Daniel Schreiner
Más allá de los comunicados que entre la tarde de este viernes y la mañana de este sábado emitió por distintas vías el Ministerio de Seguridad de la Nación, el subsecretario de Intervención Federal de esa cartera, Federico Angelini, brindó detalles de lo que será un nuevo desembarco federal, el undécimo en diez años, a partir de este lunes.
Es el segundo en lo que va de la gestión Milei, ya que en diciembre se reforzó la presencia de las fuerzas nacionales, que luego volvieron a Buenos Aires para garantizar la aplicación del protocolo antipiquetes frente al Congreso, en ocasión de la derrota legislativa del oficialismo con la ley Ómnibus. “No decimos números; lo importante es la estrategia”, dijo el funcionario, que a la vez es el titular del PRO santafesino y que fungió como presidente interino del partido mientras Bullrich era candidata presidencial, en un intento por que la aritmética no sea la cuestión central del debate.
Es que la cantidad de efectivos fue central en la discusión de la última década, ante cada espasmo violento de Rosario, en el marco de un vínculo que jamás fue amistoso: primero entre las gestiones socialistas con el peronismo y luego con el macrismo, y más tarde en el enfrentamiento de la gestión Perotti con el gobierno central, el de Alberto Fernández, al preferir el mandatario santafesino la interlocución al interior del PJ con Cristina Fernández.
Fue en el marco de este vínculo roto, el 8 de marzo de 2023, cuando se había producido un nuevo refuerzo de efectivos federales ante la enésima ola de violencia que azotó la ciudad: fue entonces el noveno desembarco en nueve años, al finalizar la temporada récord de homicidios dolosos en el departamento Rosario, cuando Aníbal Fernández llegó con un puñado de efectivos para alcanzar los 1.400, siempre según cifras oficiales.
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Ahora, Bullrich vuelve a estar en el Ministerio de Seguridad y Pullaro, que por entonces, en el verano de 2016, era su par provincial en la gestión Lifschitz, vuelve a ser su interlocutor santafesino. En aquella ocasión hubo chisporroteos por la triple fuga de la efedrina, como se conoció la persecución y caza en territorio provincial de los hermanos Lanatta y su socio Víctor Schillaci. Sin embargo, luego el vínculo se encarriló.
De igual manera, este verano la tensión de la gestión Pullaro con Nación a partir del reclamo provincial con eje en la agroindustria esmeriló la relación del radical con el Ejecutivo mileísta. El renovado debate por la ley Ómnibus, la disputa central por los recursos que mantienen los 24 distritos con el gobierno federal, influye de manera decisiva en cuántos recursos habrá y de qué manera se implementará la colaboración, que se da a raíz de un pedido provincial.
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En el mismo sentido, que la vicegobernadora Gisela Scaglia estuviera presente en Casa Rosada a raíz de la crisis de inseguridad en Rosario también le dio presencia en medios, justo en el momento en que su partido, el PRO, se apresta a definir quién conducirá los destinos, tanto a nivel país como Santa Fe.
Que Angelini esté enrolado en una línea interna distinta que Scaglia, una dirigenta del larretismo, y que encima Bullrich y su subordinado en Seguridad estén en el marco de una soterrada disputa interna con el mismísimo fundador del partido, Mauricio Macri, no es una buena noticia para la definición de la ayuda a desplegar en Rosario.
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El agravamiento de la crisis y el corrimiento discursivo y empírico de las políticas de seguridad hacia la extrema derecha hace parecer al entonces secretario de Seguridad nacional Sergio Berni, que aquellos días de abril de 2014 llegó a Rosario con tres mil efectivos, como una tímida paloma progresista.
En debate ya está la intención oficialista de modificar la ley de Seguridad Interior para permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en la cuestión narco, que ya desde hace meses se enuncia como narcoterrorismo, antes de que todo estallara en Rosario esta semana con los atentados contra trabajadores.
