Ana Laura Píccolo
“El encarcelamiento femenino es violencia de género”. Así lo sostuvo la fundadora de Mujeres Tras las Rejas, Graciela Rojas, en una reunión que mantuvo este martes con edilas del Concejo Municipal de Rosario donde expresó la necesidad de incorporar ese concepto desde lo discursivo. Al respecto resaltó la existencia “de una profunda violencia institucional dentro del sistema carcelario femenino” y remarcó que en el encierro se vulneran los derechos de las detenidas, incluidos los de género. La búsqueda de herramientas para que se asuma y revierta esa situación fue uno de los puntos por los que la dirigente de la ONG solicitó el encuentro.
“A las mujeres presas se les adeudan los conceptos de ciudadanía”, expresó Rojas a El Ciudadano en una entrevista que brindó luego del encuentro y en la que mencionó carencias en materia de salud y de educación pero también en temas intrínsecamente ligados al género, como la negación de la sexualidad de las mujeres privadas de la libertad.
De varones para mujeres
Al respecto resaltó la estructura machista y patriarcal del Servicio Penitenciario que se refleja, incluso, en las instalaciones edilicias de los lugares de encierro. Así se refirió a la nueva cárcel de mujeres (Unidad N° 5) que inauguró a mediados de 2018 la gestión del entonces gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz y que anunció, junto a su ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, como el primer penal en la historia de provincia con un módulo de detención especialmente para mujeres.
Sin rodeos, Rojas recordó que pese a que su construcción se anunció como un penal ideado con perspectiva de género la realidad fue otra: “es una cárcel de varones a la que le cambiaron la cartelera, no tiene especificad de género”, sostuvo.
“Se hizo una cárcel nueva sin perspectiva de género. Es una construcción habilitada para varones, sin ninguna intencionalidad para que tenga esa habitabilidad para mujeres, porque no está pensado así, ni siquiera tienen bidet los sectores de baño. Tampoco está pensado para la visita íntima. Las mujeres tiene anulada la sexualidad para esa persona que diagramó la cárcel y para quienes la conducen”.
En ese sentido, Graciela dijo que “si hay algo de lo que no se habla en la cárcel es de los fluidos de las mujeres. La menstruación, los fluidos de amamantar, los fluidos de pre parto y post parto: eso tampoco se pensó. Como tampoco se pensó en una habitación o algún espacio amigable para cuando una mujer se prepara para el parto, o para cuando vuelve del parto con su niñe pequeño, para ese periodo de amorosidad tan necesario”, dijo.
“Mientras existan las cárceles debemos pensar cada uno de estos espacios, porque mientras las cárcel no sea abolida y exista como un lugar de depósito, las mujeres deben conservar el ejercicio de todos sus derechos. Sólo deberían perder el de la libertad ambulatoria”, expresó.
Incorporar la educación
El acceso real a la educación es otro derecho que se ve vulnerado en el encierro. La dirigente de la ONG dijo que si bien existe una escuela, el dictado de clases es discontinuo: “Se necesitan docentes específicos para casos de encierro”, explicó tras señalar que las internas pueden acceder a una clase grupal cada 15 días y que además no hay implementado ningún dispositivo para motivarlas ni despertar su interés.
“Para las mujeres de las zonas urbanas marginales, la educación no es un valor, no está incorporado. No nos olvidemos que la primera que deja la escuela primaria es siempre la nena, la mujer, la niña, que queda a cargo de los padres, de los abuelos, de los tíos, de la casa, de los ranchos, la gallina y lo que sea. Ahí hay una estructura de desvalor con respecto a la educación y el Estado no logra de ninguna manera captar ni encender ese deseo. La educación ahí no es un valor y tampoco hay un interés para que se produzca”, criticó.
Como contratara mencionó experiencias de alfabetización por fuera de la educación formal que dieron excelentes resultados y que relacionó con la búsqueda de motivación para incentivar la lectura: “Muchas mujeres quisieron aprender para poder leer la biblia o para poder leerse poesías entre ellas”.
Ciudadanas de segunda
En materia de derechos, las cosas no mejoran mucho cuando llega la hora tan esperada de recuperar la libertad ya que no existen dispositivos estatales para poder implementar las salidas transitorias, laborales o la prisión domiciliaria de mujeres. La pobreza y la búsqueda de sustento que las llevó a delinquir son aún peores después de la cárcel, cuando vuelven a la calle sin ayuda ni recursos económicos.
Ese fue uno de los puntos fuertes que planteó Graciela Rojas en la reunión con las concejalas de la comisión de Feminismos y Disidencias en busca de que el Estado municipal se comprometa a brindar herramientas para esas mujeres que no tienen ningún recursos a la hora de recuperar la liberad, incluso muchas veces ni siquiera un domicilio para poder acceder a la prisión domiciliaria cuando les corresponde.
“Pedimos esta reunión porque entendemos que la Municipalidad tiene responsabilidad también respecto a esas ciudadanas de segunda que hay en la cárcel de mujeres, porque estas mujeres que están presas han sido jóvenes que se ha criado en barrios urbano marginal, donde no hay luz, no hay agua, no hay cloaca, no llegan los colectivos, no hay escuelas, no hay centros culturales. O sea, esa negación es anterior a la cárcel. Por lo tanto existe una responsabilidad del Estado municipal con estas ciudadanas”, expresó.
En esa línea Rojas dijo ante la comisión de Feminismos y Disidencias que el municipio debe arbitrar medidas de interrelación, de vinculación, de sostén para mujeres que están en arresto domiciliario, con salidas transitorias o en salida de libertad total a las que “la sociedad no las recibe y no tiene a dónde ir”. Además aclaró que “hablamos siempre de un grupo pequeño, de entre 5 y 10 mujeres” al año.
“Cuando se habla de violencia de género y disidencia hay que se abarcativo. Y esta es un área que hay que abarcar. Se debe incluir el encarcelamiento femenino como violencia de género, porque esta sumado a estas violencias que ya denuncié”, reiteró durante la reunión que tuvo lugar el martes pasado mediante la plataforma Zoom. De la misma participaron la titular de la comisión de Feminismos y Disidencias Caren Tepp y María Luz Olazagoitía (Ciudad Futura-FSP), Lorena Carbajal (bloque Socialista), Susana Rueda (Rosario Progresista) y Norma López (Frente de Todos-PJ).
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