El siniestro en el laboratorio Apolo (Alem 2900) se produjo por presión de vapor en una de las dos calderas de la fábrica de productos medicinales. A esa conclusión llegaron las pericias de los Bomberos Zapadores, que concluyeron de esta manera que en la madrugada del último lunes el artefacto no explotó sino que en realidad salió despedido.
Esta conclusión fue entregada ayer a la Fiscalía, que investiga el caso en el que resultaron heridas cinco personas y fueron afectadas diez viviendas linderas. Los investigadores todavía están lejos de conocer lo ocurrido. Por eso, recolectaron las filmaciones de seis cámaras de video que funcionaban en la planta. En tanto, ayer fueron a declarar a Fiscalía vecinos y aportaron datos de cómo funcionaba la fábrica instalada en 1997.
También concurrieron al edificio del Ministerio Público de la Acusación dos representantes de la empresa (un abogado y el jefe de personal), quienes se pusieron a disposición de la Justicia. Si bien el municipio informó que Apolo estaba habilitado, los fiscales aún no recibieron la documentación para probarlo.
Análisis
A cuatro días del estallido del laboratorio en la zona sur, la Fiscalía informó que ayer por la mañana el abogado Damián Escudero, representante legal de la sociedad anónima vinculada a la firma Apolo, se presentó para ponerse a disposición de los investigadores.
Lo mismo hizo el jefe de personal de la empresa, Marcelo Ferré, a quien le pidieron la nómina completa del personal. Por lo que pudieron conocer los investigadores, al momento del siniestro, esto es, en el turno noche, debían haber estado trabajando hasta unas 25 personas.
También por la mañana la Fiscalía tomó declaraciones a vecinos de la zona.
Fuentes judiciales revelaron que la causa del estallido que hirió a cinco personas, entre ellas un chofer de 62 años que resultó con el 50 por ciento del cuerpo quemado y vivía en una casa pegada al laboratorio, no fue una explosión de una caldera.
El más chico de esos equipos, utilizado en el proceso de fabricación de suero fisiológico, principal producto producido en el lugar, salió despedida por la presión del vapor. El equipo tenía un tablero de control que los investigadores todavía buscan. Sí pudieron reunir distintos elementos que ayudarán a los ingenieros de Defensa Civil, encargada de la pericia definitiva. Entre otros, el tablero de la caldera más grande y los discos rígidos de seis cámaras internas cuyas imágenes intentarán analizar.
Cabe recordar que las calderas, como refirió el subsecretario de Control y Convivencia, Guillermo Turrín, necesitan de la inscripción ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Apolo tiene las dos calderas inscriptas. Siempre según fuentes del municipio, la empresa cuenta con un informe expedido por un gasista matriculado y visado por Litoral Gas que certificó que andaban correctamente.
Ex proveedor
El municipio compró durante años el suero de Apolo pero la última transacción fue en 2005. Desde la Secretaría de Control confirmaron que se realizaron 20 inspecciones en 18 años de funcionamiento de la empresa. Apolo estaba habilitada y en proceso de renovación, agregaron mismas fuentes.
Sobre Apolo también pesaba un pedido de quiebra por pedido de un acreedor que no se pudo dar porque uno de los apoderados de la firma canceló la deuda. La jueza del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 1ª Nominación, María Andrea Mondelli, quien declaró hace un mes la quiebra dispuso que se hiciera lo mismo con el resto de los 10 acreedores. El abogado de la firma, Damián Escudero dijo a El Ciudadano que la quiebra se levantó.
El Concejo encargó un estudio pormenorizado sobre la firma
En el marco de un fuerte cruce entre ediles del oficialismo y de la oposición, el Concejo Municipal aprobó ayer un extenso pedido de informes sobre la situación del laboratorio Apolo previa al siniestro que dejó cinco heridos, uno de ellos de suma gravedad.
El decreto establece que el Ejecutivo municipal deberá informar “en un plazo que no exceda los 15 días” el rubro bajo el cual estaba habilitada la firma, la fecha en la cual se habilitó “y si cambió de rubro desde su primera habilitación” hasta el momento del siniestro. También, si el uso habílitado era “el que realmente se desarrollaba” en la propiedad de calle Alem al 2900.
También preguntan los concejales –y fue uno de los puntos que aumentaron la temperatura de la sesión– si el laboratorio “fue clausurado por el municipio durante el período 2004/2016 y en su caso, remita las actas correspondientes, número de causas, datos del responsable del establecimiento, fecha de la comprobación y/o relevamiento del comercio, observaciones, conducta presunta e infracciones registradas”. La polémica se disparó cuando la concejala socialista Verónica Irízar sostuvo que al momento del siniestro no estaba clausurado, pero el radical Jorge Boasso replicó con fechas y texto de actas de seis clausuras y cinco violaciones de esas clausuras.
Por ello, en el texto aprobado también se piden precisiones que confirmen o descarten una o más clausuras y, si existieron qué control se hizo de su cumplimiento “indicando comprobación de violaciones de clausura y actuaciones realizadas por el municipio” en cada caso.
También se piden precisiones sobre las instalaciones, y si cumplían con el Reglamento de Edificación –precisamente por el funcionamiento de calderas en el lugar como la que despegó– con precisión de cantidad de equipos y su registro, entre otros datos que comienzan con los planos aprobados y la habilitación original de Apolo.
Como “información complementaria”, se piden las actuaciones en el marco de la ordenanza de Control de Precursores Químicos, y constancia de los documentos presentados ante la Municipalidad que correspondan a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica y la Dirección de Farmacia y Bioquímica de la provincia.
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