La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial cristalizó este sábado el escenario de mayor sintonía entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Dos poderes de Estado que por momentos se ven enfrentados por los vaivenes de la arena política encuentran en este nuevo ordenamiento un punto de acercamiento que está presente ya desde el adelantamiento de la fecha de inicio.
A mediados del año pasado, era un lugar común entre algunos aspirantes a la presidencia deslizar que el nuevo Código no llegaría a entrar en vigencia el 1º de enero. Al tanto de esas ideas, el kirchnerismo y la Corte avalaron la posibilidad de acelerar los tiempos.
Ocurre que, a su modo, Ricardo Lorenzetti y Cristina de Kirchner se han mostrado como codificadores, y esa imagen terminó por imponerse a las objeciones que uno y otro guardan sobre el nuevo ordenamiento. Octubre del año pasado los encontró por última vez en un mismo escenario. Lorenzetti prefirió no hablar y tampoco sentarse al lado de Amado Boudou. La presidenta defendió el Código, evitó cualquier crítica abierta a jueces y sólo atinó a decir que había que administrar bien los recursos del Poder Judicial. Un estiletazo mínimo por un tema que aún sigue generando chispazos.
Dos meses antes de esa cita, Lorenzetti había reunido a los principales funcionarios de la Corte. Transmitió tranquilidad por los reacomodamientos internos tras los decesos de Enrique Petracchi y Carmen Argibay (se aproximaba la renuncia de Eugenio Zaffaroni) y recordó que los tribunales construyen su prestigio por los lineamientos de sus sentencias, que están por encima de quienes ocupan los cargos. El “common law” que defiende Lorenzetti es parte de la esencia de una reforma que les otorga mayor protagonismo a los jueces, porque la jurisprudencia queda mejor posicionada que las propias leyes.
Desembarco
El justice terminará de consolidar con el Código el rol que éste ha edificado dentro del Poder Judicial y que es el de un liderazgo indiscutible, justamente él, que desembarcó en la Corte desde la profesión de abogado. Mientras que desde el kirchnerismo duro reducen esa capacidad sólo al otorgamiento de contratos y beneficios para los jueces de instancias inferiores, desde los tribunales se señala su vocación permanente de construir un espíritu de cuerpo entre los magistrados que viene a desarrollarse a partir de una visión más aperturista del rol de jueces en la arena de lo público.
La reforma del Código no fue un camino apacible, y el futuro puede ofrecer turbulencias. La cúpula empresarial por lo comercial, y la eclesiástica por lo civil, tensaron sus vínculos con ambos poderes. La Iglesia católica logró un final más digerible por la conversión de Jorge Bergoglio en el papa Francisco, lo cual posibilitó que el gobierno cambiara ciertos aspectos que se habían redactado en las comisiones coordinadas por los juristas.
Empresarios con dudas
Pero en el empresariado las dudas persisten. Los contratos y las obligaciones en moneda extranjera, las capacidades para asumirlos, un incremento en las responsabilidades ante eventuales demandas y un giro más grisáceo en figuras como la ley de sociedades o la de quiebras conforman un combo de inquietudes que las visitas de Lorenzetti a las principales centrales empresariales todavía no parecen haber aplacado.
Persiste en estos círculos la noción de que la activación del Código está influida por avatares de la política y se recuerda que en otros países con reformas similares (como Alemania) se estipularon años para que jueces, abogados y agentes de Justicia llegaran a conocer todos los vericuetos reformistas.
Para la Corte, es un desafío porque la descoloca de una línea argumental propia que la ubica como el último resguardo de la seguridad jurídica. No es un reto novedoso, porque el máximo tribunal ya lo vivió a menor escala cuando falló a favor de la ley de Medios. En ese entonces, era una Corte más robusta que la actual por su conformación y por fuerza de ciertos conceptos.
El desafío de mediano plazo que lanza el Código es que, ante eventuales litigios, ni Lorenzetti ni Elena Highton de Nolasco deberían intervenir. A nivel programático, la incógnita es cuánto les llevará a los jueces dar lugar a una jurisprudencia de cierta solidez.
Para el gobierno, especialmente el que se inaugure el 10 de diciembre, la tensión tiene más que ver con las dudas que plantean los hombres de negocios, porque la atracción de inversiones, la toma de deuda tras el regreso a los mercados y la normalización de las variables macroeconómicas aparecen en la agenda de los dos candidatos con mayores chances de llegar a Balcarce 50. Cualquiera sea el caso, las cartas estarán jugadas, pero el final sigue abierto.
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