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Por lo pronto, como inauguró el gobierno nacional anterior, llegarán efectivos del Ejército, se asegura, sólo para colaborar con cuestiones logísticas. Habrá que ver, pero mientras tanto Bullrich ya anunció que pedirá la aplicación de la ley Antiterrorista para casos como los ocurridos esta semana en Rosario, que desde 2011 permite la duplicación de penas “cuando los delitos previstos en este Código hubieren sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
La mirada de Nación
“Lo primero que tenemos como objetivo es bajar la violencia y los homicidios dolosos para después tener mayor capacidad de prevención de delitos comunes”, reconoció Angelini a Radio Dos, en el final de una semana cargada de tensión por los ataques mafiosos contra trabajadores del volante, que terminaron con los homicidios de dos taxistas en sendos episodios, calcados, y la balacera contra un chofer de la línea K que sigue internado grave.
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Angelini especificó que, hasta esta semana, la presencia de fuerzas federales estaba concentrada en Empalme Graneros, Ludueña (zona noroeste) y Villa Manuelita y Tablada (zona sur), dos de los ocho sectores en los que está dividida Rosario a los fines del comando conjunto que aplica las políticas de seguridad en el territorio.
Ahora, las fuerzas federales “tendrán más zonas” con “toda la logística posible” en colaboración con vehículos utilitarios de las Fuerzas Armadas: camiones, camiones y hasta helicópteros.
El desembarco, dijo Angelini, se dará progresivamente a partir del próximo lunes. Las zonas a intervenir “están por definirse”. Y tal como aseguró serán las “máximo conflicto”.
Todo estará supeditado a “cuestiones logísticas” y en cómo se abordará la “sábana corta”, describió a la radio mencionada.
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Angelini admitió que actualmente en la ciudad las fuerzas federales “tienen un déficit muy grande” y que la logística aportada por el Ejército va a ayudar a tener “mejor presencia y mayor dinamismo en el desplazamiento”.
“No vinimos a hacer un show. No estamos en Córdoba y Corrientes haciendo operativos para que la gente nos vea, estamos metidos en los pasillos de Empalme Graneros y Ludueña, en Villa Manuelita, que son las calles de mayor conflicto, ahí muchas veces están los asesinatos”, dijo.
Todo es historia
Los desembarcos federales en la ciudad siempre estuvieron asociados con el alza de los homicidios. Cuando el reclamo popular pide acción y el Estado provincial se queda sin respuestas llegan los federales, no importa de qué color político sea la gestión, tanto allá como acá. La excepción que confirma la regla es este 2024, cuando la tasa bajó abruptamente pero los atentados contra trabajadores en la vía pública en medio de la disputa de la gestión Pullaro con los “presos de alto perfil”, imágenes “a lo Bukele” de por medio, hicieron subir la tensión.
El primer desembarco fue en abril de 2014. La suma de homicidios llegó a 264 en el departamento Rosario en 2013 y buscaron ayuda en la Nación. Unos meses después llegaron tres mil efectivos de las fuerzas federales. La presencia de los gendarmes en los barrios tranquilizó a los vecinos, aunque rápido vinieron los abusos. El descontrol y la falta de políticas de seguridad transformaron esta medida en un manotazo de ahogado. Sin embargo los homicidios bajaron en forma paulatina hasta llegar a 138 en 2019.
Pero el verano de 2020, apenas asumida la gestión de Alberto Fernández, fue complejo. Fueron 17 homicidios en los primeros 15 días de enero, cifra que se utilizó para dar cuenta al año siguiente de un verano más tranquilo. Y en marzo de 2021 hubo renovadas balaceras, con cinco muertos y varios heridos entre los que figuraba un abogado: se volvió a armar revuelo y se anunció la llegada de 300 federales a Rosario, con la misión de quedarse en el centro y que la Policía provincial fuera a los barrios.
En el medio, septiembre de 2020, llegó la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI), una tanqueta blindada china que se usó en la reunión del G-20 en Buenos Aires, otros cinco vehículos y un puñado de efectivos que se vieron por la costa central de la ciudad.
