas de la Justicia, la familia de Paula recurrió de forma desesperada a los medios y Alberto hasta llegó a encadenarse varias veces frente a los Tribunales de San Lorenzo, donde durante un año se caratuló la causa como “averiguación de paradero”.  El juez de instrucción Eduardo Filocco alcanzó a imputar al empresario y a su empleado por homicidio simple, pero luego adujo faltas de pruebas y retrocedió. Recién en abril de 2015 nueve personas fueron detenidas por pedido de la Fiscalía y el juez Juan José Tutau. Cayeron Strummia y su esposa Roxana Michl, el empleado Díaz y la partera Mirta Rusñisky por el delito de aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad. Y cinco policías por encubrirlos e incumplir sus deberes de funcionarios públicos: El ex jefe de la Agrupación Cuerpos Adolfo Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli. Según esa acusación, Paula fue llevada a la fuerza a la casa de una partera en Timbúes, donde se presume que murió y luego hicieron desaparecer su cuerpo, que continúa siendo buscado hasta el día de hoy.

La situación procesal de los acusados continuó en puja en los Tribunales de Rosario. Todos fueron procesados y detenidos, luego recuperaron la libertad por un polémico fallo del camarista Adolfo Prunotto Laborde que más tarde revirtió la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, la causa espera que se fije fecha para un juicio oral y público. Mientras tanto permanecen  con prisión preventiva el empresario, su esposa y la abortera. Los cinco policías gozan de arresto domiciliario.

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