Mauricio Macri, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, entre otros, están siendo investigados por la Justicia a raíz de una denuncia de diputados nacionales de Unidad Ciudadana por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán (provincia de Buenos Aires) y Brigadier López, ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo (departamento La Capital, provincia de Santa Fe).
Según la denuncia presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, la intención del gobierno nacional es vender ambas centrales eléctricas por una cifra que resulta en casi 400 millones de dólares menos del valor real de las usinas construidas durante la gestión kirchnerista.
El proceso de privatización comenzó en noviembre de 2017 cuando el Poder Ejecutivo publicó el decreto 882/17, firmado por el presidente Macri, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren. En junio de 2018, en su última medida al frente del ministerio, Aranguren aprobó los pliegos para la licitación pública nacional e internacional de las dos centrales.
La causa abierta tras la denuncia de los legisladores de Unidad Ciudadana está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes además de Macri, Aranguren y su reemplazante Iguacel también investigan al presidente de Ieasa, Mario Dell Aqua; al director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; al gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; al ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y al empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, una histórica empresa del Grupo Macri.
La venta de ambas centrales generó todo tipo de suspicacias políticas a partir de la oficialización de los potenciales compradores. Para la central Brigadier López solo se presentó la firma Central Puerto, que cuenta entre sus accionistas a Nicolás Caputo, “amigo del alma” del presidente Macri. La misma empresa se presentó a la compulsa por la central de Ensenada de Barragán, donde disputará la compra con la firma YPF Luz.
“A precio vil”
La denuncia presentada por los diputados nacionales opositores obedece a los montos que pretende recaudar la Nación por la venta de las centrales termoeléctricas. La central de Ensenada de Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y el monto mínimo de oferta en efectivo es de 229 millones de dólares. La Brigadier López tiene una valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, según los denunciantes, son casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
En el texto que acompaña la denuncia, los legisladores se preguntan: “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valían en 2012?”. De allí concluyen que se trata de un intento de “privatizar a precio vil” ambas centrales.
Los propios resultados operativos financieros publicados por Enarsa, relativos a las dos usinas, muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables “a precio vil” para beneficiar a Caputo y a sus socios en Central Puerto: Guillermo Reca y Eduardo Eskasany. Sin deducir impuestos, la central de Ensenada de Barragán en 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares y la Brigadier López 62 millones de dólares.
Además, la denuncia da cuenta de que en el proceso licitatorio ocurrieron otras irregularidades, como que Iecsa (que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales) dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1600 millones de pesos por el Estado Nacional durante la actual gestión de Mauricio Macri, primo del dueño de Iecsa Ángelo Calcaterra.
Dos de los empresarios que están siendo investigados, Brusco y Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y para el Grupo Macri. A fines de 2017 desembarcaron en Enarsa, de la mano de Aranguren y Balboa, con lo cual estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1600 millones de pesos a la empresa de Calcaterra.
Según los denunciantes, resulta evidente que “los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al presidente”.
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