Volvió a agravarse la situación en septiembre de 2021, con 17 asesinatos en 15 días, justo en medio de un tenso clima electoral en el que, además, Nación y provincia jugaron sus fichas en listas diferentes. Dijo la entonces ministra Sabina Frederic: “Con el despliegue en estos días de 160 efectivos más, se duplicó la cantidad de fuerzas federales que había: la mayor parte de las cuales están concentradas en la ciudad de Rosario”. Y fue tajante en su análisis: “Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son 4 mil prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizar los recursos humanos, que son escasos”.
Hubo un nuevo espasmo en marzo de 2022, luego de que el gobernador reprochara la ausencia de apoyo federal para abordar la inseguridad. Perotti y Javkin viajaron juntos a Buenos Aires, se reunieron con el presidente, y anunciaron la llegada de 300 efectivos y la creación de un comando unificado. “Son 300 los que están llegando en forma fija. Hay un tema de números y cantidad de efectivos federales pero también un tema operativo”, sostuvo Perotti. En rigor ese número de tres centenares recién se completó en diciembre de 2022, cuando el propio Aníbal vino a Rosario, completó los mil federales y, como es su costumbre, echó nafta al fuego: ”En Santa Fe hay violencia hace 20 años, y deberían haberla resuelto sin fuerzas federales”.
Un año más tarde ocurrió algo similar. A nueve meses de que Alberto Fernández terminara su mandato, la llegada de 400 federales, para completar 1.400, siempre según las cifras oficiales, se dio recién después de que Rosario rompiera su récord de homicidios dolosos, 289 en 2022, y que acumulara 64 crímenes en lo que iba entonces de 2023, casi uno por día. Pero también luego de una balacera en la que no hubo sangre, los plomos contra la fachada del súper Único del suegro de Lionel Messi, y a tres días de que una pueblada en Empalme Graneros a raíz del asesinato de un niño se televisara en directo durante varias horas por los canales de televisión porteños.
Berni y Bullrich
El 8 de abril de 2014 se realizó “el operativo más grande de la historia Argentina”. La frase era repetida por funcionarios tanto del Ministerio de Seguridad, comandados por Berni, como de la Procuraduría de Narcocriminalidad, quienes ese día llegaron en Rosario junto a tres mil agentes federales, seis helicópteros y un avión, para ocupar los barrios más calientes de la ciudad, donde el narcotráfico muestra su rostro más duro y más violento.
En ese momento se registraba un homicidio por día y los cuestionamientos hacia la Policía de Santa Fe eran constantes. La llegada de los federales se leyó como una ocupación del territorio que se había dejado abandonado y que fueron tomando los traficantes de drogas.
En mayo de 2015, otra vez llegaron los gendarmes. Eran 2.500 los efectivos de fuerzas federales que llegaron a la provincia, y casi la mitad de ellos, 1.200, se quedaban asentados en Rosario. La estadía prevista era de cuatro meses, período en el que el gobierno provincial debía completar la capacitación de nuevas camadas de la Policía provincial para ir reemplazándolos en el territorio.
Después, con el tiempo, las fuerzas federales habían regresado a reforzar la provincia de Buenos Aires mientras los homicidios comenzaban a bajar en el departamento Rosario. Es que en 2013 se registraron 264 muertes violentas, y en 2014, 234. Un año después, en 2015, los crímenes violentos sumaban 199 y en 2016 habían bajado a 158. Y 2017 terminó con 162 homicidios, 2018 con 198 y 2019 con 138. En 2020 fueron 212.
En septiembre de 2016, cuando dos masivas movilizaciones conocidas como Rosario Sangra reclamaban seguridad, el gobierno nacional recibió al gobernador Miguel Lifschitz y se produjo el tercer desembarco, ya en la gestión Cambiemos. El acuerdo de “colaboración estratégica” firmado con la provincia de Santa Fe para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos derivados de esa problemática, determinó la llegada de fuerzas federales a la ciudad.
En mayo de 2018, precedido por la polémica sobre quién debía pagar por el alojamiento y la estancia de los federales en territorio santafesino, otra vez de la mano de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich llegaron en el cuarto desembarco cerca de 800 efectivos en la provincia de Santa Fe, aunque hasta el final de su gestión la funcionaria macrista dijo que había tres mil.
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